“Una máquina de terror, persecución y muerte”: cómo fue el alarmante aumento de la represión en Venezuela después de las elecciones

“Si te quedás en Venezuela, tus hijos van a morir”. Ese fue el ultimátum que obligó a Andrea Amaral a escapar en 2011. Seis meses antes, había sido secuestrada, torturada, y amenazada: tenía los días contados para dejar toda su vida atrás. Juntó lo que tenía y se exilió en la Argentina. Creía que el terror había quedado en el pasado, pero 13 años después y a más de 5000 kilómetros de distancia, una llamada reavivó el miedo: su hermano lleva seis meses detenido bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Fui haciendo todo en silencio, como una hormiga, tal como me dijeron una vez: todo callado, porque esta gente te observa. Dejé de involucrarme en cualquier movimiento y me desaparecí”, dice Amaral a LA NACION. “Pero ahora la cosa volvió y en una escala mayor. Están más desatados y actúan con más furia. Es como si ya no les importara nada, como si se hubieran quitado las máscaras”.

Persecuciones, amenazas y detenciones arbitrarias son algunos de los métodos que el chavismo utilizó durante décadas para sofocar la disidencia en Venezuela, con picos durante las protestas masivas de 2014, 2017 y 2019. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el aparato represivo del Estado se intensificó y evolucionó en el último mes, alcanzando un punto crítico después las elecciones del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro ganador con el 52% de los votos sin presentar las actas. La oposición, liderada por María Corina Machado, denunció un fraude masivo y presentó las actas que reunió gracias a un amplio despliegue de fiscales y que, según afirman, demuestran que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con el 67%.

La falta de transparencia del CNE provocó una ola de indignación y llevó a miles de personas a las calles para exigir justicia. Las manifestaciones -primero espontáneas y luego convocadas por la oposición- fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, una violencia que quedó registrada en videos, denuncias de ONGs, testimonios de civiles y números alarmantes: 23 muertos y 1581 detenciones arbitrarias en apenas cuatro días de protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, actualizó el balance total de víctimas a 27.

“La maquinaria represiva del gobierno bolivariano se reactivó con más fuerza; intensificó el hostigamiento y la persecución contra cualquier persona que el gobierno considere opositora, especialmente en las zonas más pobres”, explicó a LA NACION Patricia Tappatá, experta de la Misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Venezuela.

Desapariciones, detenciones y asesinatos

El “múltiple y complejo” aparato represivo de Venezuela está compuesto por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de la cual depende la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), activa en la represión de protestas, e incluye también a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dos servicios de inteligencia: la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), todos bajo el mando del presidente.

Manuel Cristopher Figuera fue director del Sebin entre el 30 de octubre de 2018 y el 30 de abril de 2019 y describe el funcionamiento interno del aparato represivo como “una máquina de terror persecución y muerte, cuyos jefes están al servicio de Nicolás Maduro, que emplean todos los recursos, medios y capacidades de ese y otros organismos para mantenerlo en el poder a cualquier costo”.

Según dice a LA NACION, el organismo “ha evolucionado a pasos agigantados”, llegando a extremos como encarcelar periodistas, cerrar cientos de medios, bloquear redes sociales, secuestrar y asesinar a personas por pensar diferente. “No se trata solo de disidentes políticos; han llevado a prisión a menores de edad, personas con condiciones especiales y familiares de activistas, quienes no tienen relación alguna con las protestas”, agrega.

La ONG venezolana Foro Penal contabiliza 1780 detenidos por motivos políticos en el último año y 17.000 en la última década. En las protestas post-electorales de este año, el gobierno afirmó haber arrestado a 2400 personas, aunque el Foro Penal slo identificó a 1581, lo que sugiere que podría haber cientos de desaparecidos. Entre los detenidos hay 114 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad, 156 militares y 230 mujeres, según la organización.

Según Figuera, otros actores cruciales son los famosos “colectivos”, las fuerzas paramilitares antes encargados de reprimir a la ciudadanía para eludir la responsabilidad del Estado y que ahora actúan junto a los organismos de seguridad, que los entrenan y equipan. Funcionan como muros de contención, avanzadas o incluso como ejecutores de crímenes. De hecho, el informe de Provea señala que estos grupos fueron responsables de por lo menos siete muertes en las protestas del último mes.

Bajo la llamada “Operación Tun-Tun”, las fuerzas de seguridad y paramilitares identifican y capturan a quienes consideran amenazas en medio de la alta tensión tras las elecciones. Utilizan informantes y marcan las casas de los opositores para que queden señalados. Lo que sigue es una cadena de secuestros, torturas y, en algunos casos, asesinatos encubiertos como muertes accidentales o enfrentamientos.

Persecución judicial a líderes políticos

Según la experta de la ONU, la persecución judicial contra líderes políticos se convirtió en una herramienta clave del régimen, que usa el sistema judicial para encarcelar opositores bajo cargos fabricados. Edmundo González es el último blanco, que enfrenta un proceso impulsado por el Tribunal Supremo de Justicia por “usurpación de funciones” por la publicación de datos electorales en un sitio web de la oposición.

“El sistema de justicia ha abdicado de sus funciones de proteger a los ciudadanos y más bien han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias y demás actuaciones ilegales privando a las personas del ejercicio de sus derechos”, explica.

El secuestro de líderes opositores también aumentó, con casos como los de Freddy Superlano y Perkins Rocha, cercanos a Machado, ambos interceptados sin órdenes judiciales y llevados a lugares desconocidos. Además, Figuera señala que la designación de Diosdado Cabello al Ministerio de Interior y Justicia refuerza el ala más dura del chavismo, con control sobre los “colectivos” y la capacidad de ampliar sus filas.

La persecución se extiende también al ámbito privado. Carlos Perlaza trabajaba en Farmatodo, una de las cadenas de farmacias más grandes del país. En 2017, en medio de una ola de expropiaciones y ataques a empresas privadas, el gobierno arrestó a los directivos de la compañía, acusándolos sin pruebas de boicotear la gestión oficial.

“Creías que en una oficina privada estabas a salvo, pero ver al presidente de la empresa encarcelado sin pruebas te hacía pensar que cualquiera de nosotros podría ser el siguiente” cuenta a LA NACION.

Como opositor activo que asistía a las marchas contra el gobierno, Carlos sintió que el riesgo aumentaba cada día y decidió unirse a la diáspora venezolana. Hoy es uno de los 220.000 venezolanos que viven en la Argentina. “La represión no es sólo física, es psicológica. Sientes que te pueden atrapar en cualquier momento porque consideran que tus acciones afectan al gobierno y ahora más que nunca: ya no disimulan la persecución; lo hacen abiertamente y sin consecuencias”, admite.

Detención de periodistas y amenazas a influencers en el exterior

Biagio Pilieri es uno de los doce periodistas secuestrados desde el 28 de julio, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Tras la última protesta el miércoles pasado, Pilieri conducía por Caracas con su hijo y otros periodistas cuando notó que dos camionetas y tres motos los seguían. “Nos vienen siguiendo desde hace 20 minutos”, dijo en un video grabado, poco antes de que su última ubicación lo señalara en el temido centro de detención El Helicoide.

“Como periodista, la represión se siente a diario”, cuenta un joven periodista venezolano a LA NACION, quien prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad. Explica que acceder a plataformas esenciales para su trabajo, como la red social X, es imposible sin un VPN activo, luego de que Maduro ordenara bloquear la red social tras las elecciones.

Además, el medio en el que trabaja también fue bloqueado. Este año, el gobierno bloqueó 61 medios venezolanos y otros internacionales como The Wall Street Journal, La República (Perú), NTN24 (Colombia) y CNN en español, según VE sin Filtro.

Las amenazas del régimen cruzan las fronteras para atacar a artistas, deportistas e influencers que critican al gobierno desde el exterior. Uno de los casos más notorios fue el de Lele Pons, quien recibió ataques de Maduro tras manifestarse a favor de María Corina Machado. El presidente la acusó, junto a otros artistas, de ser parte de una “campaña de difamación” y advirtió con dureza: “Decídanse si quieren seguir haciendo sus carreras, en primer lugar, con sus familias en Venezuela”.

Anulación de pasaportes

Dentro del menú de represión del gobierno de Maduro, otra táctica que cobró fuerza el último mes es la anulación de pasaportes para restringir la movilidad de opositores o periodistas.

Aunque todavía no hay cifras exactas, la asociación civil Espacio Público dice haber documentado al menos 16 casos en las últimas semanas, según dijo su director a CNN. Por su parte, la CIDH denunció esta semana “cientos” de pasaportes anulados.

“La anulación de pasaportes y otras formas de hostigamiento afecta tanto a quienes están dentro como a los que estamos afuera”, señala Adriana Flores Márquez, jefa del comando ConVZLA en la Argentina y una de los casi ocho millones de venezolanos en el exterior.

De hecho, varios venezolanos consultados por LA NACION expresaron su temor a hablar públicamente ya que podrían enfrentar la anulación de sus pasaportes como represalia. “El miedo nos invade a todos. Pero hemos decidido no abandonar la lucha. No estamos dispuestos a condenar nuestras vidas a vivir bajo represión”, agrega Márquez, quien remarca que esta vez la maquinaria represiva del régimen se extiende mucho más allá de las fronteras de Venezuela.

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