Un grupo de países de la OEA activa un plan de defensa para presionar a Maduro

WASHINGTON.- Un grupo de 12 países de la región -entre ellos, Estados Unidos y la Argentina- aprobaron ayer en la Organización de los Estados Americanos (OEA) la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como el Tratado de Río, en una movida que apunta a elevar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y a enviarle una señal de advertencia en medio de una creciente tensión con Colombia.

Firmado en 1947, en la antesala de la Guerra Fría, el tratado tiene como pilar principal la defensa mutua o recíproca, al comprometer a los 19 países que lo integran a tratar cualquier "ataque armado por parte de cualquier Estado" contra uno de los países de la región como una agresión contra todos, y a tomar medidas, que incluyen el uso de la fuerza, para "ayudar a hacer frente al ataque".

La activación del Tratado de Río había sido reclamada por el gobierno autoproclamado del opositor venezolano Juan Guaidó. Además, se había convertido en una prioridad para Colombia, principal aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina, ante los vínculos que denunció el gobierno del presidente Iván Duque entre el chavismo, el narcotráfico y grupos paramilitares de la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A eso se sumó la orden de Maduro de desplegar misiles antiaéreos y hacer ejercicios militares a lo largo de la frontera.

Duque, de hecho, envió a Washington a su canciller, Carlos Holmes Trujillo, para participar de la sesión del Consejo Permanente de la OEA en la cual se aprobó la activación del tratado. "El régimen de Maduro recibe respaldo político y control social. Los grupos reciben protección, apoyo logístico, entrenamiento y armamento", denunció, durante una encendida intervención de casi una hora.

La activación del TIAR fue aprobada por 12 de los 19 países que integran el tratado: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, que se reincorporó al tratado en julio para fortalecer la cooperación con los países de la región y elevar la presión contra Maduro. Cinco países se abstuvieron: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Perú y Uruguay. Bahamas y Cuba no participaron.

La resolución señala que "la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio", y convoca a una reunión del órgano de consulta del convenio para discutir medidas, un nuevo paso en la campaña de presión internacional diseñada por el Grupo de Lima con el respaldo de Washington para forzar una transición política en Venezuela. México y Uruguay lideran un segundo bloque en la región, el cual, con el respaldo de países de la Unión Europea (UE), apuesta a consensuar una salida negociada a la crisis humanitaria con Maduro.

Hasta ahora, la campaña de presión se había concentrado en sanciones económicas y diplomáticas. La activación del TIAR agrega el espectro de defensa y seguridad, y amplía el menú de herramientas, al sumar "el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada".

"Nos acercamos a un punto sin retorno. Nadie gana y todos pierden", dijo la embajadora mexicana Luz Baños. "Si la intervención armada no es la meta, ¿para qué recurrir a un instrumento obsoleto?".

Justamente la inquietud por una intervención militar llevó a Costa Rica, Chile y Perú a intentar incluir, sin éxito, una enmienda para dejar afuera de manera explícita esa opción entre las contempladas por el tratado. La Argentina respaldó esa propuesta, pero, al igual que Chile, acompañó la resolución aun cuando se dejó afuera esa salvedad.

El presidente Donald Trump dijo en más de una ocasión que "todas las opciones están sobre la mesa", al sugerir una posible invasión. En los últimos días, funcionarios norteamericanos se preocuparon por aclarar que la decisión de avanzar con la activación del TIAR era "buscar un marco jurídico" para poder elevar la presión sobre Maduro, según el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.

"El propósito del TIAR no es invocar la fuerza militar", dijo en una conferencia telefónica con periodistas, de la cual participó LA NACION. "El propósito del TIAR es buscar un marco jurídico que no existió hasta este momento, en el cual la mayoría de los países puedan participar, que sus miembros puedan avanzar delante de un marco jurídico y más presión sobre Venezuela para traer un cambio democrático", apuntó.

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