Un acto de terrorismo anunciado

RÍO DE JANEIRO-. Lo que sucedió el domingo 8 de enero en Brasil podría definirse como la crónica anunciada de un acto terrorista inédito en la Historia del país. Quien se haya sorprendido con lo que ocurrió no venía siguiendo los acontecimientos políticos de los últimos meses con atención. Basta recordar que el expresidente Jair Bolsonaro -que se sigue presentando como presidente de Brasil en redes sociales- se rehusó a participar de la ceremonia de asunción de quien lo derrotó en las urnas, viajó a los Estados Unidos, y en todo momento arengó a sus seguidores acampados frente a cuarteles militares para pedir un golpe.

Muchos pensaron que el caos ocurriría el 1° de enero, día en que Luiz Inácio Lula da Silva inició su tercer mandato, pero tardó algunos días más. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que deberá ser contestada en los próximos días, o semanas. Pero el caos llegó e inmediatamente tiró por tierra la idea de que Brasil había logrado evitar su 6 de enero. No sólo no lo logró, sino que en Brasil fue mucho peor que en los Estados Unidos. Los militantes bolsonaristas, ante la mirada pasiva de las fuerzas policiales, invadieron y depredaron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto. Antes de esto, caminaron durante casi tres horas por avenidas importantes de Brasilia en dirección a las principales instituciones democráticas de la República, sin ningún tipo de impedimento. Todo lo contrario. Fue algo increíble de ver para cualquier brasileño que cree en la democracia como sistema de gobierno.

Como explica el profesor de Historia de la Universidad Federal de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Odilon Caldeira Neto, “no se trató de un golpe en sí, sino de un evento apoteósico que busca deslegitimar los liderazgos políticos e instituciones democráticas. El plan es rodear el gobierno, con el objetivo de hacerlo insostenible en el ejercicio del poder. El caos es el instrumento para demandar la militarización”. Caldeira Neto es un estudioso de la extrema derecha brasileña, uno de los que viene alertando hace años sobre su crecimiento y el peligro que representa para la política nacional. Una extrema derecha que, afirma, “busca referencias internacionales, articularse con aliados extranjeros e incorporar agendas de la extrema derecha global”. La clave, enfatizó el profesor a LA NACION, es saber “cuál es el grado de penetración nacional de estos grupos terroristas, el apoyo que tienen, financiamiento y red de contactos. Todo eso tiene que ser averiguado”.

La reacción de la comunidad internacional fue rápida -aunque no generalizada-, como también lo fue la de los principales dirigentes de la política brasileña. El terrorismo bolsonarista unió gran parte del el arco político, dejando en claro que este tipo de barbárie no será tolerada. Pero no unió a todos. Se teme por la actitud que adoptarán de ahora en más figuras como los gobernadores de San Pablo, Tarcísio de Freitas, de Río de Janeiro, Claudio Castro, y de Minas Gerais, Romeu Zema, antiguos aliados de Bolsonaro. En las redes, hubo repudio y declaraciones contra el vandalismo ocurrido en Brasília. Pero no está claro con qué libertad actuarán los militantes bolsonaristas en territorios nacionales controlados por gobiernos locales de derecha.

El presidente ordenó la intervención de Brasília y responsabilizó a los “policiales que ayudaron a los terroristas”. Habrá que ver qué medidas se tomarán contra quienes -como lo muestran videos que circularon en redes sociales- no solo no actuaron, sino cómo llegaron a sacarse selfies con los terroristas. Algunos pidieron la detención de los policías cómplices. También están en la mira el ahora exsecretario de seguridad pública de Brasília, el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, que estaba en los Estados Unidos cuando el caos se apoderó de la capital brasileña, y el gobernador de Brasília, Ibaneis Rocha, también cercano al expresidente, que al final del día le pidió disculpas a Lula en un video. El STF ya tiene pedidos de prisión para Torres.

Para personalidades como Marco Aurélio Mello, exmagistrado del STF, lo que ocurrió este 8 de enero en Brasilia es mucho peor que el 6 de enero en Washington. “Estoy absolutamente sorprendido y la única pregunta qué hago es: ¿dónde estuvo el Estado, que no previó esto y no tomó las acciones necesarias? Es algo impensable que el STF sea depredado, el Congreso Nacional… Esto es muy malo para la imagen del país. ¿Qué van a pensar los inversores extranjeros? Que es una república bananera”, afirmó Mello al diario O Globo.

El gabinete de Lula no sale ileso de este lamentable y triste capítulo de la historia brasileña. El nuevo ministro de la Defensa, José Múcio Monteiro, aseguró en la primera reunión de gabinete, realizada la semana pasada, que los campamentos de radicales bolsonaristas frente a cuarteles militares estaban bajo control. “Son manifestaciones democráticas”, dijo el ministro, según informó la prensa local. En la misma reunión, el nuevo ministro de Justicia, Flavio Dino, prometió investigar a los responsables por actos antidemocráticos en el país.

Como todo gobierno de coalición, el de Lula ya presenta fisuras. Los actos terroristas del 8 de enero obligan al presidente a tomar una posición más clara y, tal vez, exigir a Múcio -elegido por su buena relación con las Fuerzas Armadas- que se tome más en serio lo que, ya nadie duda, representa una amenaza para la democracia brasileña.

El Congreso deberá definir si abre una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre lo ocurrido. Partidos de izquierda ya lo propusieron, pero hay que recordar que la derecha pisa fuerte en el Poder Legislativo. ¿La propuesta tendrá apoyo suficiente?

Otro gran interrogante es quién va a liderar a esta masa terrorista in loco, mientras Bolsonaro sigue -por tiempo indeterminado- en los Estados Unidos? ¿Qué sigue después de esto?

Para algunos, Lula sale fortalecido -dentro y fuera de Brasil- y Bolsonaro queda más aislado. Para otros, el nuevo gobierno tiene por delante un enorme desafío: el de gobernar, reinsertar a Brasil en la comunidad internacional y resolver problemas graves como el hambre, con una permanente espada de Damocles sobre su cabeza.

Agendas oficiales simbólicas e importantes fueron canceladas, entre ellas la asunción de la nueva ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, hermana de la legisladora carioca Marielle Franco, brutalmente asesinada en 2018. La violencia está en el aire en Brasil y con consecuencias políticas impredecibles. La reacción del gobierno y de gran parte de la clase política fue contundente, pero la extrema derecha brasileña, como aseguran los que la estudian como el profesor Caldeira Neto, llegó para quedarse. Con o sin Bolsonaro.

Lula ya se refiere a sus enemigos políticos sin eufemismos: “Aquellas personas que llamamos de fascistas, son las personas que representan todo lo que abominamos en la política… esos vándalos, que podrían ser llamados de nazistas fanáticos, stalinistas fanáticos, o mejor, fascistas fanáticos, hicieron lo que nunca se hizo en la historia de este país”. El esperado por muchos Lula 3 está frente a un enemigo aún desconocido, violento, con capacidad de acción, recursos y, al parecer, método.

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