Punto final: cómo se gestó el fracaso de la lujosa isla artificial en Montevideo
La intendencia consideró que la iniciativa privada, que tenía el aval de Lacalle Pou, podría perjudicar al resto de la ciudad
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Corresponsal en UruguayNelson Fernández
MONTEVIDEO.– Sorpresa, ilusión, preocupaciones y… se acabó pronto. Lo primero fue la sorpresa que generó el anuncio de una isla artificial nueva, frente a una de las zonas más coquetas de la capital uruguaya. Lo segundo fue la ilusión que generó en el gobierno, empresas de construcción y obreros, que esperaban una nueva megaobra que absorbiera a quienes queden sin empleo cuando se terminen la construcción de la tercera planta de celulosa y el nuevo ferrocarril central. Lo tercero fue la preocupación de la organización de arquitectos sobre inconvenientes en planificación territorial y ambiental en curso.
Y luego, una respuesta contundente que implica un punto final al proyecto “MVD 360″; la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) anunció que no dará los permisos necesarios para esa obra.
El proyecto fue presentado en el régimen de iniciativa privada, que implica una propuesta de obra, que al aceptarse, pasa por un proceso de licitación, en que el autor de la idea lleva ventaja en la competencia de oferentes.
Frente al barrio de Punta Gorda, que está a mitad de camino del tradicional barrio de Pocitos y el residencial Carrasco, está una de las zonas más atractivas de la bahía montevideana y es allí donde un grupo inversor pretendía generar una isla, conectada por un puente, que tuviera varias torres de edificios, terminal portuaria para yates, áreas deportivas y paseos públicos.
“Operaría como un agujero negro para todo Montevideo”, dijo la jefa de gobierno de Montevideo, Carolina Cosse, cuando la consultaron sobre la negativa por parte de ese organismo. Una semana después de que se conociera públicamente el proyecto, la intendencia de Montevideo informó del rechazo a la viabilidad del proyecto privado para la isla artificial de 36 hectáreas.
¿Y ahora cómo sigue? Sin aval del gobierno de Montevideo, no importa que cuente con visto bueno del gobierno nacional. El proyecto no puede concretarse. “Causa sorpresa la decisión de la intendencia de Montevideo de no apoyar esta iniciativa por los motivos que se esgrimen: que no colabora con el desarrollo del Centro y Ciudad Vieja y que divide la ciudad en barrios para pobres y ricos”, dijo a LA NACION el viceministro de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola.
La iniciativa privada había sido presentada en octubre y la presidencia de la república declaró que “estimó pertinente” el proyecto, por lo que fue canalizado al ministro del área (MTOP) y comenzó la etapa en que debían presentar el estudio de “factibilidad económica”.
El 9 de mayo, el presidente Luis Lacalle Pou firmó la resolución que afirmó que el proyecto es de “sumo interés para la administración, ya que contribuirá a la jerarquización de la ciudad en general y de la rambla montevideana en particular”, y que permitiría ampliar “la oferta portuaria de la ciudad conectándola aún más con la región”.
El representante de la compañía que impulsa el plan, Ignacio Muñoz de Jirkel SA, dijo que proyectan “una inversión de 2300 millones de dólares a lo largo de diez años” y que “la primera fase” sería de “emplazamiento del terreno, la construcción del puente y la infraestructura” a lo largo de “cuatro años” y con una inversión de US$250 millones.
El director de Planificación de la IMM, Luis Oreggioni, dijo que rechazan el plan por una “cuestión de equilibrio planificador”, dijo que concentraría “en un único lugar del territorio montevideano una enorme cantidad de metros cuadrados, no solo de viviendas sino también de oficinas y comercio”, lo que “afectaría procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del Centro y la Ciudad Vieja”.
Al gobierno nacional no lo convencen estas explicaciones. “Frenar una iniciativa que prevé generar más de 4500 puestos de trabajo y una inversión de 2300 millones de dólares nos parece un profundo error”, dijo el viceministro de Obras. Olaizola agregó a LA NACION que “de persistir esta posición” de Montevideo, van a ”hablar con los inversores para que la iniciativa pueda llevarse a cabo en otro departamento”.
En corrillos políticos manejaron la posibilidad de hacerlo en otra ciudad que tenga un gobierno que acepte la obra, como Canelones o Colonia, aunque las propias autoridades reconocen que eso sería otro proyecto y afectaría el interés de los inversores.
¿Cuáles son las chances? La negativa de la intendencia es total, y la relocalización no es simple, por lo que el proyecto no tiene chance de concretarse. Al menos por ahora.
Por Nelson Fernández
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