Polémica en Italia: Giorgia Meloni busca convertir el alquiler de vientres en un “delito universal”

ROMA.- Envalentonada por el viento de derecha que sopla fuerte en Italia -como confirmaron recientemente elecciones locales en las que su coalición triunfó-, la primera ministra Giorgia Meloni se apresta a convertir la maternidad subrogada, es decir, el alquiler de vientres, en un “delito universal”.

Aunque la aquí también llamada “gestación para otros” ya es una práctica prohibida en Italia y desde 2005, un delito, un nuevo y controvertido proyecto de ley irá mucho más allá: y castigará también a las parejas italianas que recurren a la maternidad subrogada en el exterior, fuera de los límites de Italia.

Si el alquiler de vientres se convirtiera en “delito universal”, las parejas que regresaran a Italia de países donde la maternidad subrogada es permitida -como Estados Unidos, Ucrania, Canadá o el Reino Unido- con un bebé, podrían ser denunciadas legalmente. No sólo podrían enfrentar penas de tres meses a dos años de cárcel y multas de entre 600.000 y un millón de euros, sino que, también, podrían correr el riesgo de que el recién nacido pueda ser dado en custodia a otra familia, tras la decisión de un juez.

“La posición del gobierno es de absoluta condena a cualquier forma de subrogación de la maternidad, en cuanto forma de comercialización del ser padres, que va en contra de la dignidad de la mujer y de los derechos de los niños”, explicó Eugenia Roccella, ministra de la Familia e Igualdad de Oportunidades del gobierno de Meloni, al expresar enorme satisfacción después de que el proyecto de ley -firmado por la diputada Carolina Varchi, de Hermanos de Italia-, obtuvo ayer una primera luz verde de la comisión de Justicia del Parlamento, por lo que podría comenzar a ser discutido a partir del 19 de junio.

La coalición de derecha de Meloni -formada por su partido post-fascista, Hermanos de Italia; la xenófoba Liga, de Matteo Salvini, y Forza Italia, del expremier y magnate Silvio Berlusconi- se presenta totalmente compacta frente a este cita.

“Era una batalla nuestra y la estamos llevando adelante: ahora el próximo paso en el aula, para el vía libre definitivo a una medida de sentido común y humanidad”, festejó ayer Salvini, vicepremier y ministro de Infraestructura, en un tuit. “Las mujeres no se alquilan, los niños no se compran: de las palabras a los hechos”, agregó.

Si bien en pie de guerra ante un diseño de ley considerado por algunos un “espanto” e “inaplicable jurídicamente”, la oposición, en cambio, aparece dividida. Aunque la líder del Partido Democrático (PD), de centroizquierda y el más importante de la oposición, Elly Shlein, está totalmente en contra de la nueva ley y en favor de una maternidad subrogada solidaria, un ala católica de su agrupación no piensa lo mismo.

“El tema no es el sí o el no a la maternidad subrogada, sino poner al centro la protección de los niños de las familias arco-iris”, subrayó el diputado del PD, Alessandro Zan, que aludió, así, a las familias gay. Estas ya recibieron un fuerte revés hace unos meses, cuando, debido a un decreto del gobierno de Meloni, en varias comunas les fue impedido anotar a sus hijos en el registro civil.

“Ni siquiera en las peores dictaduras del pasado y hoy quizás solo en el Irán de los ayatollahs y en el Afganistán de los talibanes suceden cosas así, incriminan a los padres y nadie se pregunta qué efecto esto puede tener sobre los hijos”, protestó Riccardo Magi, de la agrupación +Europa, que consideró la propuesta de la derecha de convertir en delito universal el alquiler de vientres algo típico de “estados de policía ética”.

Referentes del llamado Tercer Polo formado por Italia Viva, del ex premier, Matteo Renzi y Azione, del ex ministro Carlo Calenda, de centro, adelantaron que votarían en favor del diseño de ley alentado por Meloni. Todo esto, para alegría de los sectores católicos, desde siempre contrarios a una práctica condenada por la Iglesia católica, que “se aprovecha de la pobreza de las mujeres para luego tratar a los chicos como objetos de compra”.

Tanto es así que Alberto Gambino, presidente de la asociación católica Ciencia y Vida, no ocultó su satisfacción: “es un primer paso importante, pero es necesario que la norma no sea sólo de fachada, porque la posibilidad concreta de la punibilidad del delito pasa necesariamente por un endurecimiento de la pena que hoy es verdaderamente exigua, de solo tres meses a dos años”.

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