Santos y Duque intensifican su pulseada política por un punto clave del proceso de paz
BOGOTÁ.- Los dos presidentes de Colombia , el entrante y el saliente, celebran hoy su primer encuentro tras la victoria electoral del derechista Iván Duque, con el objetivo inicial de articular la transición entre ambos gobiernos. Sobre la mesa de los diálogos de la Casa de Nariño se desplegará la hoja de ruta del "empalme" entre administraciones y, sobre todo, continuará una pulseada política inédita: la aprobación del reglamento de la justicia para la paz , uno de los aspectos más complejos de los acuerdos históricos con la guerrilla de las FARC .
El presidente Juan Manuel Santos y Duque llegan a la reunión conscientes de la intensidad de los tres días de duelo parlamentario, durante los cuales el bloque del uribista Centro Democrático, fortalecido por sus nuevos aliados, rechazó en dos votaciones la aprobación del procedimiento de la polémica Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tal como lo había reclamado su líder y bajo la dirección del expresidente Álvaro Uribe.
Distintos criterios políticos y velocidades, con Santos queriendo acelerar en su carrera contra reloj para preservar su legado, y con Duque en cámara lenta, contemporizando a la espera de la nueva Legislatura, donde tendrá todo el poder para introducir reformas al proyecto.
Pese a todo, el actual gobierno consiguió ayer una victoria parcial en la Cámara de Representantes al avanzar en la aprobación de este reglamento. El Parlamento colombiano es bicameral y necesita de la aprobación en el Senado y la Cámara para que el proceso siga adelante, por lo que el bloque gubernamental está decidido a convocar sesiones extras en la Cámara alta.
Ya lo avisó el propio Santos anteayer, al afirmar que "la paz debe estar por encima de los cálculos políticos". El jefe del Estado reiteró su llamado ayer desde Cartagena, al reclamar al Congreso que "apruebe el procedimiento de la jurisdicción de paz. Se lo debemos a las víctimas y a la comunidad internacional que tanto apoyo nos han dado".
El proyecto de ley, que formaría parte de las "correcciones" anunciadas por Duque en la noche electoral tras prometer que no haría "trizas" los acuerdos, permanece estancado cuando el antiguo Parlamento bicameral ya agotó su legislatura. Las nuevas cámaras, salidas de las elecciones legislativas de marzo, tomarán posesión a finales de julio con sus nuevas mayorías y con nuevos bloques, con un grupo cercano al presidente que sumará casi dos tercios del hemiciclo.
Se trata de una ley clave en el proceso judicial contra los exguerrilleros y los militares acusados de haber cometido delitos graves durante las décadas de conflicto civil en Colombia. Un tema complejo que se enrevesó más tras la detención del excomandante guerrillero Jesús Santrich, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y cuya extradición reclamaron las autoridades judiciales de ese país.
"La soberbia es mala consejera. Mientras Duque manda mensajes de unidad y reconciliación, su aplanadora en el Senado aplazó indefinidamente la reglamentación de la JEP. Aterrizaje duro para quienes creían que el voto del domingo era para constancias personales y no para el país", reclamó Claudia López, líder de los Verdes.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) reiteró ayer que modificar el pacto no solo es un imposible jurídico, sino también político.
En el bando victorioso el pasado domingo, se insiste en que las urnas dotaron al nuevo líder del Centro Democrático de la posibilidad de reconducir un proceso de paz que creen inconsistente. En su primera entrevista para un medio local, Duque usó lenguaje coloquial para definir la situación como un "chicharrón", que más allá de la fritanga de cerdo que tanto gusta en estas tierras significa algo así como un problemático enredo. El presidente, que tendió la mano a sus opositores, repitió hasta la saciedad durante las dos campañas que la Justicia especial necesita arreglos.
El bloque de la nueva mayoría basa su posición parlamentaria en que el país está a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la ley estatutaria de la Justicia, que siente las bases para la JEP, y sobre cómo deben trabajar sus magistrados. En cambio, Santos defiende que se trata de un pretexto, ya que "el acto legislativo tiene el aval constitucional".
En definitiva, un "chicharrón" muy colombiano, sobre todo si se tiene en cuenta que la JEP durmió un sueño de los justos durante un año y medio, tiempo durante el cual el bloque gubernamental se fracturó con la salida de Cambio Radical y se enredó en su propia burocracia.
"El bloque opositor busca la primera derrota de Duque ante la opinión pública, pero este es un cuento que viene de largo. El presidente Santos tuvo tiempo suficiente para aprobarlo y se demoró pese a contar incluso con la fast track (mecanismo legislativo que permite sacar adelante los proyectos por vía rápida)", reveló a LA NACION a el consultor político Francisco Miranda.
- Juan Manuel Santos, presidente colombiano: Antes de dejar el poder, el presidente intenta que el Senado convierta en ley el procedimiento de la jurisdicción de paz, que beneficiaría a los exguerrilleros y militares que cometieron delitos graves
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