Qué funcionarios están bajo la lupa por los actos de terrorismo en Brasilia
El diario O Globo investigó los errores que cometieron las diferentes áreas durante los ataques del domingo
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BRASILIA.- Los ataques del domingo pasado a las sedes de los tres poderes de Brasil dejaron expuesta una serie de fallas de las fuerzas de seguridad, que van desde la falta de planificación para una embestida anunciada, hasta indicios de omisión por parte del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, apartado de su cargo por orden de Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF). El ministro de Justicia, Flávio Dino, calificó los hechos como “el Capitolio brasileño” -en referencia a la toma por asalto del Congreso norteamericano el 6 de enero de 2021-, y puntualizó que el cambio de planes del esquema de seguridad que impulsó el gobierno del Distrito Federal redujo el número de policías militares en las calles y facilitó el acceso de los golpistas a la Plaza de los Tres Poderes.
Sin embargo, el propio Dino y el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, también cometieron errores que contribuyeron con el desenlace, una evaluación que incluso comparten muchos petistas.
El lunes, Dino declaró que inicialmente estaba prevista la instalación de vallados en la Explanada de los Ministerios, para impedir el acceso a la Plaza. Pero, según el ministro, a última hora el gobierno de Brasilia decidió liberar el paso de los golpistas hasta las cercanías del Congreso: solo interrumpieron el acceso de vehículos.
“Eso dio pie a que la gente bajara por la Explanada, y a continuación se generó el descontrol”, señaló Dino.
Los corresponsales de O Globo fueron testigos de la llegada de los bolsonaristas radicalizados al césped situado frente al Congreso, donde había un pequeño contingente de policías que fue incapaz de evitar que la multitud invadiera y saqueara las instalaciones de la Cámara y el Senado. La misma secuencia se repitió en el Palacio del Planalto y en la sede del STF.
Hubo otro hecho que revela negligencia de las autoridades de la capital federal. El domingo por la mañana, horas antes de los ataques, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) envió una alerta a la Secretaría de Seguridad del del Distrito Federal, entre otros organismos, donde advertía que los bolsonaristas planeaban promover actos violentos. Los agentes señalaban que los golpistas acampados frente al cuartel general del Ejército estaban incitando a invadir el Congreso.
El relato del presidente interino del Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), parece confirmar las sospechas. Do Rêgo afirmó que el domingo a la mañana fue contactado por efectivos de la Policía Legislativa que estaban preocupados por el movimiento de manifestantes hacia la Explanada. El senador dice que de inmediato se comunicó con el Secretario de Gabinete del Distrito Federal, Gustavo Rocha, que lo tranquilizó al respecto: “Me dijo que no debíamos preocuparnos, porque la situación estaba totalmente controlada”, señaló Vital do Rego.
Ni Gustavo Rocha ni la Secretaría de Seguridad de Brasilia se pronunciaron sobre las acusaciones vertidas por el ministro Dino.
En la orden de destitución de Ibaneis, publicada en la madrugada del lunes, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, es categórico al afirmar que hubo “participación efectiva” de las autoridades de seguridad e inteligencia en el episodio que culminó con la destrucción de los inmuebles públicos. “La omisión y connivencia de varias autoridades del área de seguridad e inteligencia quedó evidenciada por la falta de la presencia policial necesaria, en especial por parte del Comando de Choque de la Policía Militar del Distrito Federal”, escribió el juez.
El atentado golpista abrió otros frentes de investigación. El Ministerio Público Federal del Distrito Federal abrió una investigación contra los altos mandos de la Policía Militar del DF por sospecha de incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos contra el Estado democrático. Los investigadores solicitaron datos sobre la cantidad de policías desplegados y las órdenes que recibieron las tropas, para verificar si hubo irregularidades.
Aunque el costo político recayó principalmente sobre Ibaneis Rocha, dirigentes del PT que frecuentan el Palacio del Planalto consideran que tanto la imagen del ministro de Defensa, José Múcio, como la de Flávio Dino quedaron manchadas por los atentados terroristas. Días antes, Múcio había dicho que los acampes bolsonaristas, donde se pergeñaron los ataques, eran “manifestaciones democráticas”. En otra ocasión, sostuvo que esas manifestaciones iban perdiendo fuerza.
La sospecha que pesa sobre Dino es por qué no desconfió de la palabra y el plan de seguridad de Ibaneis, uno de los gobernadores que mantiene buenas relaciones con Bolsonaro. Además, en la entrevista del lunes, el Ministro de Justicia admitió que en Brasilia solo había 140 agentes de la Fuerza Nacional disponibles para complementar el esquema de seguridad local. El resto de las fuerzas, alrededor de 500 hombres, estaba cumpliendo misiones en otros estados.
El presidente del directorio del Foro Brasileño de Seguridad Pública, Cássio Thyon, cree que las fuerzas de seguridad subestimaron la capacidad de los extremistas.
“Cuando algo sale tan mal, es porque hubo una falla”, apunta Thyon. “Como las fuerzas de seguridad no actuaron con suficiente fuerza represiva contra los acampes, los manifestantes se convencieron de que contaban con el apoyo de los militares.”
Aguirre Talento, Patrik Camporez, Jeniffer Gularte, Sérgio Roxo y Eliane Oliveira
O Globo/GDA
Traducción de Jaime Arrambide
Por O Globo/GDA
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