Recrudece una batalla de medio siglo: el aborto volvió a la Corte Suprema de EE.UU.

WASHINGTON.- El aborto volvió a la Corte Suprema de Estados Unidos, casi cuatro décadas después de que el máximo tribunal garantizara ese derecho. Los nueve jueces de la Corte escucharon los argumentos orales en dos demandas que buscan tumbar la ley de Texas, que puso en jaque la garantía legal que han tenido las mujeres en la primera potencia global para poder interrumpir un embarazo. El gobierno de Joe Biden, que presentó una de las demandas a esa ley en los tribunales, afirmó que ningún derecho constitucional estará a salvo si la legislación texana perdura.

El retorno del aborto a la Corte del país llevó de regreso al más alto tribunal del país una batalla cultural y política que Estados Unidos ha librado durante ya más de medio siglo, y que este año ha recrudecido luego de que Texas implementó una de las leyes más restrictivas jamás vistas.

Desde que esa ley fue promulgada, cualquier ciudadano de Texas puede denunciar a un médico o a cualquier persona que haya realizado o colaborado en un aborto si se realizó después de que se detectó un “latido fetal”, un límite que, en los hechos, implica prohibir la interrupción de un embarazo luego de seis semanas de gestación, o nueve de cada diez abortos legales en el estado, según advirtieron activistas. Texas no permite excepciones por violación, incesto, abuso sexual o embarazos inviables.

Varios estados han aprobado leyes similares, pero Texas es el primero que logra implementarla, uno de los avances más contundentes contra el aborto en casi medio siglo. El motivo es que el estado de Texas no se encarga de aplicar la ley, sino que habilita a sus ciudadanos a hacerlo a través de demandas. Más aún, una persona puede llegar a cobrar 10.000 dólares por denunciar un aborto, una “recompensa” que además debe ser abonada por la persona demandada. Esa provisión hizo que fuera mucho más difícil obtener una medida cautelar en la Justicia para frenar la legislación.

Promesas y derechos

Apenas comenzó a aplicarse la nueva ley, Biden prometió “proteger y defender” el derecho de las mujeres a abortar. A principios de septiembre, el Departamento de Justicia presentó una demanda en la Justicia para que la Corte declare la ley inválida e inconstitucional. La Corte escuchó este lunes los argumentos de ese y otra demanda más sobre la misma ley.

Elizabeth Prelogar, la procuradora General del gobierno de Biden, dijo que “ningún derecho constitucional” estará a salvo si la Corte permite que la ley de Texas perdure.

Tal como suele ocurrir cada vez que la Corte Suprema escucha un caso de alto interés público, las preguntas de los magistrados del tribunal dieron lugar a lecturas y conjeturas acerca de hacia dónde podía ir la decisión de la Corte. Desde que la interrupción del embarazo quedó garantizada en todos los estados tras un histórico fallo de la Corte, en 1973, en una demanda conocida como “Roe vs. Wade”, el tribunal ha tomado otros casos que intentaron revertir ese fallo, pero fracasaron. Pero ahora la Corte tiene seis magistrados conservadores luego de que Donald Trump logró cubrir tres vacantes durante sus cuatro años en la Casa Blanca, y quebró el balance ideológico del máximo tribunal.

A pesar de esa mayoría conservadora, que alentó las esperanzas de la derecha en Estados Unidos de revertir la legislación sobre el aborto, las preguntas y los comentarios de los magistrados durante la audiencia parecieron indicar que al menos tres jueces conservadores –John Roberts, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett– estarían dispuestos a fallar en contra de la ley de Texas. Los tres jueces progresistas del tribunal ya han mostrado con decisiones anteriores que se oponen a la ley. Hace dos meses, la Corte Suprema invocó razones procesales para negarse a bloquear la entrada en vigor de la ley por una estrecha mayoría de 5-4.

“Hay una laguna legal que ha sido explotada o utilizada acá”, indicó Kavanaugh al procurador general de Texas, Judd E. Stone. El juez de la Corte pareció preocupado con las ramificaciones del lenguaje legal utilizado para la ley de Texas, que fue diseñada específicamente para resistir una ofensiva en los tribunales federales. La magistrada progresista Elena Kagan cuestionó que “algunos genios” hayan inventado este dispositivo como una forma de “evadir” el principio de que “los estados no deben anular los derechos constitucionales federales”.

El fallo de la ley de Texas apunta además a sentar un precedente para otras leyes similares que ya han sido aprobadas en estados republicanos del país, y también enfrentan demandas en la Justicia. Una docena de otros estados han adoptado leyes similares, pero todas han sido declaradas inválidas en los tribunales porque violan la jurisprudencia de la Corte Suprema.

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