Por qué la élite económica de Guatemala es considerada una de las más “voraces” de América Latina
Según un informe, el 1% de las personas de mayores ingresos en el país recibe iguales ingresos que la mitad de la población
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BBC Mundo
Por Gerardo Lissardy
En Guatemala hay un selecto grupo que marca el rumbo de la república más allá del gobierno de turno y que quizás mantenga su enorme poder tras la segunda vuelta electoral presidencial de agosto: la élite económica del país.
Se trata de un conjunto de empresas y familias que ha llamado la atención internacional tanto por su apetito como por su peso en las políticas que el Estado adopta, o deja de adoptar.
“Las élites económicas de Guatemala están consideradas entre las más voraces de América Latina y el Caribe”, indicó un informe reciente sobre la Calidad de las Élites en el mundo, elaborado por la universidad suiza de Saint Gallen y sus socios.
Ese índice EQx, que mide las élites empresariales por el valor que aportan a sus sociedades, ubicó a la guatemalteca en el puesto 125 de 151 países este año. En Latinoamérica, la única que figuró peor en el ranking global es la venezolana (145).
El principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan Gonzalez, dijo en 2021 que en Centroamérica hay “una élite depredadora que se beneficia del statu quo, que es no pagar impuestos ni invertir en programas sociales”. Y citó a Guatemala como ejemplo.
“El sector empresarial influye en la formulación de políticas en toda América Latina, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala”, advirtió un informe del Banco Interamericano de Desarrollo en 2006.
Para entender por qué ocurre esto en el país más poblado de Centroamérica, con más de 17 millones de habitantes, primero hay que viajar al pasado.
“Unida y antiestatista”
La historia de la oligarquía guatemalteca se remonta a la época colonial.
Por ejemplo, la familia Castillo, que se enriqueció con el viejo monopolio de producción de cerveza y se volvió una de las más influyentes de Centroamérica, expandiendo negocios a sectores como la banca y los alimentos, desciende del conquistador Bernal Díaz de Castillo, quien recibió en encomienda parte de lo que hoy es Guatemala.
Luego de independizarse de España en 1821 y de proclamarse república, Guatemala pasó por una serie de gobiernos autoritarios que garantizaron tierras y mano de obra indígena a las familias más ricas y poderosas, sobre todo las productoras de café.
Un momento especial en esta historia fue la elección como presidente guatemalteco de Jacobo Árbenz, quien al asumir en 1951 prometió “convertir a Guatemala, de un país atrasado y de economía predominantemente feudal, en un país moderno y capitalista”.
Para eso, Arbenz impulsó desde obras de infraestructura hasta una reforma agraria en uno de los países de la región con más desigualdad en la distribución de tierras (el 72% de las cultivables estaban en manos de 2% de los terratenientes).
La élite económica guatemalteca vio aquello como una amenaza a sus intereses, al igual que la poderosa corporación estadounidense United Fruit Company. Y en 1954 Estados Unidos dio luz verde al golpe contra Árbenz.
Muchos creen que ese golpe, el primero de la CIA en el continente durante la Guerra Fría, paradójicamente afianzó en Guatemala los privilegios que ahora la Casa Blanca critica.
Tras la caída de Árbenz y antes de que estallara una guerra civil en el país que dejó unos 200.000 muertos en casi tres décadas hasta 1996, los grandes empresarios se organizaron para defender mejor sus intereses.
En 1957 crearon en el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), que como gremio empresarial hoy es “probablemente el más poderoso en Latinoamérica”, señala Gabriel Ondetti, un profesor de ciencia política en la Universidad del Estado de Missouri experto en política fiscal y reforma agraria en la región.
“Incluso para América Latina, la élite guatemalteca es excepcionalmente unida y antiestatista”, dice Ondetti a BBC Mundo.
“Está motivada por el deseo de impedir la aparición de un Estado que pueda amenazar los derechos de propiedad e imponer más impuestos a las élites”.
“Como un partido”
Un informe sobre la desigualdad social en Guatemala publicado por Oxfam en 2019 indicó que el 1% de los más ricos en el país recibe iguales ingresos que la mitad de la población, mientras las grandes empresas concentran 65% de los beneficios generados pese a ser solo 3% del total de compañías formales.
Al mismo tiempo, Guatemala tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas como porcentaje del PIB en América Latina: 14% en 2021, cuando el promedio regional era de 22% según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En este contexto, “el Cacif opera casi como un partido político”, sostiene el economista Juan Alberto Fuentes, quien siendo ministro guatemalteco de Finanzas entre 2008 y 2010 intentó impulsar una reforma fiscal progresiva que fue rechazada por el empresariado y el Congreso.
“Como son un grupo muy concentrado, concentran sus gastos en publicidad y tienen una influencia muy fuerte en los medios de comunicación, entonces hay un manejo ideológico también por parte de ellos”, dice Fuentes a BBC Mundo. “Eso se combina con partidos políticos muy débiles”.
Tras renunciar como ministro, Fuentes publicó un libro sobre su experiencia de gobierno donde reveló que un grupo de grandes empresarios guatemaltecos que describió como “el G-8″ tenía más acceso que él mismo al despacho del presidente Álvaro Colom.
Entre ellos nombró a representantes de la cervecería de la familia Castillo, del conglomerado alimentario-inmobiliario financiero Gutiérrez-Bosch, de Cementos Progreso, de ingenios azucareros y de los bancos Industrial y Agromercantil.
“No estoy seguro si (aún operan como G-8) pero los integrantes de ese grupo siguen siendo determinantes, teniendo un poder de veto en particular y una relación con el Estado, con el gobierno, que puede interpretarse como una alianza”, define Fuentes.
“Ninguna legislación determinante, en particular en el área económica, va a ser aprobada sin el consentimiento de ellos”, agrega.
En 2018, Fuentes apareció involucrado junto a otros exmiembros del gobierno de Colom en un presunto caso de corrupción. El escándalo lo llevó a dimitir a la presidencia de Oxfam Internacional, aunque dice que desde entonces el caso se ha estancado y aún desconoce si enfrentará cargos en su contra.
“Una opinión de peso”
El presidente del Cacif, Ignacio Lejarraga, relativiza la influencia de esta gremial empresarial por ejemplo en evitar que Guatemala tenga mayores controles de competencia doméstica (lo que facilita prácticas monopólicas u oligopólicas) o regule el uso del agua.
“Todo el mundo cree que tenemos 30 o 40 diputados en el Congreso; es un tema de los diputados como tal. Yo puedo tener un veto si soy el presidente de esta república. Yo puedo tener una opinión si soy el presidente de Cacif. Es bien diferente”, dice Lejarraga a BBC Mundo.
“Nosotros tenemos una opinión de peso”, señala. “Y si nuestra opinión de peso ayuda a que las condiciones económicas actuales de Guatemala sean tan buenas como están siendo, pues me alegro”.
Empresario de los sectores financiero y azucarero, Lejarraga declina opinar sobre el informe de la universidad Saint Gallen que se refiere a la reputación de voraz de la élite económica guatemalteca y niega que el Cacif haya respaldado “directamente” algún candidato en su historia institucional.
Sin embargo, los empresarios del país suelen apuntalar a candidatos alineados a sus intereses.
Thelma Aldana recuerda que mientras fue fiscal general de Guatemala entre 2014 y 2018 tuvo “evidencia a la vista del financiamiento electoral ilícito de algunos empresarios con el expresidente Jimmy Morales cuando era candidato” en 2015.
“Los empresarios se acercaron a Jimmy Morales para ofrecerle financiamiento, lo cual no es ilícito. El señor Jimmy Morales les dijo que sí estaba bien que le dieran financiamiento, pero que no aparecieran los nombres de ellos porque él se había presentado como un candidato pobre y no quería que la población lo vinculara con empresarios”, relata Aldana a BBC Mundo. “Y así lo hicieron”.
Ese grupo de empresarios investigados por financiamiento electoral ilícito, con apellidos y compañías que Fuentes incluyó en el G-8, dio una conferencia en 2018 para pedir “disculpas” por sus acciones.
Ese mismo año, el entonces presidente Morales anunció que evitaría renovar el mandato de la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig), que desde su creación a instancias de la ONU en 2006 había apoyado varias investigaciones exitosas anticorrupción.
La exfiscal Aldana, clave en el trabajo de la Cicig, fue precandidata presidencial en 2019 pero abandonó Guatemala y obtuvo asilo político en EE.UU. después que en su país ordenaran arrestarla por un caso que ella y otros vieron como una persecución del gobierno de Morales.
¿Desafío en las urnas?
Movimiento Semilla, el partido político que postulaba a Aldana y se define como progresista, sorprendió en la primera vuelta electoral de junio cuando su actual candidato, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo que precedió a Arbenz, pasó al balotaje contra todo pronóstico, con 12% de los votos.
Las propuestas de Semilla contemplan más injerencia del gobierno en la economía, inversión pública en infraestructura, creación de empresas estatales y políticas de competencia.
Sus diputados propusieron en octubre retirar los representantes del Cacif de decenas de juntas directivas del Estado.
La exprimera dama Sandra Torres, viuda de Colom y candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, también pasó a la segunda vuelta, con cerca de 16% de los votos en una elección marcada por la cantidad de sufragios nulos (17%) y la descalificación de candidatos críticos del impopular presidente Alejandro Giammattei.
Si bien Torres es vista como una opción más conservadora que Arévalo, proviene de la socialdemocracia y promovió programas de asistencia social para pobres, que ahora promete relanzar.
Ondetti cree que los resultados de la primera vuelta, que él presenció en Guatemala, exhiben la frustración de los votantes, pero cree que es temprano para decir si las elecciones traerán un desafío para la élite económica del país.
“Casi todos los gobiernos desde el acuerdo de paz han dicho que querían aumentar los impuestos y el gasto, pero en la mayoría de los casos no sucedió”, advierte.
“En la práctica, las fuerzas contrarias a esos cambios han podido entorpecerlos de un modo u otro”.
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