Rajoy y la cúpula del PP, en la mira de la justicia por el caso de los sobresueldos

MADRID.- El escándalo por el pago de sobresueldos a la cúpula del Partido Popular (PP), que esta semana puso en jaque al presidente Mariano Rajoy , quedó ayer en la mira de la justicia española. La creciente presión, que se suma a los reiterados reclamos de la oposición, obligó al mandatario a anunciar que se pronunciará esta misma tarde sobre las sospechas de corrupción en su contra.

En una tensa jornada, en la que se conocieron nuevos datos sobre donativos recibidos en forma irregular en el pasado por altos cargos de la actual administración española, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, afirmó que "hay material de investigación" para iniciar una causa judicial contra todos los sospechosos de percibir ingresos en negro. Así, los dirigentes del PP, con Rajoy y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal a la cabeza, podrían ser citados a declarar próximamente, y comprometer así seriamente la reputación y estabilidad del gobierno.

"Si nosotros llegamos a la conclusión de que su testimonio es esencial para esclarecer los hechos, que son de naturaleza delictiva, no dude que serán convocados", señaló el fiscal a la prensa española.

Torres-Dulce también avanzó sobre cuáles serían los primeros pasos en una eventual investigación de este caso. "Se parte de la presunción de inocencia, pero habrá que examinar todo tipo de documentos, recibir declaraciones a aquellos que de alguna forma puedan tener una condición de imputados, y al resto como testigos", señaló en referencia a un escenario que el PP intenta evitar desesperadamente por estas horas.

El funcionario afirmó que el proceso judicial se desarrollará "de una manera absolutamente abierta" y "con todas las garantías".

El cerco judicial sobre el oficialismo se cerró aún más cuando también la Fiscalía Anticorrupción afirmó horas más tarde que ya inició una "investigación propia" para determinar "la posible existencia de una caja B del Partido Popular".

"El gobierno es una cosa y los partidos son otra", fue la defensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ayer, al término del consejo de ministros.

La fuerte polémica, que desató encendidos pedidos desde la oposición para que Rajoy renuncie al cargo junto con todo su gabinete, se profundizó ayer al publicarse un informe policial muy comprometedor para uno de los miembros más sobresalientes del gobierno. De acuerdo con un reporte difundido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, recibió a principios de la década pasada cerca de 62.000 euros en circunstancias poco claras, con los que financió viajes, artículos suntuarios y fiestas de cumpleaños.

El misterioso donativo, que incluye dos costosas carteras de Louis Vuitton, cuenta con una agravante: de acuerdo con la investigación, proviene del llamado "caso Gürtel". Así se conoce en España al escándalo judicial que vincula a encumbrados miembros del PP con empresarios acusados de recibir contratos oficiales a cambio de prebendas. Y la relación, ahora habilitada, entre el "caso Gürtel" -por el que ya hay varios ex alcaldes y dirigentes del oficialismo imputados- y la controversia por el cobro de sobresueldos es una pesadilla contra la que el partido y el gobierno tratan de luchar contra reloj. En especial porque el ahora ex marido de Mato, Jesús Sepúlveda, también fue imputado en esa causa, en su calidad de ex alcalde del suburbio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

Rajoy, que según los manuscritos de la "contabilidad B" del PP, difundidos anteayer, habría cobrado 25.200 euros anuales de sobresueldo durante 11 años, guardó silencio desde el comienzo del escándalo. Recién hoy hará su descargo a través de un discurso programado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Rajoy se vio presionado a declarar luego de que De Cospedal, que negó "tajantemente" la "veracidad" de las pruebas manuscritas de los sobresueldos en negro, no lograra aplacar el torbellino desatado por el mayor escándalo del gobierno en 13 meses de gestión. La contundencia que buscó la "número dos" del PP en su negativa resultó debilitada por el presidente del Senado, Pío García Escudero. El legislador oficialista reconoció que la "contabilidad B" registra correctamente en su caso los movimientos correspondientes a un "préstamo" que solicitó a la tesorería de esa fuerza.

Del editor: cómo sigue.

Conforme a los criterios de

Conocé más