Qué dicen los tres informes de la ONU sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela
La Cancillería argentina citó un informe de la relatora especial al anunciar la decisión de abandonar el Grupo de Lima, pero omitió otros dos que responsabilizan al régimen de Maduro por crímenes y abusos en el país
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LA NACION
La Cancillería argentina citó hoy un informe de la relatora especial de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, sobre cómo las sanciones de Estados Unidos al Gobierno de Venezuela han agravado las privaciones y calamidades del país, como parte de su justificación de abandonar el Grupo de Lima y terminar con la “política de aislamiento”, pero omitió otros dos publicados el año pasado por el organismo que responsabilizan al régimen chavista por crímenes y abusos en el país.
Para la Argentina, “las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, expresó la entidad en un comunicado.
La decisión se produce luego de que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la ONU aprobara ayer por mayoría la resolución sobre el impacto negativo del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, un hito que fue celebrado por el propio Maduro en redes sociales.
“Celebramos la aprobación por parte del Consejo de DD.HH. de la ONU, de la resolución sobre el impacto negativo de la sanciones coercitivas en el disfrute de los DD.HH. de nuestro pueblo. Es innegable el daño criminal contra la vida de los venezolanos y las naciones libres del mundo”, escribió el mandatario en Twitter.
Antes de escribir su informe, Douhan pasó 12 días en Venezuela y tuvo conversaciones sobre la situación venezolana con Maduro y con otros 50 dirigentes políticos.
Tras su visita concluyó: “Antes del bloqueo, Venezuela usaba el 76% de sus ingresos petroleros para invertirlos en programas sociales y ahora no puede ni invertir el 1%”. La relatora de la ONU agregó que el país “no puede comprar vacunas porque no tiene derecho a usar su dinero”, aludiendo a los bienes congelados por parte del Banco de Inglaterra y otros activos internacionales confiscados luego de unas cuestionadas elecciones presidenciales de 2018 en las que Maduro fue reelegido.
Las afirmaciones de la relatora especial de la ONU han sido recibidas con beneplácito por el chavismo, que ha hecho del “bloqueo” su consigna del momento. Pero también provocaron gran indignación en los sectores políticos de la oposición, que responsabilizan del actual naufragio venezolano al despilfarro y la corrupción vigente en el chavismo.
Sin embargo, la Cancillería ha omitido mencionar en su comunicado otros dos informes de finales de 2020 de la ONU y un documento de la Corte Penal Internacional (CPI) que responsabilizaban directamente al régimen de Maduro por las violaciones de derechos humanos en el país.
La misión de Bachelet
Michelle Bachelet está al frente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la ONU, que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en el mundo, incluida Venezuela. En la actualización de su último informe, presentado el 25 de septiembre de 2020 en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet denunció que más de 2000 personas murieron ese año en los barrios pobres del país caribeño durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades.
“Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020”, informó Bachelet. De este total, que alcanza 2039 personas, 11 eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años.
La Alta Comisionada recomendó por segunda vez al régimen de Nicolás Maduro la eliminación del cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) debido al incremento de las ejecuciones extrajudiciales.
Además, en diciembre, la alta comisionada volvió a manifestar su preocupación ante la intimidación ejercida por el régimen de Nicolás Maduro a los venezolanos frente al proceso electoral del 6 de diciembre para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional.
“Nos preocupó ver ciertos comentarios en términos de que las personas que no iban votar, no iban a tener acceso a programas sociales y de alguna manera presionaron a las personas a que fueran a votar”, lamentó Bachelet e instó a todos los dirigentes del país a promover “un contexto pacífico y que las libertades de las personas puedan ser cumplidas”.
La Misión Internacional Independiente de la ONU
Pero el informe más demoledor para el chavismo ha sido el publicado el 16 de septiembre de 2020 por una misión de la ONU, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils.
La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela presentó ese día un informe que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y vinculaba directamente al presidente venezolano y los ministros más importantes de su gobierno con posibles “crímenes de lesa humanidad”.
La misión, encargada de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, estudió 223 casos individuales. Los expertos no pudieron visitar Venezuela debido a la ausencia de respuesta gubernamental pese a las reiteradas solicitudes, además de las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de coronavirus.
Pese a ello, consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos confidenciales.
Informe de la Corte Penal Internacional
Mientras tanto, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, concluyó en diciembre de 2020 que hay fundamentos razonables para creer que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro sí son responsables de crímenes de lesa humanidad.
Según la Corte, hay fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”, detalló el organismo en un informe.
La CPI enumeró como presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad a miembros de la “Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.
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