Revuelo político por la citación de la infanta

MADRID.- La imputación de la hija del rey Juan Carlos I, la infanta Cristina de Borbón, por su presunta participación en un caso de corrupción sumió en el estupor a la clase política española.

A pesar de las diferencias que mantienen los principales partidos respecto de la monarquía y de su conveniencia -o no- de adaptar su funcionamiento al siglo XXI, las dos grandes fuerzas coincidieron ayer en su diagnóstico sobre este escándalo: la citación de la infanta Cristina "le hace mucho daño" a la imagen de España en el exterior. Un daño que, además, se ve agravado por el pésimo momento vivido por la economía del país, que no deja de contraerse ni de expulsar trabajadores del mercado laboral.

El primer funcionario del gobierno de Mariano Rajoy en expresar ayer su inquietud por la imputación de la séptima en la línea sucesoria del trono de España fue el canciller José Manuel García-Margallo. "Espero que el proceso de la infanta Cristina se sustancie con rapidez, porque no beneficia a la marca España", dijo el funcionario, que tiene a su cargo la misión de mejorar la deteriorada imagen de su país en el extranjero.

Poco después, el propio Rajoy manifestó que el Palacio de la Moncloa "respeta la decisión del juez Castro" de convocar en condición de imputada a la esposa del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que es investigado por el desvío de por lo menos seis millones de euros de fondos públicos a cuentas bancarias en paraísos fiscales. "Sería absurdo y preocupante que este gobierno no respetara la actuación del Poder Judicial", dijo.

Sin embargo, el presidente español se mostró dispuesto a renovarle su crédito a la monarquía, al remarcar que la segunda hija del rey aún está a tiempo de salir indemne de la polémica citación judicial. "Creo, como siempre, en el principio de presunción de inocencia", dijo.

Sin embargo, al ser consultado por la prensa, Rajoy desestimó que se hagan reformas profundas en la legislación vigente para regular el funcionamiento de la corona. Y, además, descartó de plano las versiones que daban cuenta de que se estudie retirarle los derechos dinásticos a la infanta. "No hay previsto hacer nada", señaló el mandatario.

Más alejado de las ambigüedades, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (del oficialista Partido Popular), no dudó en calificar la citación de la duquesa de Palma por una causa vinculada con malversación de fondos estatales como una "noticia malísima" para el país.

En la misma línea, la ministra de Fomento, Ana Pastor, fundamentó la preocupación oficial por la imputación de Cristina en el hecho de que la monarquía "es una institución muy importante" para España.

Desde la oposición, la preocupación también dominó el ambiente, aunque con reclamos de imparcialidad para la corona. Fue el caso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que le pidió a la Casa del Rey que "deje actuar a la Justicia para que haga justicia". El pedido, enunciado por la vicesecretaria general de esa fuerza política, Elena Valenciano, fue hecho en relación con el comunicado emitido anteayer por el Palacio de la Zarzuela, donde la institución manifestaba su "sorpresa" por la decisión del juez José Castro.

"Les pido a todas las instituciones, [en especial] el Parlamento, el gobierno y la Casa Real, que no tomen partido por la posición del juez que instruye el caso ni por la Fiscalía", dijo Valenciano.

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