Reino Unido: revelan que en los 70 Isabel presionó al gobierno para ocultar un secreto millonario
Una investigación del diario The Guardian denuncia que en la década del '70 la reinaIsabel presión al gobierno británico, con éxito, para que cambiara un proyecto de ley con el fin de ocultar su riqueza privada al público.
Una serie de documentos a los que tuvo acceso el periódico, guardados en los archivos nacionales, confirman que el abogado privado de Isabel Windsor presionó a los ministros para que modificaran la legislación propuesta para evitar que sus participaciones accionarias fueran reveladas al público. Y así sucedió: tras el pedido de la reina, las autoridades sumaron a la norma una cláusula que exceptúa a las empresas utilizadas por los "jefes de estado" de las medidas de transparencia.
"El acuerdo se utilizó en efecto para crear una corporación fantasma respaldada por el estado que, según se entiende, ocultó las participaciones e inversiones privadas de la Reina hasta al menos 2011", afirman en el artículo los periodistas David Pegg y Rob Evans.
Según la investigación de estos dos periodistas, la evidencia de la presión ejercida por Isabel recae del uso de un procedimiento parlamentario conocido como "el consentimiento de la reina" y usado para influir secretamente en las leyes. A diferencia del procedimiento más conocido de asentimiento real, una formalidad que marca el momento en que un proyecto de ley se convierte en ley, este mecanismo requiere el consentimiento real antes de que el parlamento pueda aprobar el proyecto. Incluso requiere que los ministros avisen a la reina si la legislación afecta o no los intereses privados de la corona.
Si bien desde la casa real hablan de este procedimiento como una simple convención y hasta los expertos lo entienden como "un ejemplo opaco pero inofensivo" de los beneficios de la monarquía, los documentos a los que accedieron desde The Guardian sugieren que el proceso de consentimiento le permitió a Isabel y a sus abogados presionar en secreto para lograr cambios legislativos.
El registro
Según los papeles, en noviembre de 1973 la reina temía que un proyecto de ley para brindar transparencia a las acciones de la empresa pudiera permitir al pueblo británico averiguar todo sobre sus finanzas. En reacción a esto, envió a uno de sus abogados para presionar al gobierno y que hiciera cambios.
Matthew Farrer, entonces socio del bufete de abogados Farrer&Co, visitó a funcionarios del Departamento de Comercio e Industria para discutir las medidas de transparencia propuestas en el proyecto que buscaba evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones significativas en empresas que cotizan en bolsa mediante la adquisición de sus acciones a través de empresas fantasmas. En este marco la norma pedía que se revelaran siempre las identidades de los posibles compradores.
En esa reunión, de acuerdo con lo relevado por los periodistas, Farrer transmitió la objeción de la reina porque entendía que una decisión como esta revelaría sus inversiones privadas. Por eso se propuso que se eximiera a la corona. En este intercambio, en enviado de la reina advirtió asimismo que revelar información como esta sería "vergonzoso".
Semanas después de ese encuentro, desde el gobierno anunciaron la modificación en beneficio de la corona, aunque sin explicitarlo. La nueva clausula dejaba por fuera de esta obligación de declarar las identidades de sus accionistas a ciertas empresas del requisito y así dejaba a salvo la fortuna privada de Isabel. Aunque también beneficiaba a varios más.
Hasta hoy la verdadera magnitud de la riqueza de la reina nunca se reveló, aunque sí se estimó en cientos de millones de libras.
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