Un duro informe de Human Rights Watch condena la represión policial en Chile

Los enfrentamientos que se desataron en Chile hace más de un mes encendieron las alarmas de los organismos internacionales de derechos humanos. En un severo informe, Human Rights Watch denunció que la policía nacional de Chile cometió graves violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en detención.

El organismo expresó que se reunió con el presidente Sebastián Piñera para entregarle su último informe que analiza el uso de la fuerza en Chile y en el que recomienda una serie de reformaspara mejorar la conducta de los carabineros.

La policía chilena cometió "graves violaciones de derechos humanos que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles" contra manifestantes y "abusos en detención", sentenció la organización en el documento.

"Hay cientos de informes preocupantes sobre el uso excesivo de la fuerza en las calles y el abuso de los detenidos, incluidas las brutales palizas y el abuso sexual, que deben investigarse de manera rápida y exhaustiva para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia", dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para la División de América.

"Cuestiones tales como el uso indiscriminado e inapropiado de pistolas antidisturbios y escopetas, el abuso de detenidos bajo custodia y los sistemas de responsabilidad interna deficientes dieron lugar a graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es precisamente por eso que se necesitan urgentemente reformas policiales", añadió.

Desde el comienzo de las manifestaciones hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 442 denuncias penales en nombre de las víctimas por lesiones, tratos crueles, tortura, violación, asesinatos e intentos de asesinato presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad.

Las protestas comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica.

Desde el 18 hasta el 28 de octubre, Piñera declaró ante los disturbios estado de emergencia en varios lugares del país andino, desplegando a los militares para hacerlo cumplir.

Si bien la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, algunos grupos participaron en actos violentos y atacaron a agentes de policía con cócteles molotov, saquearon y quemaron propiedades públicas y privadas. El comando policial dijo que más de 1896 oficiales resultaron heridos del 18 de octubre al 20 de noviembre.

Por su parte, Human Rights Watch encontró pruebas convincentes de que la policía utilizó una fuerza excesiva para responder a las protestas, hiriendo a miles de personas. Los servicios de emergencia del país trataron a 11.564 personas heridas durante las manifestaciones del 18 de octubre al 22 de noviembre, dijo el Ministerio de Salud al organismo.

Por su parte, a través de un comunicado, la Clínica Santa María confirmó que el joven Gustavo Gatica, herido por perdigones de Carabineros en sus ojos, perdió completamente su vista. Este se convirtió en un caso emblemático de la violencia policial y los disparos con perdigones a la altura de la cara de los manifestantes

Además, la Oficina del Fiscal General está investigando 26 muertes. Entre ellos se encuentra un manifestante que murió después de que una presunta policía lo golpeara en la calle, tres manifestantes supuestamente fueron asesinados a tiros por las fuerzas militares con munición real, y uno que fue atropellado por un vehículo de la Armada.

El informe de HRW generó la respuesta de la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno chileno, Lorena Recabarren, que afirmó: "Nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y que por supuesto recibimos con dolor". El gobierno, agregó, "ha comprometido todos sus esfuerzos para que sean investigados" por la fiscalía y juzgados por la Justicia.

La subsecretaria adelantó que le han pedido un informe a la máxima autoridad de Carabineros para revisar los protocolos objetos de denuncia y que se incluyan medidas de corrección y sanción en un plazo de una semana.

Además, el Ministerio del Interior creará un grupo especial para designar reformas a corto y medio plazo para modernizar la policía.

Sumado a esto, hace unos días, Amnistía Internacional también fustigó al gobierno luego de que la administración de Sebastián Piñera rechazara por "irresponsable" un informe de la organización que denunció graves violaciones a los derechos humanos en la represión del estallido social.

"Ha sido lamentable la respuesta del Estado, ha sido lamentable precisamente por desconocer la dimensión y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que aquí se han cometido en las últimas semanas", aseveró entonces la directora de AI para América Latina, Erika Guevara.

Ambos informes se basaron en "entrevistas con las víctimas, reportes médicos, cientos de fotos y videos, así como datos aportados por algunas autoridades".

Por su parte, el equipo de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), enviado a Chile para analizar la situación vinculada a las protestas y a la represión policial, concluyó el viernes pasado su visita oficial en el país y se espera que publique los resultados de su investigación en las próximas dos o tres semanas.

El grupo sostuvo reuniones con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, de la policía (Carabineros), con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, así como más de 300 miembros de la sociedad civil.

También se entrevistó con más de 230 víctimas, incluyendo personas que resultaron detenidas y heridas durante las protestas, así como policías heridos.

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