Polémica visita de tres jefes paramilitares al Congreso colombiano

BOGOTA.- En una polémica e inédita comparecencia ante el Congreso de Colombia, tres líderes paramilitares defendieron ayer las negociaciones de paz que mantienen con el gobierno de Alvaro Uribe, calificaron su lucha como "heroica" y rechazaron la cárcel como castigo a sus crímenes.

Amparados en un permiso oficial de 48 horas que expira esta medianoche, los tres jefes más representativos del grupo de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza fueron trasladados a Bogotá en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y conducidos luego a la Cámara de Representantes, en medio de un severo esquema de seguridad que incluyó el cierre temporal del centro histórico de la ciudad.

En su encendida intervención -la primera que un líder paramilitar pronuncia en el Congreso y que tuvo visos de discurso político de campaña-, Mancuso, de 39 años, afirmó que el objetivo de su organización es impedir que "Colombia se convierta en otra Cuba", al tiempo que aseguró que las AUC se crearon para "sustituir al Estado" allí donde estaba ausente.

El líder de ultraderecha -quien cambió su uniforme de campaña por un impecable traje y corbata- reclamó asimismo al Estado por "haberlo arrojado a la guerra" y reiteró que sus hombres no están dispuestos a pagar con cárcel su "sacrificio a favor de la pacificación del país".

"Por este sacrificio por la patria, por liberar de las guerrillas a Colombia y no dejar que el país sea otra Cuba o en su momento Nicaragua, no pueden las autodefensas recibir la cárcel. Apostamos a la negociación pacífica y al abandono de las armas", señaló el máximo dirigente paramilitar, quien se presentó como un hombre "creyente en Dios, padre de familia y un empresario que fue empujado al conflicto" por las guerrillas izquierdistas.

Al acto en el Parlamento también asistió una veintena de diplomáticos, entre ellos los embajadores de la Argentina (Martín Balza), Bolivia, China, El Salvador, Líbano, Marruecos, Palestina, Perú, Panamá, República Dominicana, Rumania, Argelia, Malta y Uruguay.

En las afueras del Congreso, fuertemente resguardado por 1500 policías y militares, los partidarios de las negociaciones con los paramilitares sostenían globos blancos, mientras los opositores mostraban dos ataúdes y enarbolaban un cartel que decía "Mancuso, yo te acuso".

Los detractores del diálogo de paz temen que éste termine con una ley de perdón y olvido para los paramilitares, acusados de masacres, desplazamientos forzados y narcotráfico.

Cuestionadas negociaciones

Desde el 1° del actual, el gobierno y las AUC desarrollan unas cuestionadas negociaciones de paz en Santa Fe de Ralito, centro de la zona de concentración paramilitar del norte del país. Se trata de un área de 368 kilómetros cuadrados donde se encuentran los 10 máximos jefes de las AUC y 400 de sus hombres.

El proceso busca que unos 20.000 combatientes de esos escuadrones -que combaten a la guerrilla de izquierda- depongan las armas y se reincorporen a la vida civil antes de diciembre de 2005. Los paramilitares, por su parte, anunciaron que su desmovilización se producirá cuando existan los mecanismos jurídicos adecuados para protegerlos y cuando el gobierno garantice la seguridad de las áreas que dominan.

Pero incluso Estados Unidos -principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico- expresó su escepticismo sobre los diálogos y advirtió recientemente que no retirará las órdenes de extradición contra seis líderes paramilitares, a quienes acusa de tráfico de drogas.

Al respecto, Mancuso -uno de los jefes con pedido de extradición- sostuvo que "es una estrategia de los enemigos de la paz calificar de narcotraficantes y señores de la guerra a las fuerzas de autodefensas". En este sentido, indicó que las AUC apoyan la sustitución de los cultivos de coca por productos agrícolas lícitos, para lo cual pidió apoyo nacional e internacional.

Agencias AFP, Reuters, DPA y AP

Preocupación por una carta de Kerry

• BOGOTA (DPA).- El gobierno de Colombia manifestó ayer su "preocupación" por una carta que el candidato demócrata estadounidense, John Kerry, le envió al mandatario colombiano, Alvaro Uribe, instándolo a mejorar la situación de los derechos humanos y a cortar los vínculos del ejército con los grupos paramilitares. Fue el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, quien admitió que la misiva "genera preocupación en el gobierno", aunque advirtió que ésta podría tener fines electorales y subrayó el interés de los demócratas "en cuidarle el flanco a la izquierda".

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