Qué dice la legislación alemana sobre los “discursos de odio” que citaron funcionarios del Gobierno argentino

PARÍS.– Aludiendo a que el oficialismo quisiera impulsar una ley contra el discurso del odio como la que existe en Alemania, la intención atribuida a algunos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández provocó desconcierto en los medios europeos especializados. Según miembros del oficialismo, al igual que la legislación alemana, esa ley estaría destinada a castigar los ataques verbales de la oposición, cuya virulencia habría alentado el reciente atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, los objetivos de la regulación alemana, como la de toda la Unión Europea (UE), no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión.

“En verdad, no sé a qué se refiere el gobierno del Presidente. Porque en Alemania, la única ley contra el discurso del odio que existe tiene por objetivo obligar a los responsables de redes sociales -los Gafam, en particular, como se llama a Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft- a evitar la circulación de manifestaciones ‘específicamente prohibidas por la ley’. Por ejemplo, mensajes de acoso, odio racial o antisemitismo. Esa ley, aprobada en 2017, fue votada por una coalición de conservadores y socialdemócratas, que jamás pensaron en amordazar a los medios de comunicación o acallar a las oposiciones políticas”, analiza Jean-Dominique Giuliani, presidente de la Fundación Robert Schuman.

“En otras palabras, no se puede comparar lo que no es comparable”, concluye.

En el caso de Alemania, la ley lo especifica con todas las letras: obliga a redes sociales como Facebook, Twitter y plataformas como YouTube a eliminar “contenidos manifiestamente delictivos” en un plazo de 24 horas una vez denunciados. O sea, para que las plataformas actúen, debe haber una clara violación a una ley ya existente.

Alemania no fue la única que legisló sobre la cuestión para poner fin a la multiplicación de acosos que muchas veces llevaron al suicidio a sus víctimas, de calumnias penadas por la ley o de mensajes de odio racial o religioso contra representantes de ciertas comunidades. En abril de este año, la Unión Europea (UE), la Comisión y el Parlamento europeos finalizaron una nueva legislación que permitirá luchar mejor contra todas esas desviaciones de Internet, como los discursos de odio, las campañas de desinformación o la venta de productos falsificados.

Tras años de negociación, se llegó a un acuerdo entre las instituciones europeas sobre el Reglamento de los Servicios Digitales (Digital Services Act - DSA), espinoso tema que impondrá a las grandes plataformas, como Facebook (Meta) o Amazon, erradicar mejor los contenidos ilícitos y peligrosos online. Dos comisarios europeos fueron los promotores de ese gran proyecto, exigido por la mayoría de la opinión pública del bloque: Thierry Breton, responsable del Mercado Interior de la UE y su colega Margrethe Vestager, comisaria para la Competencia.

Regulación digital

“El DSA es una primicia mundial en materia de regulación digital”, destacó entonces el Consejo de la UE, que reúne a los 27 jefes de Estado y de gobierno de los países del bloque. “Ese texto consagra el principio de que, aquello que es ilegal fuera de Internet, también debe ser ilegal online. Su objetivo es proteger el espacio digital contra la difusión de contenidos ilícitos y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios”.

Tras haber resistido durante años, los grandes actores de Internet tuvieron que aceptar la obligación impuesta por esta ley -que debe entrar plenamente en vigor antes de enero de 2024- de evaluar ellos mismos los riesgos ligados a la utilización de sus servicios y disponer de los medios apropiados para retirar esos contenidos problemáticos. Para ello, la autoridad europea les impondrá una mayor transparencia de sus datos y algoritmos de recomendación.

También serán auditados una vez por año por organismos independientes y colocados bajo la vigilancia de la Comisión Europea, que podrá infligirles multas de hasta el 6% de sus ventas anuales, en caso de infracción repetida.

En el contexto de la agresión rusa a Ucrania y debido a las particulares consecuencias de la manipulación de la información online, un nuevo artículo fue agregado a la ley, que crea un mecanismo de reacción en caso de crisis. Ese mecanismo, activado por la Comisión, permitirá tomar medidas “proporcionales y eficaces” contra las grandes plataformas que contribuirían a diseminar falsas informaciones.

Establecido en 2016, mucho antes de la redacción del DSA, el conjunto de reglas de “buenas conducta” de los grandes actores de la red permitió comprobar una neta mejoría en la reactividad y la represión de esas plataformas de los discursos de odio online. Según esa evaluación, en 2020, 90% de los contenidos señalados fueron evaluados, contra 40% en 2016, y 71% suprimidos, contra 28% en 2016.

Pero, como sucede en toda democracia, si bien el 77% de los europeos está a favor de esas medidas de control, ciertas ONG especializadas en la defensa de derechos y libertades online señalan imperfecciones en la nueva ley. Critican la ausencia de un mecanismo de represión que habría permitido enjuiciar a los autores de declaraciones de odio con más eficacia, en vez de contentarse con retirarlos simplemente de la red.

También señalan el riesgo de censurar la libertad de expresión de los usuarios, sin pasar por una ley o una decisión de la Justicia. Sobre todo, cuando esa libertad es considerada como “fundamental” por el derecho europeo. La noción de “libertad” forma parte de los valores promovidos por la UE y está inscrita en el artículo 2 [1] del Tratado del bloque.

Los responsables europeos argumentan que ese código no es jurídicamente vinculante y que, por eso, las plataformas online están obligadas a respetar la legislación y la jurisprudencia europeas cuando se trata de juzgar si un contenido es ilegal o no.

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