Un tabú se rompió en EE.UU. y ahora la democracia más antigua del mundo avanza por un camino desconocido

WASHINGTON.- Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente fue acusado de cargos penales. Vale la pena hacer una pausa para repetir eso: por primera vez en la historia un expresidente norteamericano fue acusado de un delito.

Ocurrieron tantas cosas impensables desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, en 2016, se cruzaron tantas líneas inviolables, tantos eventos inimaginables conmocionaron al mundo, que es fácil perder de vista cuán asombroso es este momento en particular.

A pesar de que a veces el foco está puesto en los detalles de mal gusto del caso, en su novedosa teoría legal o su impacto político, la mayor noticia es que este país incursiona en un camino que nunca antes había recorrido, lleno de profundas consecuencias para el estado de la democracia más antigua del mundo. Durante más de dos siglos, los presidentes estuvieron en un pedestal –incluso los envueltos en escándalos– y tuvieron inmunidad legal no solo mientras estaban en el cargo, sino también cuando lo dejaban.

Pero eso cambió. Ese tabú se rompió. Se sentó un nuevo precedente. ¿Desgarrará al país, como temían algunos sobre la posibilidad de enjuiciar a un expresidente después de Watergate? ¿Será visto por muchos, en el país y en el extranjero, como la justicia del vencedor que se aplica en los países en desarrollo cuando los líderes anteriores son encarcelados por sus sucesores? ¿O se convertirá en un momento de la verdad, una señal de que incluso alguien que fue la persona más poderosa del planeta no está por encima de la ley?

“Bien sea que la acusación esté justificada o no, cruza una línea enorme en la política y la historia legal estadounidenses”, dijo Jack L. Goldsmith, profesor de derecho de Harvard y alto funcionario del Departamento de Justicia durante la presidencia de George W. Bush.

Como si eso no fuera suficiente para sacudir los cimientos de la república, esta primera acusación podría no ser la última.

El hecho de que la acusación, sin precedente, implique algo tan indecoroso como pagar dinero para ocultar un encuentro sexual generó consternación, porque el acusado estuvo involucrado en eventos mucho más trascendentales, como tratar de anular una elección e inspirar un ataque contra el Capitolio.

Pero, si el tema es la rendición de cuentas, este caso podría volver a trazar las líneas y hacer que sea menos intimidante para los fiscales en Georgia y Washington formular acusaciones de delitos más graves si tienen evidencias, ya que no tendrán que lidiar con la carga de tener que justificar una acción que nunca se había hecho. Quizá el único presidente que ha enfrentado dos juicios políticos en el Congreso tendrá que lidiar con tantas acusaciones que los abogados necesitarán una tarjeta de puntuación para llevar la cuenta de los procesos legales.

Si bien la acusación de Trump lleva a Estados Unidos hacia aguas desconocidas, es posible que los autores de la Constitución se hubieran sorprendido de que haya tomado tanto tiempo. La política del Departamento de Justicia sostiene que los presidentes en funciones no pueden ser acusados, pero los constituyentes contemplaron explícitamente la posibilidad de que sean acusados después de dejar el cargo.

“La Constitución sugiere que, pase lo que pase con respecto a un juicio político mientras un presidente está en el cargo, aún puede ser responsable civil o penalmente después de que deje el cargo por su mala conducta durante su gestión”, dijo Michael J. Gerhardt, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Carolina del Norte.

En otras palabras, ningún expresidente estaba exento de responsabilidad penal.

“Mi opinión es que siempre que el caso que se presenta sea por un delito que no es inusual al momento de acusar, y cuando las pruebas son tan sólidas como normalmente deben ser –es decir, cuando se previene contra el problema del enjuiciamiento selectivo–, entonces es imperativo que hagamos que los políticos rindan cuentas independientemente del puesto que ocupen o hayan ocupado”, dijo Andrew Weissmann, adjunto de Robert S. Mueller III, el fiscal especial que investigó los vínculos de la campaña de Trump con Rusia.

Meena Bose, que es la decana ejecutiva de la Escuela de Gobierno Peter S. Kalikow de la Universidad de Hofstra y dirige un proyecto de historia presidencial, dijo que un país plagado de polarización y preocupaciones sobre la democracia sería más fuerte si hace responsables a sus líderes. “Un compromiso activo y continuo para garantizar que todos los funcionarios públicos respeten el Estado de Derecho es esencial para abordar esos desafíos”, dijo.

Consecuencias a largo plazo

Pero otros se preocupan por las consecuencias a largo plazo para la presidencia, sobre todo porque esta acusación la presenta un fiscal local en vez del Departamento de Justicia, lo que abre la puerta para que los fiscales de todo el país puedan encargarse de perseguir a un presidente.

En 2008, los votantes de dos pequeños pueblos del progresista estado de Vermont aprobaron resoluciones que acusaban a Bush y al vicepresidente Dick Cheney de “crímenes contra la Constitución” e instruyeron a los abogados de sus localidades para redactar acusaciones. Eso nunca trascendió, pero no es difícil imaginar a un fiscal local conservador tratando de acusar al presidente Biden de, por ejemplo, no proteger adecuadamente la frontera.

Goldsmith dijo que cualquier enjuiciamiento podría desgarrar la estructura del sistema. “Especialmente si esta acusación es seguida incluso por una acusación justificada del fiscal especial, veremos recriminaciones y represalias en el mediano plazo, todo en detrimento de nuestra salud política nacional”, dijo.

Los aliados de Trump calificaron el caso de Manhattan como político incluso antes de cualquier acusación y sin esperar a revisar la evidencia real. Lo que sea que Alvin Bragg, el fiscal de distrito, presentó fue irrelevante: para defender al presidente más reciente de su partido y al posible próximo candidato, declararon preventivamente que la acusación era ilegítima porque fue presentada por un demócrata.

El representante Mark Green, republicano por Tennessee y presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, comparó cualquier enjuiciamiento de Trump con casos políticos en países menos desarrollados. “Daniel Ortega arrestó a su oposición en Nicaragua y eso lo calificamos como una cosa terrible”, dijo la semana pasada.

Encarcelar a exlíderes por cargos engañosos y políticamente motivados puede ser común en las autocracias del mundo, pero algunas de las democracias más avanzadas tampoco han rehuido en llevar a sus líderes a juicio por delitos.

En Estados Unidos, Teapot Dome, Watergate, Irán-contras y Whitewater no pusieron a un presidente en el banquillo. El único presidente en funciones que vio el interior de una estación de policía como acusado fue Ulysses Grant, que fue detenido por conducir a alta velocidad por las calles de Washington en su carruaje tirado por caballos. Pagó 20 dólares y siguió su camino.

Al menos un par de otros presidentes estaban preocupados por ser acusados después de dejar el cargo. Richard Nixon fue indultado por su sucesor, Gerald Ford, un mes después de renunciar, ahorrándole cualquier enjuiciamiento en el escándalo de Watergate. Bill Clinton llegó a un acuerdo con los fiscales de Whitewater en su último día completo en el cargo, en el que admitió haber brindado falso testimonio bajo juramento sobre su relación con Monica Lewinsky, renunció a su licencia de abogado por cinco años y pagó una multa de 25.000 dólares a cambio de no enfrentar cargos como ciudadano privado.

Al perdonar a Nixon, Ford no estaba tratando de sentar un precedente que prohibiera futuros juicios a un presidente, dijo el historiador Richard Norton Smith. En cambio, estaba tratando de llevar al país más allá de Watergate mientras enfrentaba desafíos como la inflación, los últimos vestigios de la Guerra de Vietnam y un profundo cinismo de la opinión pública.

“No estaba perdonando a Nixon tanto como tratando de olvidarlo”, dijo Smith.

Esa decisión, agregó, no debería significar que a Trump se le entregue una tarjeta para salir libre de la cárcel debido al caso de Ford. “Parece más que un poco injusto convertirlo en un chivo expiatorio de las fechorías de los presidentes posteriores”, dijo Smith.

Peter Baker

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