¿Qué esta pasando en Israel? Las claves de la reforma judicial que dejó a Netanyahu en la cornisa

JERUSALÉN.– El plan de reforma judicial promovido por la coalición de Benjamin Netanyahu, que atenuaría el contrapoder de la Corte Suprema y del resto de los tribunales, ha encontrado un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad israelí. El Parlamento –la Knesset– conseguiría de este modo un control casi ilimitado de las iniciativas, sobre todo si el gobierno de turno –como es el caso hoy– posee la mayoría. A continuación, las claves para entender la crisis:

¿Por qué la coalición actúa contra el Poder Judicial?

Los ultranacionalistas y ultrarreligiosos judíos de la coalición de Netanyahu perciben a la Corte Suprema como un tribunal de izquierda, que interviene en exceso en las decisiones legislativas y del Ejecutivo, hasta el punto de anteponer los derechos de las minorías a los intereses nacionales; de ahí, el proyecto.

¿Cómo Netanyahu y sus socios están promoviendo la reforma?

Las críticas al Tribunal Supremo denuncian su excesivo poder, y la coalición apunta a que sean el gobierno y la Knesset quienes tengan una autoridad decisiva, sin el “entorpecimiento” del sistema judicial. Es un proceso relámpago, que contempla diversos proyectos de ley. Sin embargo, aunque el gobierno tiene los votos para la aprobación, Netanyahu no puede involucrarse en esta reforma por orden de la Fiscalía General. El primer ministro israelí enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Su juicio por corrupción está en curso en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020, y no se hace difícil ligarlo a esta revisión judicial que lo beneficiaría si se controlaran los jueces que presiden su caso.

¿De qué tratan las propuestas que integran la reforma?

Tres proyectos de ley integran el corazón de la reforma judicial. Uno, por el que la comisión parlamentaria de leyes votó hoy a favor, modifica el comité de selección de jueces –integrado por nueve miembros–, que hoy requiere de un consenso entre la rama judicial y la política para nombrar a los magistrados del Supremo y del resto de Israel. Con la reforma, el gobierno dominaría esta composición y necesitaría solo una mayoría simple para elegir a los jueces. Los otros dos apuntan a reducir las capacidades de la Corte Suprema para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento: por un lado, el máximo tribunal no podría invalidar las llamadas Leyes Básicas, que, a falta de una Constitución, funcionan como normas fundamentales; por el otro, el Supremo solo podría impugnar las leyes regulares (las otras) si contradicen un derecho consagrado en una de las Leyes Básicas y con el apoyo de 12 de los 15 jueces, en vez de la mayoría simple actual.

Para completar esta neutralización del poder de revisión del Supremo, la coalición quiere implementar una “cláusula de anulación” que permitiría a la Knesset volver a promulgar las leyes impugnadas por la Corte.

¿Hay otras propuestas restrictivas además de estas?

El paquete legislativo contempla también medidas para evitar que el Tribunal Supremo pueda inhabilitar a ministros del gobierno, para que no pueda juzgar o debatir mociones para declarar al primer ministro no apto para el cargo o revisar planes gubernamentales que puedan ser irrazonables. Combinadas, estas propuestas permitirían al gobierno de turno imponer su agenda sin considerar cómo afecta a la población. El actual gobierno de extrema derecha y ultrarreligioso podría, por poner algunos ejemplos, afectar los derechos del colectivo Lgbtiq+; aprobar una legislación que exima del servicio militar obligatorio, o construir más asentamientos ilegales en tierras palestinas.

¿Qué impacto está teniendo o tendrá este plan?

Ya se siente en la economía israelí. En particular, en el sector tecnológico, que representa un 15% del PBI israelí, un 10% de su fuerza de trabajo, la mitad de sus exportaciones y un cuarto de los impuestos sobre la renta. El temor de estas compañías, algunas de las cuales planean retirarse de Israel, es que un sistema judicial controlado ponga en riesgo la propiedad intelectual. La incertidumbre también ha causado una caída de la moneda local –el shekel–, que en febrero se depreció casi un 6% frente al dólar estadounidense, su valor más bajo en tres años.

¿Qué consecuencias puede tener el proyecto a escala internacional?

Algunos temen que la falta de un Poder Judicial que investigue de manera independiente dañe los apoyos de los países occidentales; y, consecuentemente, los esfuerzos de Israel para evitar ser sometido a los procedimientos legales internacionales. Este vacío –que analistas de derecho internacional han especulado sería llenado por la Corte Penal Internacional de La Haya– expondría a Israel al escrutinio de sus violentas operaciones militares en los territorios palestinos ocupados, y ya no estaría tan protegido de las acusaciones de crímenes de guerra.

Agencias AFP, AP y Reuters

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