Riesgos y recompensas: en los próximos meses podría definirse la presidencia de Biden
Tras una movida campaña de vacunación y numerosos incentivos, el presidente enfrenta el futuro de su millonario paquete de estímulo laboral si logra negociar con los republicanos y los demócratas más progresistas
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The Washington PostDan Balz
WASHINGTON.- El presidente Joe Biden regresó a Washington luego de su gira por Europa y ya se dispone a encarar las que podrían ser semanas decisivas de su mandato. Luego del comienzo ágil y relativamente exitoso de sus primeros 100 días en el cargo, Biden ahora transita los segundos 100 días, que lo pondrán cara a cara con algunas de las decisiones más determinantes de su presidencia.
En su agenda de las próximas semanas hay tres temas clave: la pandemia, la infraestructura y el derecho al voto. Estos asuntos dejarán expuesta la capacidad de liderazgo del presidente y las divisiones políticas aparentemente insalvables que existen en Estados Unidos, y revelarán si el consenso bipartidario es posible, o incluso conveniente.
Biden destacó el primero de esos temas el viernes, cuando se refirió al avance de la vacunación de la población contra el coronavirus y al camino que aún queda por recorrer. Hasta la fecha, más de 175 millones de estadounidenses recibieron al menos una dosis, y en los primeros 150 días de Biden en el cargo se administraron 300 millones de vacunas. Los nuevos contagios, las hospitalizaciones y las muertes se han reducido drásticamente.
Ese avance es indiscutible. Pero la cantidad de vacunaciones diarias se redujo considerablemente después de su pico, a comienzos de la primavera boreal, y el gobierno sigue atrasado en su objetivo de tener al 70% de los adultos vacunados con al menos una dosis para el 4 de julio.
Según la Casa Blanca, cerca del 65% de los adultos recibieron al menos una dosis y cerca del 55% ya recibieron el esquema completo de vacunación. Ya son 15 los estados y el Distrito Federal de Columbia que alcanzaron ese objetivo del 70%, pero muchos otros quedaron rezagados. Mientras tanto, la propagación de la variante delta, una forma más transmisible del virus surgida en la India, aumenta la urgencia de alcanzar o incluso superar el objetivo del 70% cuanto antes y finalmente lograr que haya la mayor cantidad posible de personas vacunadas por completo.
La administración sigue lidiando con disparidades demográficas en la distribución de vacunas. Los grupos que sufrieron de manera desproporcionada el golpe del virus, con mayor incidencia de casos y muertes –en particular los negros y los hispánicos– están siendo vacunados a un ritmo más lento que los blancos.
La política es otro obstáculo para la esperanza de Biden de alcanzar o superar el objetivo del 70% de adultos vacunados. Las encuestas de opinión pública revelan que entre los partidarios republicanos existe mayor oposición a ser vacunados que entre los demócratas. Las estadísticas estado por estado lo confirman. Todos los estados que la semana pasada llegaron o se acercaron al umbral del 70% votaron por Biden en 2020. Los estados con el porcentaje más bajo de adultos que recibieron al menos una dosis son los que apoyaron al expresidente Donald Trump.
El ritmo de las vacunaciones sugiere que, al igual que en muchos otros asuntos, Estados Unidos sigue y seguirá siendo dos países: uno con altos niveles de vacunación, y otro muy lejos de eso.
El segundo tema que enfrenta Biden es el futuro de su llamado Plan de Empleo Estadounidense, el colosal paquete de estímulo que incluye gastos tradicionales y no tradicionales en infraestructura. Las negociaciones se estiraron, pero hay razones para pensar que Biden logrará su objetivo si se muestra hábil en su estrategia con los republicanos y si logra persuadir a los demócratas más progresistas de encolumnarse detrás de un acuerdo bipartidista, con la promesa de lograr más concesiones a futuro.
El primer intento del presidente por encontrar puntos de diálogo con los republicanos no fue exitoso: sus negociaciones con Shelley Moore Capito, senadora republicana por Virginia Occidental, no llegaron a buen puerto, y Biden se retiró justo antes de su gira por Europa. Desde entonces, un grupo de senadores de ambos partidos acordó un plan diferente, por valor de cerca de un billón de dólares, menos de la mitad de lo que Biden propuso en un comienzo y diferente en el modo de financiamiento.
La gran pregunta es si el paquete consensuado obtendrá los 60 votos necesarios en el Senado. Hasta ahora, 11 republicanos dijeron que apoyarían la propuesta tal como está presentada. Pero Biden necesitaría el apoyo de la totalidad de los 50 senadores demócratas. Los legisladores demócratas más progresistas del Congreso, y sus aliados externos, se quejan por las limitaciones que observan en la propuesta acordada, están inquietos por la lentitud de las negociaciones y dicen que ya es hora de actuar.
La gran pregunta que enfrentan los progresistas es esta: ¿realmente queremos hacer fracasar un acuerdo bipartidista negociado por el presidente, sobre todo si tienen la opción de promover un segundo paquete bajo los términos de la reconciliación presupuestaria, que para ser aprobado solo requeriría de mayoría simple?
El senador Bernie Sanders, independiente, presidente del Comité de Presupuesto, trabaja en un paquete valuado en 6 billones de dólares, lo que significa que hay dos trenes paralelos a velocidades diferentes. El verdadero asunto es cómo Biden evalúa los riesgos y las recompensas, y si es capaz de satisfacer a la vez su deseo de un acuerdo bipartidista y sus ambiciones de resolver los problemas internos de su país.
Antes de cualquier cambio en infraestructura, el Senado tendrá que enfrentar el tema más conflictivo del calendario estival con el proyecto de ley For the People (“para el pueblo”). El descomunal proyecto establecería regulaciones para evitar manipulaciones en la delimitación de zonas electorales que favorezcan a un partido y para la celebración de elecciones federales en los estados (lapsos de votación anticipada, votación por correo, registro automático de votantes, entre otros), y otorgaría financiamiento para las elecciones bajo determinadas circunstancias.
Para los demócratas, la ley es una manera de contrarrestar los intentos de los republicanos de aprobar en las legislaturas de los estados ciertas medidas que restringirían el acceso al voto. Biden ha sido un crítico acérrimo de la legislación electoral impulsada por los republicanos y denominó algunas de esas leyes como “Jim Crow 2.0”, en referencia a las leyes de segregación racial promulgadas a fines del siglo XIX.
The Washington Post
Traducción de Jaime Arrambide
Por Dan Balz
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