Tras la pelea con la Corte, el Congreso se convierte en otro factor de riesgo para Bolsonaro
Una comisión del Senado investigará la gestión de la pandemia por parte del gobierno federal; prevén un desgaste de la figura presidencial y derivaciones en la Justicia
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PARA LA NACIONMarcelo Silva de Sousa
RÍO DE JANEIRO.– El Congreso brasileño se convierte en un factor de riesgo para Jair Bolsonaro. El Senado iniciará mañana una investigación parlamentaria sobre las omisiones del gobierno en la gestión de la pandemia del Covid-19 y el colapso del sistema de salud en Manaos este año, iniciativa que generaría un desgaste político del Ejecutivo con derivaciones en la Justicia.
El gobierno federal acompañó con atención la previa de la largada de los trabajos en la llamada “CPI da Covid” (Comisión Parlamentaria de Investigación del Covid). La comisión contará con poderes propios de las autoridades judiciales y, una vez que concluya el trabajo, producirá un informe que puede servir de base al Ministerio Público para formular una denuncia.
Con minoría de cuatro sobre los 11 senadores que guiarán la investigación, el gobierno se prepara para enfrentar tres meses de interpelaciones y de desgaste que podrían comprometer el plan de reelección de Bolsonaro para 2022 –intención hasta ahora negada por el presidente–, evaluaron analistas consultados por LA NACION.
La Casa Civil, liderada por el ministro Luiz Ramos, distribuyó por e-mail a los ministerios un documento con 23 posibles incriminaciones para preparar la defensa de los cuestionamientos a los que los funcionarios estarán expuestos por lo menos en los próximos 90 días.
En el documento se detallan, entre otras críticas, negligencia en la compra de vacunas; promoción del “tratamiento precoz” contra el virus sin comprobación científica; militarización del Ministerio de Salud; problemas de falta de insumos para intubar pacientes, y falta de incentivo a la adopción de medidas restrictivas.
Randolfe Rodrigues, el líder de la oposición en el Senado que se perfila como vicepresidente de la comisión, se regodeó ayer con la filtración del documento, publicada por el sitio UOL y cuya veracidad fue confirmada a LA NACION por la Casa Civil.
“El gobierno sabe cuáles fueron sus prácticas criminales. Planea y trabaja más en su defensa, pero se omitió defender la vida del pueblo”, dijo Rodrigues, que dejó una advertencia. “Spoiler: hay mucho más para agregar (a la lista)”.
La Casa Civil dijo que el documento “muestra apenas lo obvio”: que el ministerio “está haciendo su trabajo de coordinación de forma anticipada”.
“Nada más natural que reunir todos los datos para esclarecer cualquier crítica, además de prepararse para desmentir narrativas mentirosas”, dijo el ministerio en una nota enviada a LA NACION. En un intento de ampliar el foco del Ejecutivo, el gobierno federal consiguió que, además de las omisiones de su gestión, se investiguen los giros de fondos hacia los estados.
Pese a que Bolsonaro había conseguido en febrero colocar a dos aliados en las presidencias de Diputados y del Senado, y de esa manera consiguió un blindaje en el Legislativo, no fue suficiente para evitar la investigación. El plenario del Supremo Tribunal Federal ordenó el 14 de este mes al jefe del Senado, Rodrigo Pacheco, que instalara la CPI en contra de su voluntad.
“La comisión puede exponer al mal gestor [Bolsonaro] que trató con negligencia las vidas”, opinó Marco Antonio Teixeira, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas. “El riesgo más inmediato para el gobierno es político y no jurídico. Cualquier pedido de impeachment que se formule basado en el informe de la CPI tendrá más peso que cualquiera de los 100 que ya se acumulan en Diputados”.
La lista punteada por la Casa Civil también citó el rechazo del gobierno a la compra de 70 millones de dosis de la vacuna Pfizer en 2020, lo que pudo haber permitido que la inmunización comenzara el año pasado. El exsecretario de Comunicación Fabio Wajngarten dio una entrevista la semana pasada en la que cargó las tintas sobre el Ministerio de Salud citando la supuesta “ineficiencia” de sus funcionarios como motivo de que no se llegara a un acuerdo con el laboratorio.
En un evento en Bahía, Bolsonaro negó estar preocupado y amenazó a gobernadores que impusieron medidas para contener la propagación del virus. Sin hacer referencia a los más de 391.000 fallecidos por la enfermedad, el derechista dijo que “está llegando la hora de que Brasil dé un nuevo grito de independencia”.
“No podemos admitir a algunos pseudogobernadores queriendo imponer una dictadura usando el virus para subyugarlos”, aseguró en Feira de Santana, a 115 kilómetros de Salvador de Bahía. “No fue el gobierno quien los mandó a quedarse en casa y destruyó millones de empleos”.
Carolina de Paula, investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, dijo que, pese a que posiblemente no revelará hechos nuevos, la CPI puede someter al gobierno federal colocándole todos los reflectores encima.
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