Presos desde los 12 años: grave denuncia sobre el impacto de la estrategia de seguridad de Bukele sobre los adolescentes

En la mañana del 11 de abril, un patrullero estacionó frente a la casa de María en Usulután, al sur de El Salvador. Un policía se bajó del auto y le pidió ver a su hijo menor, Carlos, de 15 años, porque uno de sus compañeros quería decirle algo. Ella entró, lo buscó y él salió para ver qué ocurría. Cuando María volvió a salir de la casa, su hijo ya estaba dentro del patrullero. Los policías le dijeron que lo llevarían a la escuela. En cambio, lo llevaron a una delegación policial. Desde entonces, Carlos está detenido junto a otros diez adolescentes, nueve de ellos compañeros de colegio, acusados de haber pintado graffitis alusivos a las pandillas en las paredes de su escuela.

“Ese reporte es falso”, dice María, cuya identidad y la de su hijo prefiere resguardar, en diálogo telefónico con LA NACION. “En el careo, el supuesto testigo de la fiscalía no reconoció a mi hijo como uno de los que supuestamente estaba haciendo esas cosas. Como madre, sé que él no salió esa noche que sucedieron los hechos”, afirma, sobre aquellas pintadas.

Aquel careo del que habla María fue la última vez que vio a su hijo; aunque fue virtual, por lo que él no la vio a ella. “Dicen que le dan la comida y todo, pero yo lo vi muy delgado”, dice María sobre su hijo, quien está detenido en el centro penal juvenil Sendero de la Libertad. Más allá de la causa del graffiti, ella tiene dos teorías sobre los motivos por los que lo detuvieron: porque las autoridades educativas de su municipio ordenaron “fichar a los alumnos rebeldes” o porque los vecinos denunciaron a Carlos y sus amigos por “tirar muy fuerte la pelota” en los partidos que improvisaban por las tardes.

“El régimen de excepción se ve bien hasta que lo tocan a uno. Porque el presidente dijo que era para capturar a las pandillas, pero se está llevando a gente inocente”, dice la mujer, sobre el estado de excepción con el que Nayib Bukele logró reducir sustancialmente la violencia en El Salvador, y que implica la suspensión de ciertos derechos. “El régimen no era para que se llevaran a jóvenes porque son rebeldes o porque van a jugar”, agrega María, una de las voces que se alzan para marcar el lado oscuro detrás de la estrategia de mano dura que logró sacar al país del tope de los rankings de violencia mundial y que se transformó en un faro de la derecha regional.

El caso de Carlos es uno de los mencionados en un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) publicado este martes sobre los abusos a los menores de edad bajo el régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 2022. En este pequeño país centroamericano, los niños pueden ser condenados penalmente desde los 12 años, como sucede en Brasil, Ecuador y otros países de América Central y el Caribe, en momentos en que el debate por la edad de imputabilidad atraviesa a la región y se instala nuevamente en la Argentina con un proyecto del Gobierno para bajarla a 13 años.

Según datos oficiales que el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia de El Salvador (Conapina) le entregó a Estados Unidos y revelados en el informe, 3319 menores de 18 años fueron detenidos en ese país entre marzo de 2022 a diciembre de 2023, aunque se desconoce un desglose de sus edades. En total, cerca de 110.000 salvadoreños están presos en un país de algo más de seis millones de habitantes, una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo.

En febrero de este año, después de la reelección de Bukele, su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que 1065 menores de edad habían sido condenados durante el régimen de excepción, principalmente por cargos de pertenecer a una pandilla, en procesos que, según un análisis HRW, avanzan más rápido que los casos de los adultos.

Para la organización de derechos humanos, la detención masiva de menores –a veces, incluso, con complicidad de las escuelas- demuestra un error en el foco de la estrategia de seguridad de Bukele –”en el eslabón más débil”-, además de plantear un desafío hacia el futuro, con la creación de un caldo de cultivo para un posible reclutamiento de esos jóvenes en un eventual resurgimiento de las pandillas.

En su informe, la organización denuncia que “las fuerzas de seguridad han sometido a muchos de estos niños, niñas y adolescentes a graves violaciones de derechos humanos durante el arresto, la detención e incluso después de su liberación”, como torturas, amenazas, hacinamiento, falta de atención médica y de contacto familiar.

HRW documentó 66 casos de menores que sufrieron abusos como detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos dentro de los centros penales, y acoso policial una vez liberados. Entre las condiciones señaladas por los detenidos o sus familiares están el hacinamiento extremo, falta de alimentación y de atención sanitaria; y sanciones como quitarles los colchones, reducir el número de comidas que recibían o rociar sus celdas con gas lacrimógeno, muchas veces aplicados como castigo colectivo.

El organismo también apunta que las condenas a los adolescentes “se basaron con frecuencia en testimonios policiales no corroborados y a veces contradictorios” e incluso a través de confesiones falsas forzadas, “mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”.

“No teníamos opción”, dijo Carolina, una chica de 17 años entrevistada por el organismo cuya identidad fue alterada, que fue condenada a un año de prisión junto a otras siete menores, acusadas de colaborar con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). El juez les habría ofrecido reducirles la condena a la mitad si todas se declaraban culpables, frente a la alternativa de seguir detenidas por un largo periodo. “Todas queríamos estar con nuestra mamá, entonces dijimos que sí”, justificó la adolescente.

Por otro lado, un informe reciente de la ONG Cristosal da cuenta de 265 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción, de las cuales cuatro son de bebés: dos de ellos ya nacidos y otros dos en la etapa final de la gestación. Los motivos de esos fallecimientos no estaban claros. En El Salvador, las presas pueden tener a sus hijos consigo hasta sus cinco años. El estudio también señala que esas muertes en los penales –rodeadas de opacidad- dejaron 176 menores de edad huérfanos.

El gobierno de Bukele -el más popular de la región, gracias a su política de seguridad- rechaza las denuncias de violaciones a los derechos humanos y critica sistemáticamente a los organismos que las promueven.

Leyes más duras

Bajo el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista reformó la Ley Penal Juvenil, y aumentó las penas máximas de prisión a 10 años para niños de 12 a 15 años y hasta 20 años para los mayores de 16 que sean acusados por vínculos con las pandillas. En otra reforma, sacaron a los menores de 18 de la jurisdicción de tribunales de menores y pasaron a ser juzgados en los tribunales contra el crimen organizado.

David Morales, jefe jurídico de Cristosal, menciona que los juicios a los menores se resuelven más rápido –el sistema procesal está sobrecargado y los detenidos pueden estar por largos periodos en prisión preventiva- porque así lo establece la ley de justicia juvenil. “Pero no resulta favorable a los derechos porque están imponiendo condenas sin que existan pruebas legítimas o válidas en su contra; con el simple reporte de un policía o tomando en cuenta evidencias sin peritajes. Son condenas injustas”, dice a LA NACION.

Los organismos de derechos humanos llaman la atención sobre los reportes de medios locales que daban cuenta de una presunta orden del Ministerio de Educación para que los profesores denunciaran a los alumnos que presentaran una “conducta antisocial”. Cristosal registró detenciones dentro de las escuelas “con la connivencia del Ministerio de Educación”, mientras que HRW destaca el daño que hace al sistema educativo ser involucrado en actividades de vigilancia, y hace referencia al caso de Carlos y sus compañeros, que habría sido originada en la denuncia de un profesor.

“De ser un adolescente a un criminal hay una diferencia inmensa”, señala a LA NACION Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW y una de las autoras del informe de la ONG. “Al poner al sistema educativo en un estado policial, los chicos no tienen tranquilidad en la escuela, donde tienen que ir a estudiar”, afirma.

Doble victimización

La detención de adolescentes desde los 12 años (dos años menos que lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU) y las fuertes condenas en su contra tienen un posible efecto a largo plazo, poniendo a prueba la sostenibilidad de la estrategia de seguridad de Bukele, una de las principales dudas que despierta entre sus críticos.

Los chicos que viven en zonas más vulnerables -en un país donde tres de cada diez personas es pobre, y donde cuatro de cada 10 personas en la pobreza tiene menos de 14 años- son los más expuestos tanto al reclutamiento por parte de pandillas como a las detenciones arbitrarias. Son objeto de una “doble victimización”, según HRW. “Primero, por las pandillas que abusaron de ellos y, en algunos casos, intentaron reclutarlos—a menudo mediante la fuerza, la coacción o el engaño—y luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron”, indica el informe.

“El Salvador toma en el marco del estado de emergencia la decisión de bajar la edad de punibilidad y no tenemos ningún tipo de evidencia que esto reduzca el reclutamiento de menores ni la comisión de crímenes por parte del crimen organizado”, remarca Goebertus. “La hipótesis de quienes proponen esto es que los grupos de crimen organizado reclutan a menores y cometen delitos a través de ellos para evitar la responsabilidad penal, pero la decisión de bajar la punibilidad penal no reduce la comisión de crímenes”, agrega.

Goebertus destaca que, en lugar de condenar a los adolescentes, habría que duplicar los esfuerzos para detener a los líderes pandilleros, además de generar estrategias de inserción para los jóvenes en las zonas vulnerables para evitar su reclutamiento, lo que en su informe expone como la necesidad de “una estrategia de seguridad integral”.

“La experiencia latinoamericana apunta al encarcelamiento masivo y a la detención de los eslabones más bajos, que pueden bajar los indicadores de violencia, pero no de manera sostenible”, menciona la especialista colombiana. “Es necesario generar oportunidades en esos barrios y en esos chicos excluidos, generar garantías para que sigan estudiando, tengan acceso a un trabajo. La falta de un acceso a un tipo de una economía y bienestar físico los hace carne perfecta para el reclutamiento de organizaciones que siguen latentes y listas para un momento en el cual puedan reactivarse”, advierte.

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