Seguridad o libertad: el debate que llega a Europa desde EE.UU.

PARÍS.- Consternados por la masacre de los atentados de París, los gobiernos de Francia y Bélgica decidieron otorgarles atribuciones de "mano dura" a sus fuerzas de seguridad, empujando a Europa al mismo y acalorado debate que tiene a Estados Unidos en vilo desde el 11 de septiembre de 2001: ¿cómo equilibrar la lucha contra el terrorismo con la vigencia de las libertades civiles?

Con sus ciudadanos aturdidos y angustiados, y ante la creciente presión de la derecha política, los gobiernos de Bélgica y Francia dejaron en claro que, por el momento, la protección de sus ciudadanos se impone por encima de cualquier otra consideración.

Con el tiempo, Estados Unidos fue flexibilizando algunos de los puntos del Acta Patriótica, aprobada tras los ataques de 2001. También fortaleció los controles sobre las agencias de inteligencia y de vigilancia interna masiva tras las revelaciones de Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional que filtró documentos sobre espionaje.

Pero los países europeos golpeados por el terrorismo avanzan en otra dirección. Entre esas naciones se cuenta Francia, que este año sufrió múltiples ataques; Bélgica, donde vivían o crecieron varios de los atacantes de París, y Gran Bretaña, que en los últimos meses ya frustró varios planes de atentados.

Cada uno de esos países está fortaleciendo el poder gubernamental, mientras debaten la aplicación de mayores controles fronterizos dentro de Europa continental.

Desde los ataques de París, Francia apeló de manera drástica a los poderes que le otorga el estado de emergencia, por ejemplo las redadas contra potenciales sospechosos de terrorismo, como una forma de desbaratar la planificación de nuevos atentados.

Encontrar el equilibrio justo entre derechos individuales y medidas antiterroristas se ha vuelto cada vez más difícil en los 14 años pasados desde que Estados Unidos atacó a Al-Qaeda, en parte debido a la penetración de la tecnología digital y a las dudas que genera sobre el tema de la privacidad de las personas. Pero en los días que siguieron a los ataques de París, la reflexión al respecto ha sido escasa, ya que los países más afectados, Francia y Bélgica, se apresuraron a aplicar medidas y a modificar sus estructuras legales y constitucionales para otorgarle más flexibilidad al gobierno en la lucha contra esta amenaza.

Después de que el premier francés, Manuel Valls, advirtiera sombríamente sobre posibles ataques con armas químicas o biológicas, la Asamblea Nacional votó por 551 votos a favor, seis en contra, y una abstención, la prolongación durante tres meses del estado de emergencia declarado tras los ataques.

"El estado de emergencia ciertamente implica la restricción temporaria de algunas libertades", dijo Valls. "Pero si recurrimos a esta medida, es justamente porque hará posible que recuperemos todas nuestras libertades."

En Bélgica, el primer ministro, Charles Michel, dijo que apurará los cambios legales que faciliten la captura, juicio y castigo de los sospechosos de terrorismo. También afirmó que impulsaría cambios constitucionales para extender de 24 a 72 horas el lapso de tiempo en que los sospechosos pueden estar detenidos por la policía sin que se formulen cargos en su contra.

Fuera de control

El plan de Michel incluye el encarcelamiento de los jihadistas que regresen a Bélgica desde el exterior, y también prevé que cualquiera que sea considerado una amenaza deberá llevar un brazalete en el tobillo. El plan incluye la prohibición de la venta anónima de tarjetas SIM para celulares, que les permite a los terroristas ocultar su identidad. También prevé eliminar las restricciones horarias a las redadas contra los terroristas, y permitiría que las autoridades arresten o expulsen a líderes religiosos que "prediquen el odio".

Michel también quiere exigirles a todos los pasajeros de trenes de alta velocidad y de aviones que dejen constancia de su identidad antes de partir.

Jan Techau, director de la organización de estudios Carnegie Europe, con sede en Bruselas, opina que estas reacciones le parecen totalmente naturales.

"Ahora la actividad política se da en el frente doméstico: todo tendrá que ver con la seguridad interior", dice Techau. "La gente tiene la sensación de que las autoridades ya no tienen el control de la situación, y éste en un claro intento de los gobiernos para recuperar algo de esa confianza perdida."

Pero los defensores de las libertades civiles advierten que los gobiernos podrían excederse, y señalan que los países europeos tienen que tener sumo cuidado en que las medidas que tomen no se apliquen sólo a una clase de ciudadanos: los musulmanes.

Human Rights Watch advirtió que las autoridades deben asegurarse de que esas medidas no conduzcan a redadas indiscriminadas o a restricciones innecesarias a la libertad de expresión, de desplazamiento o de culto. "Como cualquier otro país, Bélgica tiene la responsabilidad de proteger a su pueblo de los ataques, pero sin pisotear los derechos básicos en el camino", dice Letta Tayler, investigadora de terrorismo y antiterrorismo de Human Rights Watch. "Cada vez que un país es atacado o amenazado, existe el peligro de que se exceda al querer defender a sus ciudadanos."

Traducción de Jaime Arrambide

Kamiko De Freytas Tamura y Steven Erlanger

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