Una ejecución encendió el debate sobre la pena capital

WASHINGTON.- Que un condenado a muerte muera de un ataque masivo al corazón, atado a la camilla donde se intentaba acabar con su vida, después de que se suspendiese su ejecución porque "algo no funciona" -como él mismo hizo notar a sus verdugos-, abrió un nuevo frente en la batalla legal que desde hace algunos años rodea las ejecuciones en Estados Unidos.

Clayton Lockett vivió durante 43 minutos después de que se le inyectase el primer fármaco de los tres que componen el protocolo para acabar con la vida de alguien mediante la inyección letal. El presidente Barack Obama aportó anteayer la opinión de la Casa Blanca y calificó la ejecución de Lockett de "inhumana".

Según los testigos presentes en la penitenciaría de McAlester (Oklahoma), Lockett sufrió brutales convulsiones y se retorció en la camilla mientras intentaba deshacerse de las ataduras. En su forcejeo, con la mandíbula tensada, el preso logró pronunciar varias palabras que indicaban que algo no marchaba como debía. "Fueron momentos de gran caos", declaró Dean Sanderford, uno de los abogados del reo.

El médico que supervisaba la ejecución vio en la pantalla que controla las pulsaciones del corazón que una de las tres líneas -cada una de ellas correspondiente a uno de los tres fármacos que se inyectan- se había vuelto muy errática y que la vena del preso había explotado.

Fue entonces cuando los responsables de la prisión decidieron cerrar las cortinas que cubren el cristal que separa la sala de ejecuciones de la habitación donde están los familiares del condenado, de la víctima, los abogados y la prensa. La única información que existe a partir de ese momento es que se paró la ejecución y que el preso moría en la camilla unos diez minutos más tarde de un ataque masivo al corazón, según informó Robert Patton, director del Departamento de Prisiones de Oklahoma.

La gobernadora del Estado, la republicana Mary Fallin, emitió un comunicado en el que afirmaba que "Lockett quedó inconsciente después de que se le administraron los fármacos correspondientes".

La esperpéntica ejecución y las dudas sobre lo sucedido hicieron que el Estado cancelara otra condena que debía de llevarse a cabo horas después y se aplazara por al menos durante 14 días, según Patton. "Fue una tortura", acertó a decir el abogado de Lockett. Adam Leathers, copresidente de la Coalición de Oklahoma para Abolir la Pena de Muerte, acusó al Estado de "haber torturado a un ser humano con un malvado experimento inconstitucional".

Si fallaron los fármacos o el procedimiento en sí puede que se sepa en los próximos días, pero lo que de momento vuelve a estar en la mesa de debate y en la presión de los grupos contrarios a la pena muerte es la brutalidad de un sistema arcaico que convierte a Estados Unidos en el único país de Occidente que mantiene en su ordenamiento jurídico la máxima pena. Junto a Arabia Saudita, China, Irán y Yemen, Estados Unidos es uno de los países que más personas somete a la máxima pena cada año.

La opinión pública estadounidense rechaza la pena de muerte como nunca antes en los últimos 40 años. Su probable inconstitucionalidad por violar la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe castigos crueles e inhumanos, puede que algún día devuelva el tema al Tribunal Supremo, que la reinstauró en 1976 tras quedar suspendida un tiempo.

En los últimos años, la pena de muerte sufrió algo que nunca fue contemplado cuando el doctor Jay Chapman inventó la inyección letal, ya que consideraba que se mataba a animales con "más humanidad que a las personas". A Chapman le repugnaban la silla eléctrica y la cámara de gas, y en un perverso acto de evolución inventó el famoso cóctel de tres fármacos. Lo que no pudo calcular es que su método sufriría un duro revés por algo tan básico como el desabastecimiento de uno o varios de los componentes.

En 2010, los centros penitenciarios de Estados Unidos se quedaron sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba en las penas capitales para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida (el bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos -excepto el corazón- y corta la respiración, y el cloruro de potasio, que detiene el corazón, provocando así la muerte).

Desde entonces, los 32 estados que todavía mantienen en sus códigos penales la pena de muerte experimentaron nuevos medicamentos con seres humanos, con resultados trágicos en la mayoría de los casos, que llevaron a paralizar las ejecuciones en varios estados, como es el caso de Oklahoma ahora y de California, Kentucky o Arizona previamente.

El País, SL

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