Por presión del FMI, El Salvador pone fin al bitcoin como moneda de curso legal
El organismo puso como condición “mitigar los riesgos” de la criptomoneda a cambio de aprobar un crédito de 1400 millones de dólares
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LA NACION
SAN SALVADOR.- En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en hacer del bitcoin una moneda de curso legal, bajo una ley que obligaba a los comercios a aceptarlo como medio de pago y la creación de la billetera digital Chivo Wallet para facilitar su uso. Tres años después, la nación centroamericana abandonó su obligatoriedad a través de una serie de reformas aprobadas esta semana.
El parlamento salvadoreño –controlado por el oficialismo– aprobó el miércoles con 55 votos a favor y dos en contra una reforma a la Ley Bitcoin que dejó sin efecto su uso como moneda oficial, por lo que queda a discreción de los usuarios. La nueva redacción en la norma dicta que las transacciones con bitcoin en el país deben ser “con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente”, eliminando también la posibilidad de pagar impuestos o facturas gubernamentales con la criptomoneda.
La reforma, que comprende la modificación de seis artículos y la derogación de tres de los 16 que tenía la ley, entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el boletín oficial, según informó La Prensa Gráfica.
Esta modificación se da tras casi dos años de presión por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que puso como condición “mitigar los riesgos del bitcoin” a cambio de aprobar un crédito de 1400 millones de dólares que el presidente Nayib Bukele necesita con urgencia. El Gobierno salvadoreño tenía como límite el último día de enero para reformar la ley si pretendía recibir el dinero.
El líder salvadoreño, cuyo gobierno posee una reserva de 6050,18 bitcoins, según el sitio oficial Bitcoin Office, no se pronunció al respecto.
La Ley Bitcoin, implementada en 2021, obligaba a todos los negocios salvadoreños a aceptar criptomonedas dentro de sus transacciones, impulsando una inversión gubernamental multimillonaria para adecuar cajeros, una billetera digital y las instalaciones generales para favorecer la circulación del Bitcoin.
Aunque en un inicio, Bukele prometió que la implementación del bitcoin en el país traería consigo “prosperidad económica y libertad financiera” para los salvadoreños, la baja popularidad en su uso ha mermado los planes del polémico presidente.
En ese año, el gobierno salvadoreño emitió un incentivo de 30 dólares para que los comerciantes instalaran la Chivo Wallet, la billetera digital oficial del país. Según una encuesta de Ludop, solo el 8,4% de los encuestados alegaron haberla usado alguna vez.
A pesar de la convicción de Bukele, para finales de 2022 el 91,7% de la población creía que su economía seguía igual o peor, según las encuestas. En 2024, El Salvador fue, por quinto año consecutivo, la economía que menos creció de la región, mientras que un estudio del Banco Central de Reserva publicado a mediados se ese año reveló que en el país centroamericano había 55.000 pobres más que en 2023.
En una entrevista con la revista Time el junio pasado, el propio Bukele admitió: “La moneda que más circula por muchísimo en El Salvador es el dólar de Estados Unidos. Siento que pudo haber funcionado mejor (el bitcoin), creo que todavía hay tiempo para hacer algunas cosas, pero no nos ha dejado nada malo, al contrario, nos ha dado branding, nos ha traído inversión, nos ha traído turismo”.
Con la Ley Bitcoin reformada, se allana el camino a la concesión del préstamo por parte del FMI, que podría aliviar el panorama de una economía poco dinámica y altamente endeudada. Más si abre las puertas –como dijo el FMI en diciembre, cuando se llegó al acuerdo técnico– a un apoyo adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades regionales para un paquete de financiación que supere los 3500 millones de dólares.
Reforma constitucional
El Congreso salvadoreño también ratificó el miércoles una reforma constitucional que facilitará y agilizará la realización de cambios constitucionales en el futuro, un cambio que, según los críticos, permitirá al presidente Bukele y a su partido consolidar aún más su poder.
Anteriormente, las reformas constitucionales debían ser propuestas y aprobadas en una legislatura, y luego ratificadas por el Congreso siguiente tras las elecciones. Ahora pueden aprobarse con solo el voto de tres cuartas partes de los legisladores. El partido Nuevas Ideas de Bukele tiene 54 escaños y sus aliados cuentan con tres más en el Congreso unicameral de 60 escaños.
Christian Guevara, líder de Nuevas Ideas en el Congreso, señaló que el nuevo mecanismo de reforma acelerada se utilizaría para eliminar el controvertido financiamiento público de campañas en el país. Los partidos políticos reciben dinero del gobierno según el número de votos que obtienen en las elecciones, o deben devolver los fondos adelantados si sus votos no alcanzan.
“La verdadera razón detrás de esto es centralizar aún más el poder”, dijo la legisladora opositora Cesia Rivas, del partido Vamos, sobre el plan para eliminar el financiamiento público de campañas.
Eduardo Escobar, director del grupo cívico Acción Ciudadana, advirtió que, dado el dominio de Nuevas Ideas, los posibles cambios podrían ir mucho más allá. La reforma “abre la posibilidad de que puedan modificar cualquier aspecto de la Constitución”, afirmó.
El Congreso también extendió por otro mes el estado de excepción, que lleva casi tres años en vigor y suspende derechos básicos, como el acceso a un abogado o el requisito de que la policía explique el motivo de una detención, permitiendo así que el gobierno continúe su lucha contra las pandillas
Con información de El País, La Prensa Gráfica, AP y Reuters
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