Tras el desbande de las FARC, el crimen organizado toma el relevo de la violencia en Colombia

Drogas, minerales, forestación, tráfico de personas, extorsión. Todo se transforma en dinero para las fuerzas del crimen organizado en Colombia, agrupaciones bien estructuradas que reparten sus esfuerzos en un variado número de mercancías. Y que reparten, también, castigos sin misericordia a quienes se cruzan en su camino, sean campesinos, líderes sociales, otras bandas o fuerzas de seguridad, si se les animan.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se decían dispuestas a cambiar el mundo desde las profundidades de la sierra con su brutal salvajismo redentor, y los antiguos barones de la droga, como el legendario capo narco Pablo Escobar, son recuerdos lejanos que se desdibujan frente al fulgurante Clan del Golfo y otras bandas en ascenso volcadas al multicrimen.

La desmovilización de las FARC tras los Acuerdos de Paz de 2016, firmados con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, no trajo la calma esperada. O no la trajo a todas partes. La repentina retirada de las FARC despejó el terreno y sembró las semillas de esta nueva especie criminal, que se vio libre de expandir el miedo y crecer sin trabas.

Los nuevos grupos ocuparon el vacío de los oxidados revolucionarios, que de tanto esconderse en el monte selvático ya no se acordaban por qué existían en primer lugar. La revolución se volvió pesadilla, y, sobre el final de sus días, se dedicaban meramente a subsistir, como pasajeros extraviados que perdieron el último tren.

“Cientos de municipios en Colombia hoy día tienen una situación de seguridad mejor que antes de los Acuerdos de Paz, y en general bajaron todos los índices de violencia. Pero eso se acompañó de un proceso de transformación de la violencia y de la carencia de una política de seguridad de lucha contra el crimen organizado”, dijo a LA NACION Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), con sede en Bogotá.

Los colombianos viven inmersos en un panorama criminal siempre cambiante, de auges y caídas, fusiones y quiebras, como cualquier mercado. Y ahora tienen que vérselas con estos conglomerados que se expanden hacia cada nuevo bocado que se ofrece a la vista.

La visión de las víctimas

Una forma de abordar este panorama es a través de las víctimas. Como dijeron los pobladores de una comunidad perdida de la mano de Dios, en el departamento de Cauca, en un reportaje de France 24: “Con la firma de los Acuerdos de Paz dejaron de sonar los fusiles y los bombardeos. Sin embargo, se desataron otras violencias, la persecución a los líderes, el asesinato, los secuestros, el reclutamiento”.

Los salteadores pueden ser de distintas bandas, incluso combatientes descarriados de las FARC o miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que sigue siendo fuerte. Pero es probable que sean del Clan del Golfo, que con presencia en 211 municipios es la estrella del momento.

Según datos de la policía y de entidades privadas, asentada sobre todo en los departamentos del noroeste, se trata de la organización armada con mayor control territorial. Con un estimado de 3000 hombres en armas, es capaz de mover 160 toneladas de cocaína por año, cifras nunca alcanzadas por el mismísimo Escobar, el clásico trademark de la droga colombiana. Y la droga solo es una de las varias líneas de negocios del sofisticado clan, aunque la más rendidora.

El Clan del Golfo tiene presencia en 28 países como rutas y destinos, con aliados poderosos como los carteles mexicanos. En un mar embravecido de disputas territoriales, sin embargo, otros de estos grupos “narcoparamilitares” van y vienen en el nuevo mapa del crimen, con curiosas denominaciones, como Caparros, Pachenca, Pelusos o Rastrojos; grupos que se absorben, se escinden… y se vuelven a amar.

Pero ninguno como el clan. Según señaló el centro de estudios e investigaciones Insight Crime, especializado en el crimen organizado de América Latina, el Clan del Golfo “está en la cúspide criminal de Colombia”.

Poder concentrado

“La violencia está concentrada en determinado número de lugares. Pero ahí donde actúan estos grupos no hay ninguna limitación en el uso de la violencia. No les cuesta políticamente nada. Por eso atacan a líderes sociales, defensores de los derechos humanos, ambientalistas o profesores que se les oponen. La otra vez hubo cinco atentados el mismo día con explosivos en un municipio del Cauca, que dejaron 35 heridos”, dijo Restrepo.

Igual que un país invade a otro por control territorial y recursos naturales, en estas guerras en miniatura opera la misma lógica. Los poblados son teatro de operaciones de las bandas en pugna para quedarse a toda costa con el botín, que a menudo consiste en fértiles zonas de cultivos ilícitos o subsuelos con valiosos minerales.

“Hoy no podemos recorrer nuestro mismo territorio porque estamos amenazados, vemos varios líderes de acá que han tenido que salir desplazados”, se lamentaba una vecina del Cauca sobre las tenazas que tienen maniatados a tantos pueblos y vecinos colombianos que tuvieron la suerte, o la desgracia, de vivir en tierras ricas y codiciadas.

Como los viejos gánsteres de la mafia siciliana o neoyorquina, o los jefes de los carteles tradicionales, este clan tiene muchos alias. Son al mismo tiempo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Urabeños, el Clan Úsuga y el Bloque Héroes de Castaño. Como quiera que se llame, según Insight Crime, este villano de las mil caras es el grupo narcocriminal más ambicioso y despiadado del país, y provocó que las tasas de homicidio “aumenten vertiginosamente” en sus áreas de operaciones.

No sorprende entonces que Colombia sea el segundo país más afectado por la criminalidad del mundo, detrás del Congo, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021. El ranking señala que Colombia es uno de los países donde hay mayores centros de trata de personas, y desde donde más cocaína se exporta al mundo. También sobresale en los crímenes sobre recursos no renovables, como la minería ilegal.

En varios de estos negocios actúan el Clan del Golfo y demás agrupaciones, incluso la supuesta guerrilla del ELN, volcada como el mejor al craso materialismo. Y si no hay nada a mano para robar, exigen dinero a la gente solo por seguir viviendo. Extorsión pura y dura. El solo hecho de respirar cuesta sus buenas monedas, hasta la semana que viene o cuando toque la próxima quita. Ofrecen seguridad para protegerse de ellos mismos.

Descabezados

En octubre de 2021, el gobierno de Iván Duque celebró por todo lo alto la captura de Dairo Antoni Úsuga, alias Otoniel, el líder del Clan del Golfo. Era “el golpe más importante de este siglo contra el narcotráfico”. Nada mal tratándose del capo de los capos. Merecido autoelogio de las autoridades y fuerzas de seguridad.

Pero el descabezamiento del clan puede significar menos de lo que parece. La dirección de estos grupos se regenera y vuelve a las andadas, campeando y medrando en lo que mejor sabe hacer, esto es, el delito en sus formas más terribles y extremas.

La prueba más contundente de resiliencia se dio en mayo pasado. Otoniel fue extraditado a Estados Unidos y generó un insólito “paro armado” de su agrupación, que frenó durante cuatro días la vida de decenas de ciudades y cortó la circulación de los caminos. Los vecinos se quedaron rigurosamente guardados en sus casas, como en las películas del Far West cuando llegan los maleantes a los tiros.

Los expertos coinciden en que la política en curso contra el crimen organizado no viene dando en el blanco. Aseguran que no basta con los arrestos espectaculares. Por cada cabecilla atrapado, por cada anuncio resonante, por cada flash de las cámaras al funcionario de turno que transmite la noticia, los lugartenientes arreglan sus cuentas y toman el sitio del líder caído.

Eso no tardó en suceder con el clan. Un hombre llamado Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, quedó al frente de este enorme emporio criminal. Haciendo honor a su alias, el nuevo jefe demostró su capacidad de mando montando exitosamente el paro armado de mayo.

“La violencia ha ido escalando poco a poco y tenemos un gran problema de seguridad en las calles, pero además tenemos un gran problema de criminalidad organizada. El paro armado del Clan del Golfo puso en evidencia todos los problemas de la política de seguridad del gobierno”, dijo a LA NACION el sociólogo Luis Felipe Cruz, especializado en la investigación del conflicto armado y el narcotráfico.

Se impone una nueva perspectiva, según Cruz, para quien eso debe incluir, de manera prioritaria, desconectar a los mafiosos de su preciado dinero. Parafraseando una novela colombiana, sin billetes no hay paraíso.

“Militarmente no los vamos a acabar. Policialmente, con las detenciones de los jefes, tampoco. Quizás sea un sesgo mío, pero para acabar con el crimen organizado hay que ir a fondo por donde más le duele: el blanqueo de dinero, los manejos financieros, toda esa estructura. Dicho de otra forma: hay que sacarles la plata”, sostuvo Cruz.

Sean cuales sean los medios a adoptar, en eso consiste, obviamente, todo el asunto del crimen organizado: en sacarle el dinero al otro, de cualquier manera. Hasta ahora, el Clan del Golfo lo hace mejor que nadie.

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