Habitantes de Gaziantep, la ciudad turca más castigada por el sismo del 6 de febrero, denuncian que los responsables de la construcción de ciertos edificios utilizaron materiales de baja calidad y “tienen las manos manchadas de sangre”
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Con una hoguera como única fuente de luz y calor en una cruda noche de invierno, una familia numerosa se sienta al borde de la carretera a esperar un milagro.
No llega. Llevan aquí nueve días y nueve noches, pero no han encontrado a sus seres queridos.
Este duelo personal se desarrolla entre los escombros de una de las calles más deseadas que el dinero puede comprar aquí.
“Esta es una de las zonas residenciales más lujosas de Gaziantep”, afirma el músico Yunus Emre, cuyo primo y su familia de cuatro miembros han desaparecido. “Los más ricos viven aquí. Esos pisos se venden por millones”.
Pero el precio de la vivienda en esta ciudad no significaba nada cuando se produjo el terremoto del pasado 6 de febrero.
“Estoy enfadado. Quiero llevar a alguien ante la justicia, pero no sé a quién”, afirma este joven de 28 años. Para él, muchos son culpables de lo que no es solo una tragedia nacional sino, con el derrumbe de tantos edificios, un escándalo nacional.
“Empieza con el contratista”, explica. “Utiliza material de construcción de baja calidad. Después viene la autoridad certificadora. Tienen las manos manchadas con la sangre de las personas que murieron aquí”, continúa y agrea: “No está bien culpar al contratista. Los que aprobaron este edificio son responsables junto con el gobierno y el Estado. No deberían haber firmado este proyecto de construcción en absoluto”.
El complejo de apartamentos Ayşe Mehmet Polat tiene 24 años de antigüedad. Cuatro de sus seis bloques se derrumbaron mientras otros edificios de alrededor se mantenían en pie.
Los residentes habían expresado su preocupación por la seguridad mucho antes de los temblores mortales de la semana pasada.
Acudimos a este lugar porque habíamos oído que habían detenido a un hombre del que se decía que era el contratista del edificio.
Más tarde nos dirá, a través de su abogado, que no hizo nada malo y que no debe asumir ninguna responsabilidad.
Pasamos tres días estudiando lo que ocurrió aquí el 6 de febrero. Cuando regresamos al complejo a la mañana siguiente, los servicios de emergencia nos revelan una cifra estremecedora: se sabe que 136 personas murieron en el complejo mientras dormían.
En la gasolinera de al lado, preguntamos si tienen grabaciones del momento en que se produjeron los terremotos.
Nos dan videos de cuatro cámaras distintas que muestran el horror. Primero, la violenta sacudida de las luces, segundos después, gente corriendo para salvar sus vidas antes de que, finalmente, una espesa nube de humo y polvo lo envolviera todo a su paso.
Los edificios vecinos se derrumbaron en cuestión de segundos.
Al salir de la gasolinera, nos llama la atención la pila de objetos personales que hay en el borde de la explanada.
Es un museo profundamente perturbador de vidas repentinamente extinguidas: tareas, muñecas, sartenes y fotos familiares.
Emel Filik, de 65 años, escudriña el montón y solloza desconsoladamente.
“Todo ha desaparecido”,nos dice.
Explica que su primo dormía en uno de los cuatro bloques destruidos y que nadie se responsabilizó de la seguridad del edificio.
“Una vez que empiezas a vivir en tu piso, no pasa nada. No hay inspección. El seguro contra terremotos y el seguro de propiedad tampoco funcionan. El ayuntamiento no hace comprobaciones. No existe la supervisión”.
Había preocupación por estos apartamentos, dice, y añade que la responsable de la asociación de vecinos -una mujer conocida como Selma- incluso había pedido a los vecinos que acudieran a una reunión para escuchar sus temores.
“Hace seis meses, Selma nos habló de los problemas del edificio. Nos dijo: ‘Queridos vecinos, nuestros edificios pueden derrumbarse al menor terremoto. Reforcemos los pilares. Si os falta dinero, el ayuntamiento podría ayudarnos con una solución más barata’. Celebró varias reuniones, pero no pasó nada”.
Encontramos un número de teléfono de Selma y nos confirma que celebró reuniones para expresar sus temores.
Pero, ¿deberían los residentes pagar para estar seguros en sus propias casas? Se trataba de una cuestión de integridad estructural, no de repintar paredes.
El director de la organización que representa a los arquitectos en Turquía, Eyüp Muhçu, nos dice que la responsabilidad última de garantizar la seguridad de los edificios recae en el gobierno turco.
“La prioridad del gobierno central no era hacer seguras las ciudades, sino ejecutar unos proyectos que solo estaban previstos para maximizar los beneficios. Por este motivo, el 65% del parque actual de edificios de Turquía está en peligro. Y no se ha aplicado ninguna medida con respecto a estas estructuras de riesgo”.
Después de que dos residentes nos contaran que había habido problemas potenciales en los bloques, intentamos averiguar si los responsables del edificio lo sabían y si hicieron algo.
La noche anterior, cuando llegamos por primera vez al bloque, un chico se nos acercó brevemente para contarnos que su padre había sacado a siete personas de entre los escombros con sus propias manos.
Parecía una historia extraordinaria, dada la magnitud de la destrucción que podíamos ver, pero no la deshechamos.
Y cuando oímos a otros hablar de la valentía de un hombre llamado Bahattin Aşan, decidimos seguirle la pista.
“Vi cómo el edificio giraba y se derrumbaba. Vine corriendo, estaba oscuro, llovía, había nieve y fui el primero en responder”, nos cuenta.
Bahattin Aşan trabajaba como guardia de seguridad en el complejo de viviendas.
Nos muestra un estremecedor video que grabó entre las ruinas humeantes, en el que llama a los atrapados. Algunos responden.
“Rescaté a siete personas yo solo. Fue como el Apocalipsis. Incluso ahora, mientras te cuento esto, sigo temblando”, dice.
Pero, ¿qué hay de esa supuesta preocupación por la seguridad de los edificios, le pregunto? ¿Lo vio él?
“En el estacionamiento, fui testigo de los defectos con mis propios ojos. Cuando tocaba las columnas de hormigón, se deshacían en polvo en mis manos, como si no fueran de hormigón. El hierro se oxidaba en las columnas, la lluvia dañaba y corroía el hierro”.
Cuando le pregunto a Bahattin Aşan si alguna vez lo denunció, insiste en que era evidente tanto para la dirección como para los residentes.
“Le decía a un amigo que si me dieran un piso aquí no lo aceptaría. No creía que las columnas fueran sólidas y que en un terremoto el edificio se derrumbaría”.
Pero el hombre señalado como el contratista, Mehmet Akay, afirma que el edificio cumplía la normativa en el momento en que se construyó.
Afirma que después de la construcción se instalaron en el edificio obras de alcantarillado y suministro de agua, y que estas u otras obras pueden haber dañado las columnas de soporte.
¿Cuántos otros guardias de seguridad y vigilantes de Turquía han expresado preocupaciones similares en un país situado en la encrucijada de placas tectónicas cambiantes?
La imagen inmediata que está surgiendo en este barrio de Gaziantep no es de encubrimiento o conspiración, sino de indiferencia o inacción.
Todo el mundo sabía que había un problema, pero nadie hizo nada.
Para el diputado de la oposición Garo Paylan, del partido HDP, con quien nos reunimos mientras visita este lugar, es indicativo de una negligencia criminal a escala industrial en la construcción y la supervisión turcas.
“Esto es un crimen. Esto es un pecado”.
Paylan acusa al gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan de no garantizar la seguridad de los nuevos edificios y de no reforzar los antiguos.
“Los científicos lo gritaban, este desastre se acerca, pero el gobierno no hizo casi nada. Avisamos a las ciudades, les advertimos que prepararan los equipos de rescate, pero no hicieron nada y vivimos esta catástrofe”.
“Dicen que es el destino. No, no lo es. En los países civilizados ocurren este tipo de catástrofes, pero muere menos gente. Pero aquí tenemos decenas de miles de personas bajo los escombros”, agrega.
Mehmet Akay, el hombre que, según las autoridades, era el contratista del complejo Ayşe Mehmet Polat, fue detenido el sábado 11 de febrero, cinco días después de los terremotos. Fue arrestado en el aeropuerto de Estambul cuando intentaba salir del país.
Los fiscales aseguran que él era el contratista, pero en respuesta a las preguntas que le hizo su abogado, Akay afirma que él era el coordinador de la construcción, pero no el contratista.
También rechaza las acusaciones de que se utilizaron materiales de construcción baratos.
En Gaziantep, pedimos una respuesta a la autoridad local, el municipio de Şehitkamil.
Su portavoz, Ahmet Aydın Sert, afirma que no se recibieron quejas sobre los edificios del complejo y que, por tanto, no se realizaron inspecciones. “Revisamos los registros y no encontramos irregularidades”.
El presidente Erdogan ha reconocido que la respuesta de emergencia a la catástrofe fue lenta en algunos puntos, pero ha instado a su pueblo a no escuchar a quienes acusa de politizar una tragedia.
Su gobierno niega negligencia y afirma que más de 98% de los edificios que se derrumbaron eran antiguos -como el complejo Ayşe Mehmet Polat- y construidos antes de que el partido gobernante llegara al poder.
No faltan quienes afirman que todos los países tienen el deber moral -si no legal- de proteger a sus ciudadanos, independientemente de la antigüedad de sus propiedades.
Y cuando los turcos acudan a las urnas en verano, decidirán por sí mismos quién puede garantizar mejor la seguridad de sus familias en sus propios hogares.
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