Un presunto financiamiento ilegal amenaza el regreso de Sarkozy al Palacio del Elíseo

PARÍS (De nuestra corresponsal).- El futuro político de Nicolas Sarkozy quedó ayer nuevamente comprometido por la Justicia, después que la fiscalía de París recomendó juzgar al ex presidente francés por presunto delito de "financiación ilegal" de su campaña electoral de 2012.

Si prospera ese pedido, el proceso podría complicar seriamente las ambiciones de Sarkozy, que aspira a ganar las primarias de su partido en noviembre y participar luego en las elecciones presidenciales del año próximo.

El procurador acusa a Sarkozy y a otros 13 miembros de su ex partido Unión para un Movimiento Popular (UMP) por su papel en el "caso Bygmalion", así llamado por el nombre de la empresa de comunicación que emitió facturas por 18,5 millones de euros para que su formación política asumiera parte de los gastos exuberantes de su campaña.

La maniobra estaba destinada a no superar el máximo legal de gastos electorales, fijado en 22,5 millones por candidato y que, en el caso de Sarkozy, ascendió al doble. El ex presidente, en todo caso, no es acusado de fraude, sino por haber superado el límite.

El Consejo de Estado, máxima instancia administrativa de Francia, ya había invalidado esas cuentas en diciembre de 2012.

Las empresas de comunicación Bygmalion y su filial Event and Cie. fueron creadas en 2008 con el único propósito de organizar las campañas electorales de la UMP. En particular, organizó la campaña presidencial de Sarkozy de 2012. Dos años después, la Justicia descubrió que había "producido" numerosas facturas falsas para disimular substanciales gastos.

La fiscalía considera que Sarkozy dio instrucciones en ese sentido, a pesar de la oposición de los contables del partido.

Para los magistrados, inferir -y aunque no está probado- "teniendo en cuenta su formación (de Sarkozy) y gran experiencia en materia de campaña electoral", la maniobra se hizo con su "conocimiento".

El expediente judicial muestra que no hubo enriquecimiento personal y se limita a cuestionar los gastos excesivos e incompatibles con la legalidad en materia de financiación de campañas electorales. Los jueces de instrucción deberán ahora decidir si dan curso al pedido de la fiscalía.

La solicitud del procurador se conoció apenas tres días antes del cierre de las inscripciones para las primarias de Los Republicanos (LR), el partido de derecha conservadora creado por Sarkozy en mayo de 2015 sobre las cenizas de la ex UMP. En la contienda, el ex jefe del Estado enfrentará a dos de sus entonces ministros: François Fillon y Alain Juppé.

Su abogado, Thierry Herzog, denunció un ensañamiento judicial contra su cliente. "Esto pone en evidencia, una vez más, una grosera maniobra política" inspirada en motivos electorales, precisó.

Es difícil que la decisión de los jueces de instrucción se produzca antes de las elecciones internas, previstas para el 20 y 27 de noviembre. Aunque en teoría tienen 30 días para pronunciarse, podrían dilatar la respuesta para no interferir en las primarias.

Tampoco es probable que el proceso -si se confirma- pueda realizarse antes de las elecciones presidenciales del 23 de abril y 7 de mayo de 2017.

Una regla no escrita establece en Francia que no se puede celebrar ningún juicio de carácter político en vísperas de una elección. Pero esa medida de salvaguarda no impedirá que el "caso Bygmalion" salpique en forma permanente la campaña de Sarkozy para volver al Palacio del Elíseo.

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