Tras el acuerdo en la COP26, ¿es posible hacer que los países cumplan sus compromisos climáticos?

GLASGOW, Escocia.- La pregunta más incómoda que surge tras los acuerdos en la cumbre climática de Naciones Unidas es: ¿hasta qué punto puede obligarse a un país a cumplir con esos compromisos?

Durante el último año, las promesas de emisiones cero proliferaron: Estados Unidos prometió emisiones netas cero para el año 2050, China y Arabia Saudita apuntaron al 2060, y la India al 2070. En la previa de la conferencia climática de Glasgow de este mes, muchos otros países hicieron promesas formales, conocidas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), para reducir sus emisiones de gases durante esta misma década.

Pero la decisión de que esos objetivos sean de cumplimiento legal obligatorio depende de cada país.

El Acuerdo Climático París 2015, que constituye una obligación legal internacional, solo compromete a los casi 200 países signatarios a mantener el calentamiento global “bien por debajo” de los 2°C y establece la meta de 1,5°C. Pero el acuerdo deja que los países determinen su propia contribución NDC para que se alcance esa meta general del acuerdo, y no exige que cada país los cumpla.

“Las NDC son medidas voluntarias de cada país”, dice Lakshman Guruswamy, experto en derecho ambiental internacional de la Universidad de Colorado-Boulder. “No hay forma de imponer, implementar o forzar la aplicación de un acuerdo no vinculante.”

Países como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, y los 27 países de la Unión Europea han incorporado objetivos de reducción de emisión de gases en su legislación, pero la mayoría de los países no.

Los tratados internacionales no suelen incluir amenazas de penalidades, sino que dependen de otras estrategias políticas y presiones tácticas para asegurar su cumplimiento.

Pero algunos expertos dicen que los tratados deberían exigir que la reducción de emisiones sea legalmente vinculante, ya que después de décadas de cumbres climáticas de las Naciones Unidas y de promesas voluntarias de los países, las emisiones y la temperatura global siguieron en alza.

“No veremos avances significativos hasta que se impongan restricciones legalmente vinculantes a los países emergentes y a los desarrollados”, dice Guruswamy.

Una sola vez un tratado climático de la ONU fijó objetivos vinculantes para países específicos. El Protocolo de Kioto de 1992 estableció objetivos solo a las naciones más ricas, pero el complejo proceso de ratificaciones a nivel nacional hizo que el tratado no entrara plenamente en vigor hasta el año 2005.

Hacer que los objetivos sean vinculantes también puede ser contraproducente.

Cuando tuvieron frente a ellos el acuerdo final de Kioto, los legisladores norteamericanos se opusieron y el país nunca ratificó el tratado. Y Canadá se retiró del pacto en 2011, aprovechando que el régimen de sanciones que contenía todavía no estaba en vigor.

Si el Acuerdo de París 2015 hubiera incluido condiciones más estrictas, “los países no lo habrían firmado”, dice Ronald Mitchell, profesor de ciencias políticas y estudios ambientales en la Universidad de Oregon.

“La política es el arte de lo posible”, dice Mitchell. “Para lograr un buen nivel de participación no hay que apuntar demasiado alto.”

“Presión de los pares”

Si bien no existe un mecanismo claro para hacer cumplir un pacto “legalmente vinculante”, los expertos en derecho ambiental internacional señalan que de todas formas los acuerdos climáticos de la ONU incluyen medidas que permiten controlar a los signatarios.

Retirarse de un acuerdo global o incumplir sus compromisos puede ser bochornoso en el escenario internacional, y los países que violan un acuerdo también corren peligro de sufrir represalias en otras áreas, como sus finanzas o intercambios comerciales.

El acuerdo de París incluye algunas salvaguardas para impulsar a los países a cumplir sus promesas y aumentarlas, incluido un “balance global” de progresos cada cinco años.

Ese tipo de mecanismos pueden mostrar qué países están más rezagados, generando un entorno de “presión de los pares”, dice Leslie-Anne Duvic-Paoli, del King’s College de Londres.

Precedentes legales

Los pactos climáticos internacionales también pueden incluirse en otros acuerdos vinculantes o bilaterales.

El acuerdo comercial de 2017 entre la Unión Europea (UE) y Japón, por ejemplo, menciona los compromisos del Acuerdo de París 2015.

La UE ahora exige que todos sus nuevos acuerdos comerciales incluyan esa referencia, y a partir de 2024, el bloque podrá retirarle el acceso comercial preferencial a los países en desarrollo que incumplan los tratados ambientales, incluido el Acuerdo de París.

Los pactos climáticos también pueden esgrimirse como armas en los tribunales. En enero, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente informó que existe “una oleada de demandas judiciales climáticas”: en 2020, se presentaron reclamos climáticos ante los tribunales de 38 países, frente a los 24 del año 2017.

En un caso legal histórico de 2019, los activistas le ganaron un juicio al gobierno holandés por no proteger a las personas del calentamiento global, y entre sus argumentos legales señalaron los compromisos asumidos por el país en el Acuerdo de París 2015. El tribunal ordenó al gobierno reducir rápidamente la emisión de gases.

“Hay veredictos de tribunales y jurisdicciones de todo el mundo que entienden que los objetivos del Acuerdo de París son legalmente exigibles”, dice Michael Burger, director ejecutivo del Centro Sabin para la Ley del Cambio Climático de la Universidad de Columbia.

Pero en última instancia, dice Burger, en cada país debe existir la voluntad política de cumplir con esas promesas.

“No hay organismo internacional o supranacional que pueda meterse y obligar a los gobiernos del mundo a hacer algo que no están dispuestos a hacer.”

Agencia Reuters

Traducción de Jaime Arrambide

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