Tras la brutal represión, la dictadura cubana abrió los juicios sumarios exprés a los manifestantes detenidos
Los procesos se resuelven velozmente sin defensa ni testigos y tienen por objetivo desactivar las protestas y dar escarmiento
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Primero fue el estallido social y en seguida llegaron el bloqueo de internet y la represión. Ahora el turno en Cuba es para el terror: el régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene cientos de detenidos, capturados durante las manifestaciones del 11 de julio y a los que han buscado casa por casa por ser sospechosos de haber protestado en la calle o simplemente por apoyar la revuelta en redes sociales.
A todos ellos aplican juicios exprés y sumarísimos, una fórmula denominada en Cuba como “atestado directo”, según informó la organización Prisoners Defenders (PD). Con ello, buscan inutilizar la protesta y dar escarmiento a los que se han atrevido a encararse frente al poder revolucionario, mientras las redes sociales se convierten en un muro de los lamentos donde los cubanos buscan información sobre sus seres queridos detenidos, encarcelados o desaparecidos.
A los juicios llegan encima con el maltrato físico aplicado tanto durante la detención en la calle y en las estaciones de policía. Malos tratos, golpizas, cabezazos, tablazos en las piernas y dedos fracturados menudean en las primeras declaraciones y testimonios de los detenidos a sus familiares.
Las denuncias que recorren todo el país han provocado la gestación de un movimiento, bautizado como Madres del 11 de Julio. “Convocamos (para el miércoles) a todas las madres, tías, hermanas, novias y abuelas que sus hijos hayan fallecido, estén heridos o desaparecidos para hacer una marcha nacional en cada provincia, frente al parque central, con las fotos de sus chicos y bien protegidas contra el covid”, anunciaron a través de las redes sociales.
Con el atestado directo, la revolución acorta los pasos del proceso y las mínimas garantías que tenían previamente. Se llega directamente a la vista oral sin que haya acusación fiscal ni proceso.
“Es la policía, y no la fiscalía, quien maneja las riendas del proceso de principio a fin. El objetivo perseguido es constituir un método y una vía, ágiles y expeditas, de dar curso legal a los asuntos que se tramitan dentro del proceso sumario en los tribunales municipales”, asegura PD en su denuncia, hecha pública ante la ONU. La sentencia ejemplarizante envía un mensaje claro al país: la cárcel espera para todos aquellos que se atrevan a enfrentarse con las fuerzas castristas.
El juez se convierte de esta forma en acusador, defensor y juez, porque además el juicio se realiza a puerta cerrada, mano a mano entre policía y juez revolucionario. El acusado no tiene garantizado ni siquiera el derecho a nombrar defensor, a comunicarse con sus familiares o a recoger pruebas en su defensa. Y si le dan la opción de nombrar a un defensor abogado del Estado, solo dispondrá de unas horas para estudiar el caso. Para concluir, cuando llega la sentencia por vía rápida, ésta es oral, lo que dificulta aún más las apelaciones.
Uno de los juzgados este lunes en el Tribunal Municipal de La Víbora, en la capital, es José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores para una Nueva República (MONR) y uno de los promotores de Cuba Decide. “Los jueces están cometiendo un delito de prevaricación, porque fallan contra personas por manifestarse, que no es delito. Se trata de un contubernio entre jueces y policías para violar la legislación”, denunció el abogado disidente Alain Espinoza.
La enorme dimensión del operativo estatal y los obstáculos que ponen en el camino impiden saber a ciencia cierta cuántos son los detenidos, a cuántos han liberado o impuesto medidas cautelares y cuántos ya están en prisión. Entre estos últimos figuran varios líderes de la disidencia y de la oposición, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, recluido en una prisión de máxima seguridad, y José Daniel Ferrer, expreso político y cabecilla de la Unión Patriótica de Cuba (UPC). Éste ni siquiera se pudo manifestar el 11 de Julio, ya que lo detuvieron junto a su hijo cuando se ambos se dirigían a la marcha.
El hijo de Ferrer ha relatado los malos tratos recibidos en las celdas, al igual que el estudiante Leonardo Romero, conocido por haber participado en la protesta del 30 de abril en la habanera calle Obispo. La web La Joven Cuba recoge el testimonio de Romero, detenido cuando protegía a un fotógrafo y golpeado en la comisaría. “Cuando llegamos a la unidad nos desnudaron a todos. Nos decían que éramos unos maricones, ‘chupa p´ y que nos iban a ´coger el c´”, reproduce la web.
La lista de detenidos y/o desaparecidos es interminable: Henry Constantin, director de La Hora de Cuba; Neife Rigau, periodista de Camagüey; Angel Carranza, artista de Santa Clara; Iris Mariño, actriz y fotorreportera; Orelvys Cabrera, de CubaNet; Amy Celaya, con sólo 17 años y Arián González, maestro de ajedrez residente en España que se encontraba casualmente en Cuba por la enfermedad de su madre.
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