Un mes de protestas: el estallido de Colombia, sin salida la vista

BOGOTÁ.– Colombia cumplió ayer un mes de paro nacional y estallido social sin que se vea una salida al laberinto. Una nueva jornada de protestas en la que Cali volvió a sufrir el látigo de la violencia, que obligó a la gobernadora del Valle del Cauca a aplicar el toque de queda desde anoche.

Por lo menos cuatro personas murieron en un enfrentamiento durante el cual un policía de civil adscrito a la Fiscalía disparó contra un manifestante y luego fue linchado por un grupo de jóvenes. El tiroteo ocurrió en el centro de la ciudad “entre quienes bloquean y entre quienes querían pasar”, reveló el alcalde, Jorge Iván Ospina, crítico con el gobierno. “La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor”, sentenció el funcionario.

La violencia desmedida y los bloqueos corren en paralelo a las protestas, que reúnen a mucha gente, pero que ya no son masivas como al principio, lo que no ha evitado que los incidentes se multipliquen. Según las investigaciones de Human Rights Watch (HRW), de las 63 denuncias creíbles de muertes violentas se ha confirmado que de momento 28 (26 de manifestantes y transeúntes y dos policías) tienen relación con las manifestaciones. “Llamamos urgentemente a desescalar la situación”, exhortó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Precisamente los polémicos bloqueos se han convertido en un obstáculo para avanzar en los acuerdos entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro (CNP). Duque insistió ayer en que quienes bloquean están secuestrando los derechos de los colombianos. Ambas partes ni siquiera se han puesto de acuerdo en las garantías para llegar a un acuerdo, una situación que resume la actualidad colombiana.

Mientras tanto, la Iglesia y la ONU, garantes de la negociación, repasan distintas fórmulas para que el diálogo prosiga. Según la policía, se mantienen casi un centenar de bloqueos repartidos por el país.

Ya casi nadie se acuerda de la fracasada reforma tributaria, que arrastró en su caída al ministro de Hacienda y se llevó consigo otra reforma, la de salud. Mientras estas desaparecían, emergían demandas sociales calladas durante décadas: desigualdad, falta de empleo, pobreza y las inmensas dificultades de los jóvenes para vivir en su país.

“No veo salida. El gobierno está más débil que nunca, las diferencias de Álvaro Uribe con el presidente son cada vez mayores. Allegados al Partido Liberal se preguntan públicamente si Iván Duque debe continuar o no”, resume para LA NACION el politólogo y decano de Humanidades Jorge Giraldo.

Alarmas

La espiral de capítulos sangrientos, incluso con medio centenar de denuncias por abusos sexuales contra la policía, ha prendido las alarmas en el país, que asistió anteayer al secuestro y la tortura de ocho agentes policiales y a la denuncia gubernamental de que grupos radicales que hostigan a las fuerzas policiales reciben financiación desde Venezuela a través de las disidencias de las FARC.

“El paro no tiene cabeza, así que la negociación no arrojará muchos resultados y algunos de ellos serán para beneficio corporativo, sindicatos, por ejemplo. En Bogotá y Antioquia, los gobernantes tomaron la iniciativa para desactivar algunos focos conflictivos. La protesta tenderá a languidecer y ya hay una mayoría de gente que rechaza la violencia callejera”, subraya Giraldo.

El estreno de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez como canciller en viaje oficial al aliado Estados Unidos se cerró con el espaldarazo de la administración Biden en boca de su secretario de Estado, Antony Blinken. Uno de los temas más espinosos era la negativa previa de Bogotá a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), paliada en parte por Ramírez, quien comunicó “la apertura que tenemos” ante el viaje.

Duque cuenta con la ayuda de Estados Unidos para el Pacto de la Juventud, con el que pretenden generar miles de empleos para los más jóvenes además de decretar la gratuidad de las matrículas universitarias para las clases sociales más desfavorecidas. Si algo ha dejado claro el estallido social durante el mes de protestas es que buena parte de la fractura social de Colombia la sufren los jóvenes.

A falta de que se concreten nuevos contactos entre el CNP y el gobierno, los enfrentamientos políticos están protagonizados por el candidato izquierdista Gustavo Petro, a quien el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, acusa de agitar a las masas para generar el caos. El exalcalde de Bogotá, por el contrario, asegura que su lucha busca acabar con el poder de las mafias políticas.

“El malestar social se mantendrá con distintas intensidades hasta por lo menos las elecciones de 2022, ya que sus causas, la pobreza y la desigualdad aumentadas, exigen el tipo de reformas que solo producen los momentos electorales”, vaticina para LA NACION el analista Felipe Rey Salamanca.

De momento, además de la víctimas mortales y de los 2000 heridos y lesionados, casi tantos civiles como policías, el país suma pérdidas de miles de millones de pesos colombianos, además de cientos de omnibuses de transporte público y estaciones.

Pese a lo oscuro del panorama, Rey Salamanca está convencido de que no se ha perdido el tiempo durante las cuatro semanas de la mayor crisis contemporánea en el país cafetero. “Primero, la violencia policial debe reducirse a cero y la pasada tiene que ser esclarecida con el acompañamiento de garantes internacionales. Segundo, el gobierno y el CPN necesitan obtener prontos resultados de su negociación. Tercero, los colombianos necesitamos abrir mecanismos de deliberación democráticamente robustos para encontrar salidas de largo plazo”, concluye.

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