Revés para la corona: la infanta Cristina no logró evadir el banquillo
Contra todos los pronósticos, la justicia dispuso que la hermana del rey Felipe VI debe continuar acusada como partícipe necesaria de dos delitos fiscales
LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- A la infanta Cristina de Borbón y Grecia se le esfumó ayer la última esperanza de evitar el humillante honor de ser la primera integrante de una familia real europea en ser juzgada por corrupción.
Contra todos los pronósticos, la justicia española dispuso que la hermana del rey Felipe VI debe continuar en el banquillo de los acusados como partícipe necesaria de dos delitos fiscales vinculados al fraude millonario al Estado que se le achaca, entre otros, a su marido, Iñaki Urdangarin.
La infanta se expone a una pena de hasta ocho años de prisión. Tendrá que someterse de aquí a por lo menos seis meses a largas sesiones en la sala de audiencias de Palma de Mallorca donde ya se sentó el 11 pasado -el rostro pétreo, la mirada perdida- cuando se inauguró el megajuicio por el caso Nóos.
Las tres juezas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares dedicaron 85 páginas llenas de tecnicismos a negarle a la infanta la aplicación de la "doctrina Botín", que libra de ser sometida a juicio a una persona investigada por evasión fiscal cuando ni la Agencia Tributaria Española ni la fiscalía la consideran culpable.
La decisión tomó por sorpresa a la defensa, que descontaba el éxito de su planteo. También al gobierno de Mariano Rajoy, que había trabajado de manera apenas disimulada para salvar a la infanta, y a la Casa Real, que pese a su incomodidad se limitó a declarar por enésima vez su "absoluto respeto por la independencia judicial".
La doctrina Botín se estableció en el contexto de una causa por evasión contra Emilio Botín, el fallecido presidente del grupo Santander. Después de pactar con el banquero un millonario pago voluntario, la Hacienda pública y el fiscal dictaminaron que no existía delito. El Tribunal Supremo estableció como jurisprudencia que no debe enviarse a juicio a un imputado si tanto el Ministerio Público como el damnificado directo coinciden en archivar el expediente.
Pero las juezas diferenciaron la situación de la infanta Cristina de la de Botín. Argumentaron que en este caso la Agencia Tributaria y el fiscal sí consideraron que había delito, aunque se lo achaquen a Urdangarin y exculpen a su esposa. Y consideraron válido que la acusación se sostenga en la querella presentada por un particular, el sindicato Manos Limpias, porque el delito de evasión "es pluriofensivo", es decir, no perjudica únicamente al erario público.
El 9 de febrero, cuando se reanuden las audiencias, la infanta volverá a entrar en la sala presidida por una foto de Felipe VI y se sentará en el banquillo: una silla plástica en medio de los otros 17 acusados por los negocios turbios del Instituto Nóos.
Al seguir bajo proceso, tendrá que someterse en algún momento al interrogatorio de las partes. Revivirá la durísima experiencia de 2014, durante la fase de instrucción, cuando declaró durante ocho horas frente al juez José Castro y se presentó como una esposa confiada que desconocía los manejos de dinero de su marido.
El caso Nóos estalló hace cinco años cuando Castro y el fiscal Pedro Horrach descubrieron una trama de contratos sospechosos entre gobiernos regionales y una "entidad benéfica" que presidía Urdangarin.
Lo que descubrirían con el correr de la investigación minó el prestigio de la monarquía e impulsó finalmente la abdicación de Juan Carlos I, padre de Cristina.
El Instituto Nóos ingresó más de seis millones de euros por organizar eventos relacionados con la promoción del deporte en Valencia, las islas Baleares y Madrid. Gran parte de los fondos terminó en cuentas particulares de Urdangarin y de su socio, Diego Torres, después de pasar por una red de empresas fantasma.
Una de las sociedades que aspiró dinero de esos contratos fue Aizoon, propiedad a medias entre Urdangarin y la infanta. Manos Limpias acusa a la hermana de Felipe VI de haber evadido impuestos y de haber intentado blanquear capitales mediante facturas falsas y gastos simulados de esa empresa.
El fiscal Horrach refutó enérgicamente la hipótesis tanto en la instancia previa como en la sesión inaugural del juicio, cuando presentó un nuevo informe de expertos tributarios que en teoría respaldaba su posición. Fracasó.
El abogado de la infanta, Miquel Roca, se mostró visiblemente enojado al conocer el fallo. Aunque la decisión es inapelable, anunció que presentará una protesta formal que deberá ser considerada antes de la sentencia. "Esta resolución se aparta de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo", dijo.
A Felipe VI la mala noticia le cae en medio de la misión más delicada de su reinado: las gestiones políticas para formar un gobierno en España después de las elecciones fallidas del 20 de diciembre. Ayer el rey se mostró sonriente en sus contactos con los líderes que pasaron por su despacho en el Palacio de la Zarzuela.
Pese a que se despegó hace tiempo de su hermana, sabe que el impacto del juicio sobre la imagen de la corona puede ser altísimo. Sobre todo si se ventilan presuntas maniobras de la Casa Real para beneficiar a Urdangarin antes de que la justicia pusiera la mira en el Instituto Nóos.
La infanta Cristina, de 50 años, esperaba la determinación sobre su futuro en Ginebra, a donde se mudó hace tres años para alejarse del escándalo. Permaneció recluida desde que salió de la primera jornada del juicio. De hecho, vivió un altercado en el vuelo que la llevaba a Suiza cuando unos periodistas intentaron fotografiarla y ella envió a sus custodios a impedirlo.
No podrá evitar las miradas ajenas mucho más. Le esperan incontables visitas al tribunal. El interrogatorio, incluso, será transmitido en vivo por televisión.
Los principales argumentos en su contra
Malversación
La hermana del rey está sospechada de haber escondido a Hacienda los beneficios procedentes de la malversación de ? 6 millones públicos presuntamente cometida por su esposo, Iñaki Urdangarin, pieza central del juicio iniciado el 11 de enero con 18 acusados
Perjuicio
El tribunal le dio la razón a la acusación popular y al juez instructor, que dictaminó la apertura de un juicio oral contra Cristina de Borbón, al argumentar que el fraude fiscal no perjudica únicamente a la administración pública, sino al conjunto de los ciudadanos
Acusación
Con esta decisión, el juzgado de Palma, que lleva el caso, admite la acusación del grupo Manos Limpias -que se presenta como acusación popular- en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la abogacía del Estado y los abogados de la infanta, que habían pedido el sobreseimiento
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