¿Quién debería financiar la lucha contra el cambio climático? Un debate que año a año no encuentra respuesta

Uno de los temas más sensibles que se están discutiendo durante la COP28 en Dubai es como financiar la acción climática, un tema especialmente sensible y que genera polémica entre los países ricos y los que están en vías de desarrollo

Matías Avramow

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DUBAI.- Financiar la acción climática es quizás uno de los más grandes retos, sin embargo, durante las negociaciones en esta conferencia del clima (COP28) es también uno de los temas que menos avanzan. Especialmente cuando la discusión gira en torno a quién tiene que dar ese dinero, cómo se va a obtener, quién puede recibirlo y en qué se va a usar, el diálogo entre las partes o países se torna áspero.

Tanto la Argentina como la mayor parte de los países en vías de desarrollo han puesto al financiamiento como una de las principales banderas de lucha. Y es que lo requieren para todo: invertir en la transición energética, desarrollar formas de sobrellevar las olas de calor, reconstruir las casas derrumbadas por alguna crecida… toda acción climática necesita dinero.

Y no es una discusión nueva. Tan solo hay que retroceder 14 años para recordar que fue en la COP15, en Copenhague, donde los países desarrollados -bajo presión del resto- determinaron por primera vez que se daría dinero para financiar la acción climática. Pero no sería para cualquier país, ni tampoco sería cualquiera el que lo proveería.

Desde aquella época, previo al famosísimo Acuerdo de París, se pensaba con amplio consenso que los países más industrializados serían los responsables principales de financiar la acción de todos aquellos países en vías de desarrollo. Y esa conclusión no llegó por una cuestión de filantropía. Todo recayó en los números y en la ciencia.

Y lo que se sabía -y se sabe- es que naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña y todos los países de la Unión Europea son responsables históricos de la principal causa de la crisis climática: las emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras, no solo es lo que se contamina ahora, sino lo que se contaminó durante los últimos 150 años.

Bajo esa lógica, países de América Latina y el Caribe, como también de África, de las islas del Pacífico, e incluso China o India, serían las acreedoras de un financiamiento especial que, a partir de 2010, se otorgaría y distribuiría para dos rubros particulares: mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Fue la primera vez que se escuchó la promesa de crear un fondo de 100.000 millones de dólares anuales hasta el 2020… aunque desde el primer momento de ejecución llegó solo una parte del dinero.

El primer año juntó poco más de la mitad, el segundo hubo un ligero ascenso, pero nunca llegaron a la meta. Fue tal la falta de compromiso que incluso, ya firmado el Acuerdo de París en 2015, se acordó renovar las metas del 2020 al 2025. A pesar de que hubo un poco más de recaudación, la tendencia se mantiene. No hay dinero suficiente.

La brecha en el financiamiento

Para entender la discusión sobre el financiamiento hay que partir que de entre las 198 Partes que negocian en la COP28 hay brechas. Unos países emiten más que otros, también, ganan más dinero que los otros, y además, están mejor preparados para hacer frente a la crisis climática.

Según la OCDE, para 2025 los países en vías de desarrollo necesitarán un billón de dólares anuales para financiar su acción climática y cumplir las metas a 2030 del Acuerdo de París. Y aun llegando a ese número, la distribución debería ser equitativa, cosa que tampoco sucede. Lo peor de todo es que, conforme pasa el tiempo, los costos van en aumento.

Según el mismo organismo, el financiamiento climático, incluyendo donaciones privadas, fondos públicos multilaterales y bilaterales, privado y servicios de exportación de carbono, beneficia sobre todo a los países de mediano ingreso (70%), después el de bajo (9%) y finalmente los de alto (3%). También hay una diferencia en qué tipo de acción climática se implementa. La mitigación de gases de efecto invernadero se lleva el 60% a nivel mundial, un 27% adaptación, y un 13% que pueden incluir las dos cosas a la vez.

Esto quiere decir que los países más pobres, que además son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, son de los que menos financiamiento reciben. Y aun recibiendo dinero, tendrían una minúscula porción para adaptarse, algo que en América Latina y el Caribe debería ser una prioridad. “Pero en la región la distribución es aún más desigual. Alrededor del 10% va a adaptación y el 80-85 a mitigación”, detalla Sandra Guzmán, coordinadora general del Grupo de Financiamiento para América Latina y el Caribe.

Pero no es solo esa brecha la que existe en nuestra región si hablamos de financiamiento para la acción climática. Según el último reporte de este grupo liderado por Guzmán, son los países con PBI más alto de la región -Brasil, México, Argentina y Colombia- los que reciben mayor financiamiento multilateral y la mayor parte de los fondos son en realidad préstamos otorgados especialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Verde del Clima (GCF), El Fondo de Inversión Climática (FIC), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Guzmán explica que esto se debe principalmente a que el problema no es solo la cantidad de dinero recaudada, sino el acceso al mismo. “Fondos como estos piden requerimientos que muchas veces los países latinoamericanos no pueden cumplir. Cómo tener una oficina específica que se dedique a preparar la documentación necesaria para los trámites. Es un papeleo y una burocracia inmensa. Y esto empeora aún más si hablamos de adaptación. Entonces tienes a países muy pequeños con conflictos o con un equipo más pequeño en el gobierno y baja la posibilidad de recibir financiamiento”, añade Guzmán.

Aquí es donde empiezan a surgir opciones como las que han propuesto gobiernos como el argentino, barbadense o colombiano, como los mercados de carbono, el canje o cancelación de deuda por naturaleza o acción climática, impuestos verdes y restructuración de los organismos multilaterales. No obstante, aún está todo en fases preliminares o ni siquiera se ha terminado de discutir. Hay muy pocos ejemplos concretos para determinar que alguna de estrategias podrían aliviar sustancialmente al territorio latinoamericano. En la primera semana, el financiamiento fue uno de los puntos que quedaron detenidos en los debates de las partes. Aunque uno de ellos parece escucharse con más fuerza en los pabellones de la COP28.

Un cambio radical en los mecanismos de financiamiento

De todas las opciones disponibles, la reestructuración de los organismos multilaterales es una de las que más se trata de poner en agenda. Este plan no solo busca que se dirija más dinero del que hoy otorga, sino que también pretende que lo haga de la forma más efectiva posible: más velocidad a la hora de otorgarlo, tasas más bajas de interés y sobre todo desarrollar mecanismos desde la necesidad.

Una iniciativa encabezada por Mía Mottley, la primera ministra de Barbados y el experto en finanzas, Avinash Persuad, parece ser la que más fuerza tracciona. El nombre de este programa es “Iniciativa Bridgetown”.

“Esta iniciativa fue creada para presionar a los organismos multilaterales de financiamiento a poner la crisis climática como un tema transversal para todos sus préstamos, y que consideren las verdaderas condiciones de los países que los necesitan”, sintetizó Persuad en conferencia de prensa. Buscan una completa reestructuración de estas instituciones en favor del sur global, y de la crisis actual. Pero esto no es algo que solo ha pensado desde esta iniciativa.

Desde la pandemia que los organismos multilaterales han tenido reuniones bianuales -una en abril y una en octubre- para discutir una nueva forma de funcionar. Le llaman “pathway reform”. Allí es donde la Iniciativa Bridgetown pretende incidir, en lograr poner como eje transversal a la crisis climática, y ahora, no solo para adaptarse y reducir emisiones, sino también para subsanar las pérdidas y los daños que ya golpearon a la sociedad y a la economía.

Un nuevo fondo: pérdidas y daños

“Hace dos años mi país fue golpeado por dos tormentas, 46 rayos en 90 minutos. Dos semanas después nos golpeó un huracán”, describió la primera ministra de Barbados hace unos días en una exposición durante la COP28. Las islas del Caribe son extremadamente vulnerables. Hay sitios que intercalan anualmente sequías extremas y tormentas tropicales, lo que provoca daños irreparables: pérdidas de cultivos, o de ganado. Y no solo es una cuestión económica: casas, ropa, fotografías, documentos, todo se puede perder después de eventos tan extremos como los vemos hoy.

Pero hasta este año, dentro de todos los mecanismos de financiamiento, ninguno había sido efectivo para aliviar estas pérdidas. Los fondos existentes no responden a la velocidad y efectividad que requiere una situación tan urgente como el día después de una tormenta como la que Mottley describió. “Necesitamos nuevos contratos sociales, nuevas formas de implementar los fondos y más dinero. Invertir un dólar en esto significa ahorrarse siete en daños”, añade.

Por esto, desde el año pasado, en la COP27 se planteó y desarrolló un fondo de pérdidas y daños que en el primer día de la conferencia este año, en Dubai, se aprobó y empezó a dotarse de financiamiento. “De manera colectiva hicimos historia. Conseguimos consensos para responder a los efectos del cambio climático que protegerá vidas y subsistencias. Especialmente de los más vulnerables”, dijo el presidente de la COP28 después de dar la gran noticia, una que tomó un protagonismo absoluto.

Hoy, este fondo acumula 655,9 millones de dólares, que aunque es insuficiente, ha sido un logro destacable durante esta conferencia. Hoy, durante la plenaria, se celebró el progreso que hubo en esta materia tanto en temas de financiamiento, como en la completa implementación de la red de Santiago, que proveerá de asistencia técnica en pérdidas y daños a los países en desarrollo.

Esta historia fue producida como parte de 2023 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Earth Journalism Network de Internews y el Centro Stanley para la Paz y la Seguridad.

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