Uruguay: acuerdan “avanzar” en un proyecto para reformar la ley que regula la prostitución
El Frente Amplio redactó el proyecto de ley que, de todas formas, genera matices en los demás partidos políticos.
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Joaquín Silva
Lo normal en el Parlamento es que oficialismo y oposición tengan más discrepancias que acuerdos, pero en algunos temas hay excepciones, aunque solo sea en la dirección en la que hay que legislar o el tipo de problemas que pueden ser solucionados con nuevas regulaciones.
No son muchos los casos, pero algo así está ocurriendo hoy en la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde desde hace tiempo discuten la viabilidad de un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para regular -más aún- la prostitución, con el fin -entre varios otros- de proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación y la trata de personas.
Y aunque persisten dudas sobre la redacción del texto a discusión, en lo que sí hay una expresa determinación es en “avanzar” en un proyecto que buscará una mayor regulación que la que hoy ofrece la norma vigente desde hace 20 años, según coincidieron legisladores de todos los partidos que participan en esta comisión.
”Tenemos coincidencias en avanzar sobre este tema para proteger a todas las mujeres que se dedican a esta actividad”, resumió a El País el diputado frenteamplista Felipe Carballo.
“La voluntad está en todos los partidos”, acotó por su parte la diputada colorada María Eugenia Roselló, que además resaltó la importancia de lograr “un marco legal que proteja los derechos laborales más básicos, como licencias reglamentarias y por enfermedad”.
En la última sesión de esta comisión, que tuvo lugar el pasado 18 de mayo, el representante nacionalista Pedro Jisdonian fue otra voz más que manifestó que no tenía ninguna duda de que “este proyecto va a salir con el consenso de todos los partidos”. “No debemos politizar un tema tan sensible como es la salud de estas mujeres ni una situación aberrante, que me parece que no debe ser vista desde el punto de vista político partidario, sino que el Uruguay entero se merece tratar esta problemática”, dijo el legislador, según consta en la versión taquigráfica.
Esto no quita, está claro, que ya esté todo el camino allanado, algo en lo que también hay acuerdo partidario. O sea: acuerdo en las falencias que tiene la iniciativa frenteamplista que busca transformarse en una ley más completa y que aborde, por ejemplo, la vulnerabilidad de mujeres “que viven en whiskerías con sus propios hijos y que a la semana de dar a luz están trabajando de nuevo porque si no las echan y y pierden todos sus bienes”, sintetizó Roselló.
Las críticas
La mayoría de las observaciones apuntan a contradicciones, lagunas jurídicas o indefiniciones. “Se pueden hacer leyes muy lindas desde lo sintáctico, pero si no se pueden aplicar, no sirven para nada. Me parece que en eso tenemos que hacer hincapié”, advirtió, en ese sentido, Jisdonian a los legisladores.
Uno de los que se mostró más críticos fue el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano, que entiende que el texto no resuelve la paradoja de regularizar “la parte laboral sin perder el eje de debilitar la explotación sexual”, ya que si se legisla bajo el entendido de que esta tarea sea “un trabajo más”, lo que habrá como consecuencia es que la explotación se tome “como algo común”. Por otro lado, el cabildante -que aclaró que comparte “el espíritu” del proyecto- dijo que también le preocupa que la fiscalización de la actividad quede en manos del Ministerio de Trabajo y no ya en la cartera de seguridad, porque la primera secretaría “no tiene personas para salir a controlar”.
Otras críticas llegaron de una delegación de la asociación civil CasAbierta, que trabaja de cerca con víctimas de explotación sexual y que aportó su visión al respecto a los diputados.
El abogado Esteban Cohelo, por citar uno de los comentarios de esta organización, cuestionó “la ausencia de la regulación de la clientela, es decir de los usuarios”, y que el articulado tampoco contenga “un pronunciamiento preciso respecto de la figura de empleados”. “La tercera es la ausencia de la regulación de la relación laboral y la cuarta (ausencia) es la dificultad creada con el delito a partir de la denominación de relación de trabajo”, advirtió Cohelo.
Lo que señala el texto que se discute
El proyecto sobre el cual discuten los diputados consta de 24 artículos y propone agregados o modificaciones a la ley 17.515 promulgada en julio de 2002.
Así, la iniciativa define a los trabajadores sexuales como aquellas “personas mayores de diecinueve años de edad plenamente capaces, que en forma voluntaria y habitual ofrecen servicios sexuales”, y se señala expresamente que “la explotación sexual y la trata de personas con motivos sexuales no es considerado trabajo sexual”.
También se explicita que quienes ejerzan “el trabajo sexual de acuerdo a las normas establecidas en la ley, no serán pasibles de detención” por la Policía, y que además deberán contar con un “carné habilitante” que tendrá que incluir nombre, fecha de nacimiento, fotografía, número de cédula, constancia de carné de salud, sello del organismo que lo expida y “nombre con el que desea ser conocido o conocida”. Y, entre otras cosas, se faculta al Ministerio de Trabajo a “inspeccionar los locales” donde se ejerza la actividad.
Por Joaquín Silva
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