Quién es Caryslia Rodríguez, la militante chavista que encabezó el aval del Tribunal Supremo a la reelección de Maduro
La presidenta de la Sala Electoral del TSJ anunció la convalidación de los cuestionados resultados anunciados por el CNE, a pesar de que no se mostraron las actas y en medio de denuncias de fraude
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LA NACION
CARACAS.- Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, fue la encargada de validar este jueves la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A pesar de las acusaciones de fraude y la falta de publicación de las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rodríguez afirmó que los magistrados del tribunal certificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados electorales.
“Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación. Estas actas mantienen plena coincidencia con la base de datos de los Centros Nacionales de Totalización”, indicó Rodríguez al leer la sentencia, aunque sin presentar dichas actas.
Caryslia Rodríguez no es una figura nueva en la esfera política venezolana. Antes de asumir su rol como magistrada de la Sala Electoral del TSJ en abril de 2022, Rodríguez fue una activa militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y desempeñó varios cargos políticos clave.
Fue exalcaldesa encargada de Caracas entre agosto y noviembre de 2021, en sustitución de Erika Farías, y previamente presidió el Consejo Municipal de Libertador, uno de los distritos más importantes de la capital venezolana.
Durante su gestión municipal, Rodríguez brindó una entrevista al sitio Ciudad CCS, donde se definió como “una mujer profundamente comprometida con las tareas que delega la Revolución” y expresó su lealtad tanto al comandante Hugo Chávez como al presidente Nicolás Maduro, además de su compromiso con los proyectos para la construcción del socialismo.
Rodríguez, abogada graduada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993, con una maestría en Derecho Penal Militar y una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación, ha estado directamente vinculada al chavismo durante gran parte de su carrera.
En un antiguo video que resurgió en las últimas semanas, se la observa liderando un mensaje dirigido a los militantes oficialistas, instándolos a apoyar al presidente en unas elecciones primarias. “Militante del partido socialista unidad de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente, Nicolás Maduro”, dice en el video.
En abril de 2022, la Asamblea Nacional, con mayoría abrumadora del oficialismo, la nombró magistrada de la Sala Electoral y a comienzos de año asumió la presidencia del tribunal, donde predominan juristas vistos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas.
Historial de decisiones controvertidas
La trayectoria de Rodríguez en el TSJ ha estado marcada por decisiones que han favorecido consistentemente al gobierno de Maduro. Un ejemplo significativo fue la sentencia que anuló la victoria opositora en las elecciones de Barinas en 2021, lo que llevó a la repetición de los comicios y la inhabilitación del ganador opositor.
Además, en 2023, Rodríguez jugó un papel crucial en la sentencia que dejó sin efecto las elecciones primarias de la oposición, donde resultó electa María Corina Machado, quien posteriormente fue inhabilitada por el mismo tribunal.
Rodríguez ha sido criticada por la ONG Acceso a la Justicia, que alertó sobre los peligros de la partidización de la justicia en Venezuela. La ONG sostiene que la Constitución del país prohíbe a los magistrados participar en actividades políticas, algo que, en su opinión, Rodríguez ha incumplido repetidamente a lo largo de su carrera.
Según esta ONG, casi todos los miembros de la directiva del TSJ tienen “probados nexos” con el PSUV, lo que cuestiona la imparcialidad de las decisiones judiciales en el país.
El día que Maduro fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales, en medio del revuelo internacional por las denuncias de fraude, el TSJ de Venezuela salió a felicitarlo públicamente.
“Felicitamos al Jefe de Estado Nicolás Maduro por su reelección para el periodo presidencial 2025-2031. El Poder Judicial felicita al pueblo venezolano por desarrollar un proceso electoral en paz, transparente, eficiente, auditable y ejemplo en el mundo”, decía un tuit e la cuenta del órgano, en el que Rodríguez estaba etiquetada. Ella luego retuiteó el mensaje.
Denuncia de fraude
La Sala Electoral del Tribunal abrió un proceso a pedido de Maduro para realizar el peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un supuesto “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación. En ese sentido, la magistrada señaló que “se evidenció un ataque cibernético”.
Rodríguez previamente afirmó que la sentencia que se emitiese tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable y de “obligatorio acatamiento”.
Maduro fue declarado vencedor por el CNE, donde el oficialismo es mayoría desde hace más de dos décadas, aunque el organismo no ha publicado hasta el momento las actas con los resultados a pesar de las crecientes exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que sean divulgadas detalladamente.
El Tribunal anunció que remitirá de manera urgente a la Fiscalía General una copia de la sentencia con el fin que se incorpore a la investigación penal que adelanta para “determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada a la población”. Rodríguez señaló que la acción penal es “en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados” en un sitio web difundido por la oposición, en el que dieron a conocer las actas electorales que mostraban a González como ganador.
Rodríguez señaló, sin dar detalles, que González fue el único de los 10 candidatos presidenciales que no atendió la citación del Tribunal, desacatando” el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en la ley”.
Agencias AP y AFP
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