Torturas y ejecuciones, el informe de Bachelet que desnuda al chavismo

CARACAS.- "Estoy profundamente preocupada por la magnitud y la gravedad del impacto en los derechos humanos de la crisis actual en Venezuela, que constituye además un inquietante factor de desestabilización en la región". Detalle a detalle, golpe a golpe, Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desnudó ayer la profundidad del daño que la revolución bolivariana ha ocasionado al país petrolero.

Torturas, ejecuciones, mentiras de Estado, el fracaso de la sanidad, el colapso de los servicios públicos y el reconocimiento de la emigración masiva detallados, uno a uno, en el informe preliminar de Bachelet, a quien hasta ahora se criticaba por su silencio. "Mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales", subrayó la expresidenta chilena, en clara alusión a los famosos colectivos paramilitares chavistas. Desde el uso excesivo de la fuerza hasta las torturas y los malos tratos, pasando por homicidios, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones, que forman parte del manual del terror puesto en práctica por la revolución.

"Seguimos investigando informes de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018 se informó que las FAES (fuerzas especiales de la policía) mataron al menos a 205 personas. Según informes, otros 37 fueron asesinados en enero de 2019 en Caracas", añadió Bachelet, haciéndose eco de la represión que rodeó la sublevación militar en Cotiza y las protestas que acompañaron la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado.

La alta comisionada no se dejó engañar por las cortinas de humo lanzadas por el gobierno: "Los asesinatos siguen un patrón similar. Durante los allanamientos ilegales de las FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas. Las víctimas vivían en barrios pobres y participaron en protestas antigubernamentales. Me preocupan especialmente los informes que indican que estas operaciones son una forma de represalia e intimidación".

La fuerza de estas acusaciones se multiplicó solo horas después, cuando el teniente Ronald Dugarte, huido de Venezuela, presentó en la sede de la OEA en Washington varios videos en los que se ve al capitán rebelde Juan Carlos Caguaripano negándose a desayunar porque orinaba sangre y ningún médico acudía a verlo. Otro coronel aparece de rodillas en la celda, con las manos atadas a la espalda y con los ojos vendados. Y así una sucesión de imágenes impactantes, que confirman las denuncias de los organismos de derechos humanos.

Vestido con su uniforme militar, Dugarte relató que los presos son torturados con descargas eléctricas, reciben golpes en zonas vitales, les inyectan sustancias desconocidas y los asfixian con bolsas de plástico. Es la pesadilla del siglo XX en el Cono Sur revivida en uno de los pocos países de la región que conservó los valores de la democracia cuando el resto de la naciones sufrían las embestidas de los dictadores.

Bachelet mantiene en Venezuela una comisión sobre el terreno que no solo certificó sus informes previos, sino que también chocó con lo que su jefa denomina la "reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia". Varios médicos que informaron a la delegación sobre las carencias hospitalarias fueron perseguidos, incluso agredidos por los paramilitares. "Es importante que mi equipo tenga acceso sin obstáculos, sin represalias contra ninguna persona que se haya reunido o intentado reunirse con ellos", precisó la funcionaria de la ONU.

Más allá de las violaciones a los derechos humanos, la radiografía expuesta por Bachelet delata parte de la tragedia venezolana: deterioro del sistema de salud, escasez de agua, de gas natural, crisis de los alimentos, colapso del transporte público y la hiperinflación "generan condiciones económicas extremas que provocaron miles de protestas sociales" y la "huida" de más de tres millones de personas.

Bachelet cree que el empeño del gobierno por desconocer lo que sucede en el país exacerbó las consecuencias, una sentencia con la que deja muy claro que no compra el relato revolucionario de "la guerra económica del imperio".

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