Una guerra entre cocaleros convulsiona el clima político en Bolivia

LA PAZ.- Entre dinamita y gases lacrimógenos, cientos de productores de coca doblegaron a la policía y tomaron este lunes el control del principal mercado mayorista de la hoja de coca en Bolivia, tras varias semanas de violento conflicto en la capital boliviana.

Al grito de “¡Los Yungas unidos, jamás serán vencidos!” y de “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”, los campesinos ingresaron al mercado que comercializa coca de manera legal, en el barrio de Villa Fátima, puerta de ingreso a los valles subandinos de Yungas, donde se siembra coca desde antes del imperio incaico.

En su mayoría opositores al gobierno del presidente socialista Luis Arce, cientos de productores habían sido desalojados el 20 de septiembre del predio que es también sede de la asociación regional de cocaleros, Adepcoca, por un grupo rival afín a las autoridades.

“A la madrugada, el gobierno nos ha quitado la casa de Adepcoca. Nosotros estábamos ahí adentro, durmiendo. Ahí nos han atacado”, dijo la cocalera Irene Mamani, de 54 años, sobre el día del desalojo. Tres días después, se desató un conflicto con decenas de detenidos y heridos. Es el último episodio de una larga disputa por el control del mercado que ya dejó al menos siete muertos en casi cinco años.

El lugar en pugna es un edificio de cinco plantas donde cientos de productores de la región cocalera de los Yungas, a unos 150 kilómetros de La Paz, llegan en transporte colectivo todos los días con bolsones de casi 50 kilos de cosecha que venden a comerciantes minoristas.

Luego de un diálogo fallido con el vicepresidente del país, David Choquehuanca, los cocaleros desalojados se lanzaron a tratar de ocupar el mercado por la fuerza. Todos los días, campesinas desconsoladas rogaban a la policía que las dejaran entrar al edificio para retirar sus sacos de coca y reclamando que no tenían dónde dormir en la ciudad.

Es común que los productores duerman dentro del mercado durante su estadía en La Paz. “Cuando venimos, descansamos ahí y luego vamos a comprar algo. Volvemos y nos tendemos nuestro colchón, nuestra camita. Cuando llegamos, es como nuestra casa”, explicó Eva Mamani, de 42 años.

Furiosos por no poder pasar el cerco policial, los manifestantes redoblaron el intento lanzando explosivos caseros desde la multitud, mientras los uniformados replican con gases lacrimógenos.

Unos 48.000 kilos de coca se venden cada día en el predio, verde por dentro y por fuera, que antes albergaba el colegio de monjas Ave María y ahora huele, como la coca, a paja húmeda. Por ese edificio pasa el 90% del comercio legal de la hoja: 173 millones de dólares anuales a diez dólares por kilo, el precio promedio legal en 2020.

Adepcoca, el gremio que reúne a 40.000 productores del departamento de La Paz, administra el mercado legal de coca, un estimulante natural que los andinos acostumbran a mascar en crudo. El negocio de uno de los principales cultivos del país movió entre 365 y 449 millones de dólares en 2020. Pero a la sombra funciona un negocio más grande, ya que la coca es materia prima de la cocaína.

Creada en 1983, Adepcoca surgió para hacer frente a supuestos abusos de agencias antidrogas y defender el uso tradicional de la planta, pero hoy está dividida entre quienes apoyan al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales (2006-2019), y sus críticos.

Pese a la relevancia del mercado, menos de la mitad de la coca producida en Bolivia se comercializó dentro de la ley el año pasado.

Tras el desalojo de septiembre, el gobierno respaldó el accionar policial y reconoció al dirigente Arnold Alanes, cercano al MAS, como presidente de los cocaleros paceños “ratificado en elecciones”. Pero miles de agricultores rechazan esos comicios argumentando que el mandato del directorio depuesto debía culminar en 2022, y acusan al gobierno de mezclarse en los asuntos de una organización privada.

“Nosotros desconocemos a ese grupo que está tomando nuestra Adepcoca; a ellos nadie les ha elegido”, sentenció la productora de coca Tomasa Medina. En respuesta a sus detractores, Alanes dijo estar dispuesto a realizar nuevas elecciones, asegurando que volverá a ganar.

El diferendo entre cocaleros de Yungas y el gobierno del MAS se remonta a 2017, con la aprobación de una ley que incluyó dentro del área cultivable a la región de Chapare, feudo sindical de Evo en el departamento de Cochabamba, y provocó el quiebre entre Adepcoca y el oficialismo.

Según datos oficiales, la mayoría de la coca de Yungas se vende en mercados legales, mientras que más del 90% de la producción de Chapare se vende por fuera de la ley.

Agencia AFP

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