Quién es el juez Alexandre de Moraes, el adversario implacable de Bolsonaro que prometió castigar a “todos los responsables” del levantamiento

Las autoridades brasileñas investigan el peor ataque a las instituciones del país desde que se restableció la democracia hace cuatro décadas, y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva prometió llevar ante la justicia a los responsables del levantamiento.

El primer gran movimiento en esa dirección ya fue hecho. El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenó el domingo la destitución del gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por un período de 90 días, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por “omisión” de sus funciones y “connivencia” con los asaltantes, y este martes declaró que “las instituciones castigarán a todos los responsables”.

“Las instituciones castigarán a todos los responsables. Los que llevaron a cabo los actos, los que los financiaron, los que los alentaron, por acción o por omisión”, anunció durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, según informó O Globo.

Sus declaraciones podrían interpretarse como un mensaje para el expresidente, Jair Bolsonaro, con quien ha mantenido una tensa relación durante sus años de gobierno y quien permanece en Orlando, Florida, desde antes de la ceremonia de investidura de Lula. A lo largo de su gestión, el entonces presidente arremetió contra los jueces del STF por iniciar investigaciones en contra suya y de algunos aliados. En reiteradas ocasiones señaló a de Moraes, que presidió la autoridad electoral durante los comicios, y en un momento dado puso a Brasil al borde de una crisis institucional al amenazar con desobedecer cualquier fallo suyo.

“Cualquier decisión de Alexandre de Moraes, este presidente no la cumplirá más. La paciencia se agotó”, amenazó el mandatario ultraderechista ante seguidores, algunos de los cuales pedían prisión para los jueces del STF, con Moraes como blanco principal.

Moraes asumió en agosto pasado la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), una institución que fue clave para los comicios del 2 de octubre, cuyos resultados Bolsonaro aseguró que podían ser fraudulentos, lo que le valió la inclusión en la llamada “investigación de las fake news”, sobre falsedades y amenazas contra ministros del Supremo.

La incorporación de Bolsonaro en la causa se produjo a pedido del TSE después de que éste cuestionara públicamente la fiabilidad del proceso electoral. De Moraes, ministro de ese tribunal, atribuyó al entonces presidente “un discurso de odio y contrario a las Instituciones, al Estado de Derecho y a la Democracia”. El caso debe seguir su curso reservado en el Supremo.

El expresidente criticó la investigación sobre noticias falsas diciendo que es ilegal, porque funciona sin participación del Ministerio Público. “Alexandre de Moraes abrió una investigación de mentira, acusándome de mentiroso. Es una acusación muy grave. Más aún en una investigación sin base jurídica. No puede comenzar por él. ¿El abre, investiga y castiga? Sin comentarios”, dijo entonces Bolsonaro en la radio Jovem Pan.

Calvo, de 53 años y un gesto adusto que le ha valido el apodo de “Robocop”, Moraes llegó al STF en 2017, indicado por el entonces presidente Michel Temer (2016-2018), de quien fue ministro de Justicia.

Como ministro, Moraes ya soñaba con ser juez del STF, cuenta un reportaje de la revista Piauí de julio de 2021. Sus compañeros de tribunal destacan su buena interlocución con políticos y un pragmatismo que le permite mantener abierto un canal de diálogo con las Fuerzas Armadas.

Profesor de Derecho de la Universidad de San Pablo, el juez comenzó su carrera como fiscal de dicho estado a los 23 años.

Antes de llegar a Brasilia, ya era conocido por su línea dura.

Como secretario de seguridad de San Pablo del exgobernador Geraldo Alckmin, actual vicepresidente de Brasil, fue acusado de ser implacable en la represión de movimientos sociales.

Cerco a bolsonaristas

La animosidad de Bolsonaro con De Moraes no es casual. Además de haber ordenado la retirada de contenido falso en plataformas digitales, allanamientos y prisiones de bolsonaristas, inclusive la del diputado Daniel Silveira, condenado por promover actos antidemocráticos y luego indultado por Bolsonaro, en sus manos están varios procesos que comprometen al ultraderechista.

Entre ellos, la investigación por diseminación de informaciones falsas y amenazas a magistrados, así como la supuesta interferencia de Bolsonaro en la Policía Federal para proteger a sus hijos, acusados a su vez de varios delitos de corrupción.

Cuando se convirtió en blanco de Bolsonaro, el juez casi no dialogó con periodistas y mantuvo sus decisiones bajo estricto hermetismo, reveló a la AFP un funcionario con despacho en el STF. Pero convirtió su cuenta de Twitter en un espacio para marcar posición sobre asuntos candentes de la vida brasileña.

Luego del intento de golpe el domingo, De Moraes publicó: “Se responsabilizará a los despreciables atentados terroristas contra la Democracia y las Instituciones Republicanas, así como a los financistas, instigadores, ex y actuales agentes públicos que continúen en la realización ilícita de actos antidemocráticos. ¡El Poder Judicial no faltará en Brasil!”

Mientras Bolsonaro fue presidente, el fuero privilegiado garantizaba que solo fuera objeto de investigaciones criminales con autorización del STF. Sin embargo, al terminarse el fuero especial de Bolsonaro, la Policía Federal puede indagarlo sin autorización del Supremo, las investigaciones que hace la Procuraduría General pasan a niveles inferiores del Ministerio Público y los procesos en el TSE van a cortes de las regiones donde hubo sospechas.

Además, solo podía ser denunciado a la justicia por la Procuraduría General de la República (PGR), previa autorización de la Cámara de Diputados y el STF era el único tribunal que podía juzgarlo.

Ahora, en cambio, Bolsonaro puede responder de nuevo ante la justicia común y cualquier fiscal puede presentar cargos en su contra, que serán analizados por jueces de primera instancia.

Agencia AFP y AP

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