Por decreto de Bolsonaro, ahora políticos y hasta periodistas podrán portar armas en la vía pública
LA NACION
RIO DE JANEIRO.- Como parte de su política armamentista para que los brasileños puedan autodefenderse y reducir así la criminalidad, el presidente Jair Bolsonaro firmó un decreto que expande el porte de armas de fuego en la vía pública a políticos con cargos electivos, abogados, residentes de áreas rurales, camioneros y hasta periodistas que cubran casos policiales, entre otras nuevas categorías.
"Siempre dije que la seguridad pública comienza dentro de casa", resaltó ayer el mandatario de ultraderecha en una ceremonia en el Palacio del Planalto, donde fue vitoreado por legisladores de la llamada "bancada de la bala" –compuesta por expolicías y exmilitares-, que festejaron la medida fingiendo tener pistolas en sus manos.
En un principio, el decreto había sido anunciado como una iniciativa para reducir la burocracia en el mercado de armas en Brasil ; se había señalado que solamente posibilitaría la importación de pistolas, revólveres y fusiles que fueran fabricados en el país, y que flexibilizaría el transporte de armas para cazadores, coleccionistas y practicantes del tiro deportivo. Sin embargo, causó sorpresa hoy cuando la determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Unión con la ampliación de categorías que podrán llevar armas en la vía pública y, en algunos casos, incluso en aviones, escenario no permitido hoy.
De acuerdo al texto publicado, las categorías ahora listadas no precisarán comprobar "efectiva necesidad" para justificar su solicitud de porte de armas a la Policía Federal. El decreto subraya, de cualquier manera, que los interesados deberán cumplir con las exigencias ya previstas en la legislación –principalmente en el Estatuto de Desarme-, y que las armas tendrán que estar registradas en el Sistema Nacional de Armas.
El Estatuto de Desarme, que entró en vigor en 2003, prevé que los pedidos de porte de armas deben estar acompañados por comprobantes de aptitud técnica y capacidad psicológica, certificado de ausencia de antecedentes penales, y un justificante de "efectiva necesidad por ejercicio de actividad profesional de riesgo o por amenaza a la integridad física". Hasta el momento, los únicos autorizados a llevar armas en la vía pública eran militares y policías –incluso inactivos-, así como agentes penitenciarios y de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); y con permisos especiales, agentes de seguridad privada y de empresas de transporte de valores.
Ahora se le agregarán políticos en el ejercicio de cargos electivos (desde el presidente hasta un alcalde pasando por diputados y senadores), abogados, funcionarios del Poder Judicial, camioneros, residentes en áreas rurales y hasta periodistas que normalmente cubran noticias policiales.
Para muchos expertos legales, la modificación del Estatuto de Desarme, una ley federal, no puede ser realizada por simple decreto, sino que debe ser iniciativa del Congreso.
"El decreto presidencial quiere modificar el contenido del Estatuto de Desarme, pero solamente podría reglamentarlo. Un decreto no puede ampliar las fronteras de una ley. En derecho, eso es considerado una ilegalidad que puede ser contestada", señaló el abogado penalista João Paulo Martinelli, profesor de la Escuela de Derecho de Brasil.
Desde la campaña electoral del año pasado, Bolsonaro –un excapitán del ejército que ha defendido la dictadura y las torturas practicadas por el régimen militar- alzó la bandera del armamentismo como política para frenar el creciente aumento de la criminalidad en el país. "Los ciudadanos tienen derecho a defender su propiedad", repitió una y otra vez, mientras en los actos hacía con sus manos el gesto de estar disparando armas.
Sus propuestas le generaron gran apoyo entre los defensores de una postura de "mando dura" ente el crimen, entre ellos sectores identificados con los militares y los agentes de seguridad. Pocas semanas después de asumir la Presidencia, el 1º de enero, ya había firmado otro decreto para facilitar la compra de armas de fuego.
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