Un dirigente opositor detenido en Venezuela fue internado en “estado grave” de salud, dice su familia
La habitación de Williams Dávila en el hospital de Clínicas Caracas se encuentra custodiada por agentes del Servicio de Inteligencia venezolano; había sido secuestrado por encapuchados tras una vigilia pacífica la semana pasada y trasladado al Helicoide
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LA NACION
CARACAS.- El exgobernador del estado venezolano de Mérida y exdiputado del partido opositor Acción Democrática, Williams Dávila, de 73 años, encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro “se encuentra hospitalizado en estado grave” desde el martes a la noche, según confirmó su familia.
En sus redes sociales, su hijo William Dávila Valeri aseguró estar “conmocionado y profundamente preocupado” por el estado de su padre, quien “fue secuestrado el pasado jueves por defender los valores democráticos”.
“Las peores previsiones se están cumpliendo. Es inconcebible que en este país nos mantengan en la oscuridad”, agregó su hijo, que pidió al gobierno que “responda por este abuso de los derechos humanos”.
“No es posible seguir viviendo bajo un régimen que permite tales atrocidades”, insistió.
Sobre su cuadro de salud, su hijo comentó a la AFP que su padre “fue ingresado con mucha fiebre y una deshidratación profunda e infección profunda de orina que se convirtió en una prostatitis aguda con el riesgo de septicemia”.
“Está siendo atendido en el hospital de Clínicas Caracas bajo custodia del Sebin [Servicio de Inteligencia]. No lo hemos logrado ver todavía”, añadió.
La familia del exparlamentario había advertido de su precaria situación de salud y de la “importancia del tratamiento”, pero no se sabía nada oficial sobre Dávila, quien fue detenido por hombres encapuchados el viernes mientras se encontraba en la Plaza Los Palos Grande de la capital venezolana, después de haber participado en la vigilia pacífica convocada por la líder opositora María Corina Machado por las víctimas de la represión.
La única información hasta ahora hablaba de su detención en la prisión para presos políticos del Helicoide.
Poco antes de su detención, el exparlamentario había hecho un llamamiento a la primera ministra Giorgia Meloni. Y el Instituto Milton Friedman (con sede en Roma), del que es miembro el exgobernador, se había dirigido en los últimos días a la comunidad internacional, y en particular a los gobiernos de Italia y Portugal (país del que es ciudadano), instando a “todos los esfuerzos posibles” para su liberación.
Amnistía Internacional solicitó la liberación inmediata del exasambleísta antes de conocerse que se encontraba internado en estado grave.
“Nos preocupa su situación de salud, por su edad avanzada y haber sido sometido a una operación de corazón recientemente”, escribió la organización humanitaria. “Exigimos a las autoridades que le brinden acceso inmediato a sus familiares, médicos y abogados. Deben garantizar su vida y tratamiento médico y liberarle de forma inmediata e incondicional”.
Freddy Superlano, líder del partido opositor Voluntad Popular, detenido el 30 de julio, también terminó en el Helicoide. Se conoce que fue sometido a torturas. “Está cooperando y proporcionando información importante”, comentó el fiscal general Tarek William Saab al día siguiente del arresto.
Pero, en los últimos días, su esposa Aurora había pedido pruebas de que aún estaba vivo. Y, a medida que se difundió la noticia de la hospitalización de Dávila, aumentaron las solicitudes de información sobre su estado en las redes sociales.
Más de 2400 personas fueran detenidas y otros 25 murieron tras la brutalidad oficialista por las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, que la oposición tacha de fraudulenta.
Más de un centenar de activistas opositores han sido detenidos en lo que va de año en Venezuela. El jueves también fue detenido el exdiputado Américo De Grazia en circunstancias que aún no están claras.
La oposición reivindica el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia y asegura tener las pruebas para demostrarlo, un argumento respaldado por el panel de observadores electorales de la ONU, al tiempo que Maduro y su gobierno los acusa de instigar un “golpe de Estado” y pide cárcel para ambos. La fiscalía abrió una investigación penal en su contra.
La comunidad internacional ha manifestado preocupación por las detenciones y ha pedido el detalle del escrutinio, que la autoridad electoral aún no hizo público.
Agencias AFP y ANSA
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