La tragedia en el Canal de la Mancha dispara la tensión entre Gran Bretaña y Francia
Tras la muerte de 27 personas en el agua, el gobierno de Johnson presiona a Macron para reforzar el control de las costas francesas; cumbre en Calais para mejorar la cooperación policial y humanitaria
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PARÍS.– Llueven las acusaciones entre Londres y París tras la muerte de 27 migrantes que el miércoles intentaban llegar a las costas inglesas cruzando el Canal de la Mancha en un bote inflable desde territorio francés. Para tratar de salir de esa impasse, reforzada por el Brexit, ministros europeos y la Comisión Europea deben reunirse el domingo en la ciudad francesa de Calais.
Desde el naufragio de esa embarcación, en el que perdieron la vida 17 hombres, siete mujeres y tres menores, la conmoción no cesa de crecer tanto en Francia como en el Reino Unido. Y las declaraciones políticas se multiplican.
“Francia no dejará que La Mancha se convierta en un cementerio”, aseguró el presidente Emmanuel Macron. El primer ministro británico, Boris Johnson, se declaró a su vez “conmocionado, indignado y profundamente entristecido”. Ambos dirigentes aseguran querer “hacer más” para desalentar esas travesías ilegales, en momentos en que no paran de aumentar.
Para tratar de hallar una solución, y después de una reunión interministerial urgente realizada este jueves, el gobierno francés invitó a “los ministros encargados de la inmigración belga, alemán, holandés y británico, así como a la Comisión Europea, a un encuentro” este domingo en Calais para tratar “de definir el camino y los medios para reforzar la cooperación policial, judicial y humanitaria” con el objetivo de “luchar mejor contra las redes de traficantes” de seres humanos..
En el centro del debate: el llamado acuerdo de Touquet. Cuando lo firmaron, el 4 de febrero de 2003, París y Londres pensaban resolver la cuestión migratoria. El acuerdo establecía una cooperación transfronteriza que instauraba el desplazamiento de la frontera británica a territorio francés. En virtud de ese documento, París no puede dejar a los migrantes atravesar el Canal de la Mancha.
En 2008 se le sumó el tratado de Sandhurst, según el cual Gran Bretaña aceptó pagar unos 50 millones de euros anuales a su vecino francés para reforzar la protección y el control de las costas francesas. Paralelamente, Londres se comprometió a tratar con más rapidez los casos de aquellos migrantes elegibles a entrar legalmente a su territorio.
Cinco años más tarde, Francia estima haber hecho ampliamente su trabajo, asumiendo el papel de guardia de fronteras. No obstante, por razones de soberanía, París rechaza la propuesta británica de realizar patrullas conjuntas en las costas francesas, aunque no se niega la intervención de Frontex, el organismo de vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El Ejecutivo francés, que considera desplegar ya una cantidad considerable de medios, asegura que “el problema no es la falta de efectivos”.
Con más de 200 kilómetros de costas para controlar, sería de todos modos imposible impedir la botadura de absolutamente todas esas embarcaciones, una operación que toma apenas minutos.
“Es necesario actuar antes, contra las redes de traficantes”, afirman fuentes del gobierno francés. Es verdad, más de 1500 de esos coyotes –como se los conoce en América Latina– han sido detenidos este año. Después del naufragio del miércoles, fueron arrestados cerca de una decena. Pero París considera que se trata de “redes poderosas e internacionales, con conexiones en diferentes países europeos”. Precisamente, dos de los traficantes detenidos esta semana habían comprado en Alemania numerosos botes inflables utilizados para cruzar La Mancha.
“El principal objetivo es reforzar la cooperación europea en materia de lucha contra los traficantes”, insisten las autoridades francesas. Otros no piensan lo mismo.
“Poner el foco en las redes de traficantes no es razonable”, estima Matthieu Tardis, investigador en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). “Hace más de 30 años que esta dramática cuestión está sobre la mesa”, agrega. Especialista en migraciones, Tardis deplora la instrumentalización política de la inmigración, así como “el efecto de lupa sobre Calais”. “Es necesario reubicar esta cuestión en el marco de la inmigración global”, señala.
En junio de 2016, 51,89% de los británicos votaron a favor de una salida de la UE, con la promesa de que, con el Brexit, el Reino Unido retomaría el control de sus fronteras. En ese momento Europa se hallaba en plena crisis migratoria, y las imágenes de migrantes sobre las rutas del continente fueron agitadas como la peor amenaza para el país..
Por entonces, 85% de los partidarios del leave (partir) pensaban que el Brexit tendría un auténtico impacto sobre la inmigración. Cinco años después, según un sondeo del instituto Yougov publicado el 22 de noviembre, solo 22% coloca la cuestión de la inmigración y el asilo entre sus tres preocupaciones principales, después de la salud, la economía y el medioambiente.
En el terreno político, después del Brexit, el gobierno de Johnson enfrenta un dilema: el control de las fronteras exige pactos y cooperación en el plano internacional. Pero el acuerdo de Dublín, que permite enviar a los migrantes a su primer país de arribo en Europa, ya no se aplica a Gran Bretaña, y Londres no ha logrado ningún convenio que lo reemplace.
En su defecto, Johnson imaginó “externalizar” los migrantes hacia terceros países –como Ruanda, Albania o la isla de Asunción–, hasta que sus solicitudes de asilo sean examinadas. Por el momento, sin embargo, ningún compromiso en ese sentido ha sido firmado.
Numerosos responsables políticos franceses estiman que Macron debería denunciar los acuerdos de Touquet. “Hay que anular esos acuerdos que colocan la frontera británica en Calais, un territorio francés”, afirma Laurent Giovannoni, responsable del polo inmigración del Socorro Católico. Por el contrario, para Tardis “esa no es la solución”.
“Francia no necesita relaciones todavía más difíciles con Gran Bretaña”, dice. A su juicio, “es necesario negociar hasta obtener un acuerdo sobre las vías legales de acceso al territorio británico”.
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