Un suicidio que abre otro debate en Perú

LIMA.- Tras la muerte de Alan García , el expresidente de Perú que se suicidó antes de ser detenido por su implicación en el caso Odebrecht, juristas y políticos se enfrascaron en un acalorado debate sobre los límites de la lucha anticorrupción. Congresistas del Partido Aprista -al que pertenecía García- y fujimoristas aseguran que los arrestos preventivos son un "exceso": los fiscales, dicen, tardan mucho tiempo en llevarlos a juicio y más de uno de cada tres presos en el país sudamericano está entre rejas sin condena.

"Ha habido un exceso deliberado y abusivo de las detenciones preliminares, y eso tiene que parar", criticó la congresista aprista Luciana León. "Exigimos que las instituciones no se usen para perseguir a sus enemigos políticos", añadió Nidia Vílchez, exministra de la misma formación, en referencia a las imágenes de los altos cargos esposados, que se han convertido en moneda de cambio común desde julio de 2017, con el arresto del expresidente Ollanta Humala. Incluso, el cardenal Juan Cipriani se ha sumado a las críticas: "Se está acusando mediáticamente, esto tiene que terminar".

Frente a quienes ponen en duda la actuación de la Justicia, el jurista Javier de Belaúnde considera que algunos políticos "han querido llevar agua para su molino". "Hubo un uso rastrero de atribuir esto [el suicidio] a otros. Los fiscales están cumpliendo su deber y el periodismo de investigación ha cumplido un rol inusual e importante", agrega. "Las investigaciones anticorrupción deben continuar. Se habla de excesos en la prisión preventiva, pero ello ocurre por una dificultad de la fiscalía [de atender tantos casos] por sus recursos limitados. El llamado es al poder político para que le asigne recursos. El sistema anticorrupción debe ser respaldado porque tienen todas las de perder ante el poder político y económico".

Diario El País

Jacqueline Fowks

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