Pinochet quedó detenido, pero con atenuantes

LONDRES (AP).- La Cámara de los Lores determinó ayer, por 6 votos contra 1, que el ex dictador Augusto Pinochet no goza de inmunidad como ex jefe de Estado y que, por lo tanto, puede ser objeto de un juicio de extradición a España. Pero, al mismo tiempo, redujo de 32 a 3 los cargos por los que puede ser enviado a España.

Al mismo tiempo sugirió al ministro del Interior, Jack Straw, que reconsidere la acusación. Si esto sucede, el ex dictador chileno podría quedar libre.

El ambiguo fallo de la máxima autoridad judicial británica conformó a los partidarios de Pinochet y a sus enemigos. A los primeros porque redujo sustancialmente la cantidad de cargos en su contra y porque estableció que no podrá ser juzgado por los crímenes cometidos antes de 1988 (fecha en la que Gran Bretaña adhirió a la Convención Internacional contra la Tortura). Y a los segundos porque deja la puerta abierta para la extradición.

Tanto en Chile como en Gran Bretaña y en España se repitieron los festejos de ambos bandos, aunque en Santiago hubo incidentes.

El presidente Eduardo Frei manifestó su satisfacción por la decisión y reiteró que su apoyo a Pinochet se basa en la defensa del principio de soberanía y de la no extraterritorialidad de la Justicia.

Straw tendrá hasta el lunes próximo para decidir.

Pinochet tuvo una "derrota victoriosa"

Los magistrados redujeron los cargos contra él de 32 a 3 e invitaron al ministro del Interior británico a rever el caso.

LONDRES.- Para Augusto Pinochet, la de ayer fue una "derrota victoriosa". La más alta autoridad judicial británica ratificó que no goza de inmunidad, pero al mismo tiempo extendió una virtual invitación al ministro del Interior, Jack Straw, para que lo deje libre al reducir de 32 a 3 los cargos por los cuales puede ser extraditado a España.

Los siete lores de los que dependía su destino fallaron 6 a 1 en contra en lo que se refiere a sus privilegios como ex jefe de Estado.

De esta forma reivindicaron la decisión adoptada por sus colegas en noviembre último, que fue exitosamente impugnada por la defensa al encontrar vínculos de uno de los jueces con Amnesty International. Sólo lord Goff, que durante los 12 días que duró la segunda apelación apenas pudo ocultar su simpatía por la defensa, sentenció en favor del octogenario ex dictador.

Sus pares, sin embargo, también advirtieron que Pinochet -y de hecho todo tirano que pise suelo británico- no podrá ser juzgado por ningún caso de tortura cometido antes del 8 de diciembre de 1988. En esa fecha, el Reino Unido adoptó la Convención Internacional contra la Tortura, que torna ese crimen en uno de carácter extraterritorial.

"Decidimos que, sobre la base de la ley, los procedimientos para la extradición del senador Pinochet pueden continuar si el ministro del Interior lo cree apropiado", indicó el presidente del panel, lord Browne-Wilkinson, al leer una explicación colectiva del fallo destinada a "evitar malentendidos".

De nuevo Straw

"Nosotros hemos dicho también que, en vista de la muy sustancial reducción en el número de cargos extraditables -subrayó-, el asunto requerirá ser reconsiderado por el ministro del Interior."

Esta frase sirvió para echar el fardo sobre los hombros de Jack Straw, quien tendrá que decidir si cede a las presiones del gobierno chileno, del Vaticano y a las críticas por los gastos que demanda la detención de Pinochet, o si resiste, complaciendo así a la mayoría de sus correligionarios. Y tiene, de hecho, hasta el lunes próximo para resolver esta encrucijada.

Porque una hora después de pronunciado el fallo -y tal como lo adelantó La Nación - los abogados de Pinochet ya estaban en la sede de la Corte Suprema solicitando una revisión judicial de su autorización a avanzar en la extradición del 9 de diciembre último y entregando una requisitoria de hábeas corpus.

"La decisión de los lores dejó de manifiesto que la autorización del ministro del Interior está fatalmente errada", sostuvo Clive Nicholls, jefe del equipo legal de Pinochet.

Los jueces Laws, Cresswell y Latham registraron la solicitud, pero decidieron posponer la audiencia hasta el lunes para "permitir al ministro que analice los considerandos de los lores". Lo que en realidad hicieron fue darle tiempo para que decida si deja en libertad o no a Pinochet antes de embarcarse en un juicio que puede terminar no teniendo sentido alguno.

Una vocero del Ministerio del Interior dijo ayer que su titular -de por sí un avezado abogado- "reconsiderará el asunto y lo hará lo más rápido posible, a la luz del nuevo fallo de los lores, que cubre aspectos sumamente complicados, y tras recibir asesoría legal".

Golpe para Garzón

Si hay algo que quedó ayer en claro es que la estrategia del juez Baltasar Garzón de llevar la atención de los lores hacia crímenes anteriores al golpe de Estado de 1973 abrió los ojos de la defensa hacia el principio de "retroactividad", transformándose así en un boomerang que pegó más duro en el corazón de su iniciativa de lo que se ve a simple vista. Esto se debe a que, aun cuando Pinochet fuera extraditado a España, por un principio de ley internacional conocido como la "doctrina de la especialidad", el general tampoco podrá ser juzgado allí por delitos previos a 1988. Garzón ató así efectivamente sus propias manos.

La fiscalía británica reconoció esto de inmediato. Y por eso aprovechó la iniciativa de la defensa en la Corte Suprema para pedir que se les permita, también a la luz de la decisión de los lores, agregar nuevos cargos a la lista de aquellos cometidos después de 1988.

Los tres jueces decidirán también esta cuestión el lunes próximo.

Festejos para todos

A pesar de las ambigüedades del fallo, a la salida del palacio de Westminster, no bien conocido el texto, todos encontraban motivos para festejar.

"Estamos muy contentos con el fallo -dijo a La Nación Fernando Barros, principal vocero de Pinochet en Londres -. Los lores decidieron que no existía realmente un caso para juzgarlo, por más que declararon que no es inmune." Al recordársele que tres cargos siguen en pie, el profesor de Economía chileno dijo encogiendo los hombros: "Son tres los casos de violencia policial ocurridos en dos años. ¿Cuántos casos como éstos tienen en su país y a nadie se le ocurre pedir la extradición de su presidente?" En realidad, lord Browne-Wilkinson dejó en claro que los casos pendientes consisten en uno de tortura (Marcos Quezada Yáñez, de 17 años, quien murió tras ser sometido a la picana eléctrica en 1989), uno de conspiración para cometer asesinato en suelo español y otros -no precisó el número, si bien en el pedido de extradición figura sólo uno- de intentos de secuestro.

Al lado de él, el ex ministro de Economía conservador lord Norman Lamont no tardó en lanzar un dardo contra el gobierno laborista.

"Los lores han puesto la responsabilidad de poner fin a esta embarazosa y costosa farsa en manos del ministro del Interior -interpretó-. Yo quiero ver si él tiene el coraje de tomar este desafío."

Su otrora líder, la ex primera ministra Margaret Thatcher, también señaló con el dedo a Jack Straw.

"Los lores confirmaron que casi todos los cargos son inadmisibles -indicó en un comunicado-. En estas circunstancias es muy errado mantenerlo aquí. El juicio puso otra vez el asunto firmemente en las manos del ministro del Interior."

A las puertas del Parlamento, Miguel Schweitzer, abogado y amigo de la familia Pinochet, también sonreía. "Comparado con lo que teníamos hasta ahora, este fallo ha sido excelente para nosotros", indicó.

A escasos metros, los senadores de derecha chilenos Ignacio Pérez Walker, Evelyn Matthei y María Angélica Christie compensaban la ausencia de manifestantes pinochetistas expresando su júbilo ante las cámaras de televisión.

Optimismo y lamento

En otra esquina de la barrera metálica que separaba a los políticos de la prensa, su antagonista de siempre, el parlamentario laborista Jeremy Corbyn, sostenía que Straw no dudará un segundo en confirmar su decisión original.

"Los abogados de Pinochet no ganaron un ápice con la sentencia de hoy -señaló, acompañado por los cánticos de júbilo de un centenar de exiliados chilenos-. Les guste o no, van a tener que luchar en los estrados por uno o dos años. Luchamos 25 años por un día como éste y es bueno saborear la victoria." Pierre Sané, secretario general de Amnesty International, también calificó la reducción como un "mero tecnicismo" incapaz de torcerle el puño al ministro.

"Cuando dio la orden de proceder con la extradición, lo hizo sobre la base de principios que hoy fueron ratificados por los lores y no por una cuestión de números", aclaró.

En un comunicado, sin embargo, Amnesty International diría más tarde que si bien consideraba el fallo "un paso hacia adelante para los derechos humanos", lamentaba que los lores "hayan encontrado obstáculos de procedimiento para llevar al ex dictador Augusto Pinochet ante la Justicia".

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