Una huelga de hambre en 50 prisiones de Venezuela pone bajo presión al chavismo

MEDELLÍN.- La crisis nunca vista en las prisiones venezolanas se ha llevado por delante a la vicealmirante Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios. “Designé como nuevo ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a Julio García Zerpa para continuar impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos humanos. Agradezco a la vicealmirante Bautista su importante labor al frente del Ministerio”, anunció este martes el presidente Nicolás Maduro en sus redes sociales, dos días después de que comenzara una huelga de hambre de presos en medio centenar de centros de reclusión.

Un hecho inédito: las revoluciones no suelen reaccionar a protestas o errores políticos hasta pasado un tiempo y siempre bajo protocolos para no reconocer su culpabilidad.

En esta ocasión, más que sobrar los motivos, estos se multiplican. Por lo menos 19 cárceles, incluidos cuatro anexos femeninos, y más de 30 calabozos policiales se han sumado a la protesta nacional ante el retardo judicial, que impide incluso la liberación de presos que ya cumplieron su condena, y el hacinamiento, hambre, violencia, falta de servicios básicos y corrupción generalizada entre los funcionarios.

En total, según los datos aportados por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), son más de 50.000 los presos que se han unido a la huelga de hambre, una cifra que no ha sido corroborada oficialmente.

“Expresamos y levantamos nuestro apoyo a la lucha pacífica en la que nos encontramos todos los privados de libertad en nuestro país”, señaló el vocero de los reclusos de la cárcel de caraqueña de La Yaguara, la penúltima en sumarse a la iniciativa.

Encapuchado y enmascarado, el joven leyó ante sus compañeros, que lo grabaron en video, el comunicado por el que se certificaba que la principal lucha es para que se conceda la libertad “de todos los presos que ya han cumplido el 50% de la pena y alcanzado con las redenciones de trabajo y estudio el 75% de la misma”.

El OVP confirmó que entre las cárceles que se sumaron a la protesta se encuentran el Centro de Formación para el Hombre Nuevo Libertador (Carabobo), el Centro Penitenciario de Occidente (Táchira), el Rodeo 3 (Miranda) y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Miranda), entre otras.

“¡Ya basta de mentiras y engaños! Tomen en cuenta que no levantaremos esta huelga hasta no recibir respuesta. También pedimos que permitan el ingreso de alimentos para los niños como regreso consagrado en nuestra Constitución. Estamos unidos a nivel nacional penales y calabozos en una sola voz: ¡libertad!”, exclamó ayer la vocera de las presas de la cárcel femenina del Inof, cerca de Caracas. Aseguran que no cederán hasta recibir respuestas en un centro que, según el OVP, sufre un hacinamiento del 186%, “un cementerio de mujeres vivas”.

Campaña electoral

La crisis carcelaria estalló en el peor momento para Maduro, al frente de una campaña electoral cuesta arriba de cara a los comicios del 28 de julio próximo. Lo que empezó siendo una de tantas protestas en la Venezuela semiderruida por el fracaso revolucionario corrió como la pólvora desde el domingo hasta generalizarse entres los presos venezolanos. Miles de presos comunes se unieron a las protesta. También hay presos políticos en los recintos que permanecen en huelga.

Al margen de las condiciones infrahumanas en las que viven los presos, la principal queja es el retardo judicial. Los presos exigen que se respeten las leyes y que se concedan las reducciones de pena por trabajo y estudios. Según el OVP, la propia crisis voraz que sufre el país petrolero afecta directamente a los casos judiciales, ya que la falta de transporte y gasolina impide los traslados a los juicios. Y una vez en los tribunales o no comparecen los jueces y fiscales, o los apagones y la falta de recursos y servicios impiden las vistas.

“Yo estoy penado diez años y pagué diez años y nueve meses, 3978 días de mi vida. Ya cumplí mi sentencia y sigo preso. ¿Dónde se cumple la ley en mí?”, escribió uno de los presos de la cárcel de Guárico, en un cartel.

“¿Quién hace valer mis derechos?”, se quejó otro preso condenado a 7 años y que lleva siete años y cinco meses sin contar redenciones, según los testimonios hechos públicos por la ong Ventana a la Libertad.

La lista de los inconvenientes con los que se enfrentan a diario los presos airean la quiebra a la que ha llevado la revolución al estado venezolano: muchos presos están en cárceles alejadas de sus hogares y cuando llega la hora de su traslado a tribunales las autoridades no lo hacen por falta de transporte y gasolina, a lo que se añade falta de luz en los tribunales, escasez de recursos materiales, la ausencia de fiscales y de los mismos jueces.

“Hay casos en los que los presos tienen hasta 40 diferimientos en dos años o interrupciones de juicio”, concretó el Observatorio.

“El sistema penitenciario enfrenta una profunda crisis caracterizada por la violación de garantías judiciales y la desidia en la administración de justicia. Los presos, muchos de los cuales ni siquiera tienen una sentencia firme, libran una batalla constante en un entorno marcado por la violación sistemática de sus derechos humanos”, resumió el Observatorio, que define las cárceles venezolanas como “infiernos en la tierra” y “universidades del delito”.

Otra ONG, Ventana a la Libertad, certificó este martes la primera víctima mortal durante la protesta en la Comunidad Penitenciaria Fénix, el noveno muerto en lo que va de año en el estado de Lara, en el centro del país. La víctima es Mario Antonio Boza, de 65 años, que padecía tuberculosis, desnutrición y una hernia.

Al ser caraqueño, sus familiares no tenían medios para viajar hasta Barquisimeto, por lo que el enfermo estaba prácticamente desahuciado: ni siquiera su familia podía alimentarle. Sus compañeros de presidio fueron los que más insistieron, sin éxito, por su salud.

El traslado a las ciudades de origen es otra de las demandas de los presos, ya que pese a estar incluido en las leyes penitenciarias, en la actualidad se incumple. Incluso el año pasado se multiplicaron los traslados a otras cárceles alejadas de los lugares de origen.

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