Se agrava la crisis en Nicaragua: expulsan a misiones de DD.HH. de la OEA

MANAGUA.- El gobierno de Nicaragua expulsó hoy a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, dedicadas a investigar la violencia ocurrida durante los primeros días de las protestas contra el el presidente Daniel Ortega , informó la entidad.

La CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), comunicó que el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron suspendidos por, supuestamente, no cumplir sus objetivos.

El gobierno no se pronunció sobre el tema, pero la coordinadora del Meseni, Ana María Tello, aseguró que el canciller Denis Moncada les notificó que tienen que abandonar el país inmediatamente.

"El Estado de Nicaragua comunicó el día de hoy la decisión de suspender temporalmente la presencia del Meseni en el país y de visitas de la CIDH a Nicaragua a partir de esta fecha", dijo la CIDH en un comunicado. "Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del GIEI".

"La CIDH lamenta la decisión del Estado de Nicaragua y comunica que el Meseni seguirá funcionando desde su sede en Washington", agregó. "La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo una prioridad y reafirma su compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos".

La suspensión de las misiones del GIEI y Meseni se da un día antes de que el primero presentara su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua.

En octubre, el GIEI había criticado la falta de transparencia, independencia y autonomía del Ministerio Público para encontrar a los responsables de las muertes violentas ocurridas durante las protestas antigubernamentales.

Nicaragua atraviesa una de las peores crisis políticas desde que Ortega retomó el poder en 2007. Desde abril, miles han salido a las calles del país centroamericano para exigir la renuncia del mandatario, a quien acusan de comandar una "dictadura familiar" junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En los ocho meses de protestas antigubernamentales murieron por lo menos 322 personas y más de 500 fueron encarceladas, según organizaciones de derechos humanos. Y, en los últimos días, la situación se ha agravado con el cerco a periodistas y ONG críticas.

Agencia Reuters

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