Polonia desafía a la justicia europea y pone el país al borde de la ruptura con la UE

PARÍS.– La Corte Constitucional de Polonia se pronunció este jueves contra la supremacía del derecho comunitario europeo sobre la Constitución de ese país, crispando aun más la tensa relación que existe entre Varsovia y Bruselas. Esa decisión histórica podría amenazar la financiación de Polonia por parte de la Unión Europea (UE) e incluso su permanencia en el bloque.

En lo que constituye el último episodio de un largo enfrentamiento entre Polonia y la UE en torno de las controvertidas reformas judiciales introducidas por el partido ultra-conservador nacionalista Derecho y Justicia (PiS), la más alta jurisdicción polaca decidió que ciertos artículos de los tratados europeos son “incompatibles” con la Constitución de ese país.

Ese no es, sin embargo, el único punto de fricción política entre el gobierno de Varsovia y Bruselas. El enfrentamiento también concierne la libertad de la prensa y los derechos de la comunidad LGTB, además de una dura pulseada lanzada por el PiS para hacer adoptar por Bruselas su plan de reactivación económica poscrisis sanitaria.

La decisión de la Corte responde a un pedido del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que solicitó al tribunal pronunciarse sobre la legitimidad de las instituciones de la UE para impedir la reforma del sistema judicial polaco.

En su fallo, el juez Bartlomiej Sochanski estimó que “en el sistema jurídico polaco, el tratado de la UE está subordinado a la Constitución (…) y que al igual que el resto del sistema jurídico del país, debe respetar la Constitución”.

Jaroslaw Kaczynski, líder del PiS, declaró a su vez que en su país “la principal ley es la Constitución”. Y añadió: “Todas las normas europeas vigentes en Polonia deben respetarla; eso se aplica también al sistema judicial. Y la Unión Europea no tiene nada que decir”.

La reacción de la Comisión Europea (CE) no se hizo esperar. Para Bruselas, esa decisión provoca “graves inquietudes” e insistió en un comunicado en la supremacía del derecho europeo sobre el derecho nacional de los Estados miembros. La CE indicó además su intensión de utilizar todas sus prerrogativas para “preservar la aplicación uniforme del derecho europeo y su integridad”.

Para opositores y detractores del gobierno polaco, poner en tela de juicio la superioridad del derecho europeo podría comprometer el futuro de Polonia dentro de la UE. Pero también la estabilidad del bloque comunitario. El PiS rechaza esos argumentos y asegura no tener intención alguna de seguir el ejemplo británico, lanzando un eventual “Polexit”.

“Polonia solo quiere poner fin a la injerencia de la UE. No habrá Polexit. Vemos sin ningún equívoco el futuro de Polonia en la UE”, declaró Kaczynski el mes pasado.

Credibilidad

Eso no es lo que piensan muchos eurodiputados, sobre todo del conservador Partido Popular Europeo (PPE). “Tengo muchas dificultades en creer que no quieren irse de la UE”, aseguró anoche Jeroen Lenaers. “El gobierno polaco ha perdido toda su credibilidad. Se trata de un ataque contra la totalidad de la UE”, agregó.

El gobierno polaco fue más lejos aun, negando tener alguna influencia en las decisiones de justicia de su país, argumento difícil de creer si se tiene en cuenta la batería de medidas adoptadas para amordazar a los jueces y conservar únicamente a aquellos que acatan su voluntad.

El diferendo del PiS con Bruselas se centra en particular en el nuevo sistema disciplinario para los jueces que, según la UE, amenaza seriamente la independencia del poder judicial polaco. Pero también hay otras manzanas de la discordia: sobre todo la nominación de los jueces y su traslado sin consentimiento a otros departamentos o divisiones de un mismo tribunal. Según Varsovia, las reformas son necesarias para erradicar la corrupción dentro del sistema judicial.

En su dictamen, el tribunal indicó tener derecho no solo de verificar la conformidad de las leyes europeas a la Constitución, sino también la conformidad de las decisiones de la Corte de Justicia de la UE.

A riesgo de verse imponer sanciones financieras, Varsovia debía conformarse antes del 16 de agosto a una decisión de la Corte de Justicia de la UE, que le ordenó suprimir del sistema sanciones disciplinarias contra los jueces, después que la principal jurisdicción del bloque estimó que el método instaurado en Polonia era incompatible con la legislación europea.

Ante la rebeldía polaca, el comisario europeo a cargo de la Economía, Paolo Gentiloni, había advertido el mes pasado que la pulseada judicial podría tener “consecuencias” sobre la entrega de los fondos de reactivación a Polonia. La UE no aprobó todavía los 23.000 millones de euros de subvenciones y los 34.000 millones de euros en préstamos a bajo costo previstos para ese país. Varsovia calificó la advertencia de Gentiloni de “chantaje”.

Poco después, los responsables europeos explicaron que el dinero podría ser entregado el mes siguiente. Pero que estaría acompañado de condiciones estrictas en materia de respeto del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, la Comisión Europea solicitó a la Corte de Justicia de la UE que infligiera a Polonia multas cotidianas hasta que el gobierno suspenda las reformas judiciales adoptadas.

Más del 80% de los polacos quieren seguir perteneciendo a la UE, que acordó a ese país miles de millones de euros en subvenciones para estimular su desarrollo desde su adhesión en 2004. Pero las relaciones entre Varsovia y Bruselas se deterioraron cuando el PiS llegó al poder en 2015. El vicepresidente del Parlamento, Ryszard Terlecki, pidió recientemente “soluciones drásticas” en el conflicto del Polonia con la UE.

“Los británicos mostraron que la dictadura de la burocracia de Bruselas no les convenía. Dieron media vuelta y se fueron”, concluyó.

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