Traspaso: ¿qué falta para que Joe Biden tome posesión en enero de 2021?
The New York TimesMaggie Astor
NUEVA YORK.- El pueblo ha hablado. ¿Y ahora qué?
Normalmente, lo que ocurre entre el día de las elecciones y el día de la toma de posesión son una serie de formalidades a las que poca gente le presta atención. Pero la negativa del presidente Donald Trump a reconocer que perdió ante el presidente electo Joe Biden, y la aquiescencia de los principales dirigentes republicanos a sus esfuerzos por subvertir el proceso democrático, han hecho que los procedimientos por los que se formaliza la voluntad del pueblo sean un asunto de importancia pública.
Primero, hablemos de lo más obvio: es extremadamente improbable que los republicanos puedan anular los resultados de las elecciones.
Es posible, sí, crear escenarios en los que los legisladores o los jueces tramen un segundo mandato de Trump y sumerjan a la nación en una crisis constitucional. Pero incluso con una Corte Suprema conservadora, un Senado dirigido por los republicanos y delegaciones congresionales dirigidas por los republicanos en la mayoría de los estados, los expertos en leyes electorales confían en que esto no sucederá.
Este es un panorama general de lo que sucederá entre ahora y enero, cómo la campaña de Trump podría tratar de intervenir y por qué es tan poco probable que tenga éxito.
Primero, los estados certificarán los resultados de sus elecciones
Los funcionarios del condado o municipales —cualquiera que sea el nivel de gobierno responsable de la administración de las elecciones en un estado determinado— deben contar todas las boletas, verificar los totales y asegurarse de que cada voto válido fue incluido. Los procedimientos exactos varían según el estado.
Esos funcionarios informan de sus recuentos finales al estado, cuyo funcionario electoral principal —a menudo, pero no siempre, el secretario de Estado— compila los resultados y los presenta al gobernador. Los estados establecen sus propios plazos para ello; algunos ya lo han hecho, y el último plazo es el de California el 11 de diciembre.
Los gobernadores deben enviar al Congreso un "certificado de verificación" con los totales de votos certificados de sus estados y los nombres de sus electores antes del 14 de diciembre, cuando se reunirá el Colegio Electoral. Pero hay un fuerte incentivo para hacerlo antes, porque los resultados certificados para el 8 de diciembre, conocido como el plazo de puerto seguro están, en gran medida, aislados de las disputas legales.
La campaña de Trump aún podría presentar una demanda impugnando los resultados certificados por el plazo de puerto seguro —cualquiera puede presentar una demanda, incluso si no tiene mérito— pero es casi seguro que los tribunales la desestimarían.
"Una vez que se ha certificado, se supone que uno está realmente protegido de los litigios", dijo Jessica Levinson, profesora de la Escuela de Derecho de Loyola que se especializa en derecho electoral. "Se supone que hay una caja mágica que cubre los resultados del estado después de que los certifican, y solo abrimos la caja ante el Congreso".
Los legisladores estatales podrían intervenir, pero probablemente no lo harán
Una táctica principal de la campaña de Trump y de los grupos conservadores ha sido utilizar demandas y otras maniobras para tratar de evitar que los estados certifiquen sus resultados, o al menos retrasar el proceso. La idea es, en parte, que si los funcionarios electorales no pueden certificar a tiempo las victorias de Biden, las legislaturas estatales controladas por los republicanos podrían intervenir y nombrar electores favorables a Trump.
En Georgia, Trump pidió, y el Secretario de Estado republicano autorizó, un recuento manual que requiere mucho tiempo y que podría prolongarse más allá del plazo de certificación. Sin embargo, ese plazo está a un mes de distancia y los tribunales podrían intervenir si pareciera que los funcionarios prolongan el recuento. La ventaja de 14.000 votos de Biden es un obstáculo extraordinario para que cualquier recuento cambie los resultados, y de todos modos no necesita los votos electorales de Georgia para ganar.
En Pensilvania y Michigan, los republicanos han presentado demandas para bloquear la certificación basándose en acusaciones infundadas de irregularidades en la votación o el recuento. Pero los jueces han rechazado rotundamente las quejas de la campaña de Trump hasta ahora, y la ventaja de Biden está muy fuera del alcance del recuento: más de 50.000 votos en Pensilvania y casi 150.000 en Michigan.
Incluso si los recuentos se certificaran a tiempo, los legisladores estatales podrían, en teoría, rebelarse y nombrar listas electorales a favor de Trump para competir con las listas certificadas por los gobernadores. Pero los republicanos de Pensilvania ya han dicho que no lo harán, y aunque ellos o los legisladores de otro estado lo hicieran, eso probablemente no sobreviviría al escrutinio legal.
"Creo que el argumento que intentarían es que hay un fracaso electoral en virtud del artículo 5 del título 3 del Código de Estados Unidos (3 U.S.C., por su sigla en inglés), que la elección fue esencialmente un fracaso, pero nadie lo ha intentado antes", dijo Jon Greenbaum, abogado jefe del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley, refiriéndose a la sección de la ley federal que rige las disputas sobre los electores. "Tendría que haber toda una serie de cosas que, en nuestra opinión, serían contrarias a la ley para llegar al punto en que una legislatura republicana pudiera anular la voluntad de los votantes".
El Colegio Electoral se reunirá
El 14 de diciembre, los electores de cada estado emitirán formalmente sus votos.
La mayoría de los estados tienen leyes que requieren que los electores voten por el candidato al que se comprometieron (en casi todos los casos, el ganador del voto popular de su estado), limitando la posibilidad de "electores infieles". (Hubo varios en 2016, pero no cambiaron el resultado final). La Corte Suprema confirmó unánimemente esas leyes este verano en Chiafalo v. Washington. Así que es una fuente de incertidumbre menos.
Una complicación posible —pero, de nuevo, sumamente improbable— sería que una legislatura estatal lograra nombrar una lista favorable a Trump y defenderla contra las impugnaciones legales, mientras el gobernador certifica una lista electoral favorable a Biden mediante el proceso normal, produciendo dos conjuntos de electores en competencia.
En ese caso, correspondería al Congreso decidir cuáles son los votantes que se contarán.
Pero "no creo que nada de esto sea probable", dijo Paul Smith, vicepresidente de litigios y estrategia del Campaign Legal Center, un grupo no partidista sobre el derecho al voto. "En ausencia de alguna justificación realmente clara, como alguna disfunción masiva, es bastante difícil que una legislatura diga ‘acabamos de decidir que ya no nos gusta la democracia’".
El Congreso certificará los resultados
El 6 de enero, el Congreso contará y certificará los votos electorales.
En cualquier año remotamente normal, las certificaciones estatales —para el 8 de diciembre o, a más tardar, el 14 de diciembre— serían el fin de las disputas, y después de eso todo serían formalidades. Lo más probable es que eso también suceda este año.
Pero en el improbable caso de que las legislaturas estatales y los gobernadores nombraran electores en competencia, el Congreso tendría que elegir.
Algo así sucedió en 1960: el gobernador de Hawái certificó una victoria de 141 votos para Richard Nixon, pero un recuento le dio la vuelta al estado y ganó John F. Kennedy, y los resultados no fueron definitivos cuando se reunió el Colegio Electoral. Había poco en juego: los votos electorales de Hawai no influyeron en el resultado de las elecciones, que ganó Kennedy, pero el Congreso tuvo que resolver la disputa. El propio Nixon, presidiendo el Senado como vicepresidente en funciones, pidió el consentimiento unánime para contar los votos a favor de Kennedy.
En la versión teórica de este escenario para el 2020, dijo Greenbaum, la ley federal sugiere que el Congreso debe favorecer la lista de los gobernadores.
Pero digamos que el Congreso se apega al partidismo, lo que significa que la Cámara demócrata elige la lista a favor de Biden de los gobernadores y el Senado republicano elige la lista de Trump de la legislatura. Incluso en el caso de un estancamiento en el Congreso, la ley federal dicta que la lista elegida por el "ejecutivo" del estado en cuestión prevalecería, según David Boies, que fue el abogado principal de Al Gore en el recuento de Florida del año 2000.
Según Boies, hay cierta ambigüedad en cuanto a la precisión de quién es el "ejecutivo" porque podría referirse al gobernador o al secretario de Estado. Pero en los tres estados clave —Michigan, Pensilvania y Wisconsin— ambas figuras son demócratas.
Biden prestará juramento
Las próximas semanas pueden ser caóticas. Pueden socavar la fe pública en el proceso electoral y cimentar la falsa creencia de los partidarios de Trump de que la elección fue "robada". El daño a las instituciones democráticas puede ser duradero.
Pero a corto plazo, es virtualmente inconcebible que ocurra algo más que esto: el 20 de enero de 2021, Biden levantará su mano derecha, prestará juramento al cargo y se convertirá en el 46º presidente de Estados Unidos.
Durante meses, dijo la profesora Levinson, ha mantenido una lista de "pesadillas electorales", ninguna de las cuales se ha cumplido. La interferencia de los legisladores republicanos es el único escenario que queda, y ella no está preocupada. Demasiadas cosas improbables tendrían que ocurrir en demasiados estados donde Biden lleva la delantera por demasiados votos.
"Encuéntrame los estados. Encuéntrenme el estado que sea susceptible a este tipo de engaños", dijo. "Muchas cosas tienen que ir mal para que eso suceda. Necesitas que el tornado golpee el huracán durante el terremoto de 8.0, y realmente no creo que eso vaya a suceder".
The New York Times
Por Maggie Astor
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