Tensión por el avión: tras una fuerte crítica de Venezuela a Uruguay, el gobierno de Lacalle Pou habla de un problema “político”

MONTEVIDEO.- “Lo de Venezuela es político, no técnico. Y no había ninguna razón humanitaria para permitir el aterrizaje”, señalaron fuentes del gobierno de Luis Lacalle Pou ayer a la noche a El País, luego de que la Cancillería de Nicolás Maduro emitiera un comunicado condenando la actitud de Uruguay de no permitir el pasado 8 de junio el aterrizaje del avión de esa nacionalidad con carga venezolano-iraní, el que luego debió ir hacia la Argentina, donde fue retenido por las autoridades aeronáuticas de ese país.

En el documento, que el gobierno venezolano hizo público, se “rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire (…) para hacer una escala técnica de abastecimiento”.

La tripulación, prosigue el escrito, “se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, en la Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación”.

Además, el gobierno de Maduro asegura que, una vez aterrizada en la Argentina, la aeronave contaba con 17.000 litros de combustible, “muy por debajo de lo recomendado por el Procedimiento Operacional estandarizado de Emtrasur, el cual está establecido en 20.000 litros”.

Las fuentes del gobierno uruguayo, sin embargo, advirtieron que con ese combustible la aeronave podía volar, “perfectamente”, durante una hora más. Además, señalaron que, cuando se autoriza el despegue de un avión, “esto se hace en virtud de que tenga el combustible suficiente para llegar a destino”. Y no solo eso: “También se debe fijar un aeropuerto alterno, al que debe tener combustible no solo para llegar, sino también para volar durante 45 minutos más”.

El vuelo

La aeronave en cuestión había ingresado a la Argentina el pasado 6 de junio, procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero retornó a Buenos Aires luego que esto se le impidiera.

Se trata de un Boeing 747 Dreamliner de carga, que fuera propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Venezuela, señala el comunicado, además que considera inaceptable lo ocurrido, exige a las autoridades del gobierno uruguayo explicaciones sobre este “terrible hecho”. También aboga por los “principios de seguridad, fraternidad y hermandad que han guiado históricamente las relaciones entre ambas naciones”.

“El gobierno de la república Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad aeronáutica internacional esta lamentable acción que pudo haber ocasionado una tragedia, pérdidas humanas y daños para ambas naciones, además de violar de manera flagrante las libertades del aire”, añade el texto.

Desde el gobierno uruguayo, sin embargo, señalaron a El País que se preguntó a la aeronave si había algún tipo de peligro o una “razón humanitaria” para tener que aterrizar, y que esto no fue constatado.

El escándalo del avión. Cómo expande Irán sus tentáculos por América Latina

Sospechoso. Las dudas detrás del escándalo del avión venezolano: “Demasiada gasolina gastada para llevar unos repuestos a la Argentina”

Llamativa coincidencia. En medio del escándalo, Irán envió otro avión que pertenecía a Mahan Air a Venezuela con "influencers"

Conforme a los criterios de

Conocé más

Mi Burrito Sabanero. La historia del niño venezolano que popularizó el villancico y no recibió “ni un bolívar partido por la mitad”

¿Continuará Maduro? Cuáles son los dos escenarios que se abren en Venezuela a partir del 10 de enero, según Machado

Hacia el Día D en Venezuela. Maduro extrema la represión y piensa en su nuevo mandato como punto de partida hacia un “sistema cubano”