Piñera promulga la ley para que Chile decida su reforma constitucional

SANTIAGO, Chile.- Las protestas en Chile, que comenzaron el 18 de octubre con el anuncio de un alza del precio del boleto de subte, abrieron un debate profundo. Los reclamos de los ciudadanos se expandieron y denunciaron desigualdades sociales persistentes y sistemáticas que rastrearon su origen hasta la Constitución chilena. Heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Carta Magna se volvió centro de críticas. Como respuesta, el presidente Sebastián Piñera promulgó ayer la ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril de 2020 para decidir si cambiarla, tras un histórico acuerdo político.

"Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional", que "no es una vara mágica que resuelve todos los problemas", dijo Piñera, al firmar esta ley aprobada la semana pasada en el Congreso, y que es una de las principales demandas en las manifestaciones sociales que se saldan con 26 muertos, según datos de la Fiscalía.

La promulgación se realizó en el palacio presidencial de La Moneda, ante la presencia de unos 300 invitados especiales, entre ellos el expresidente socialista Ricardo Lagos, que hace 15 años introdujo las reformas más significativas a la Constitución aprobada en dictadura con enclaves considerados "antidemocráticos".

La reforma a la actual Constitución, señalada como una de las mayores fuentes de desigualdades de la sociedad chilena, no consideraba la posibilidad de convocar a un plebiscito para estos fines.

Por esta razón fue necesario un acuerdo político entre la izquierda y los partidos de gobierno, que fue alcanzado el 15 de noviembre, dos días después de una jornada de extrema violencia en el país.

En el plebiscito se consultará a los chilenos sobre dos preguntas: si quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Constitución, si una "comisión mixta constitucional" o una "convención constitucional", similar a una asamblea constituyente donde todos los integrantes sean electos por la ciudadanía.

"Hoy por primera vez tenemos la oportunidad de lograr con total libertad y en plena democracia un gran acuerdo constitucional, con amplia y efectiva participación ciudadana", agregó Piñera, cuya popularidad se desplomó a 11% debido al violento estallido social.

Si los chilenos aprueban una nueva Constitución, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y se hará con voto voluntario.

El órgano que redacte la Constitución tendrá un plazo de nueve meses para elaborar el nuevo texto, prorrogable por otros tres meses más.

Pero a pesar de los avances visibles, la promulgación de la ley ocurre el mismo día que el autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile denunció la violación grave de "los derechos a la vida y la integridad física y psíquica" de las personas durante las protestas sociales.

Al entregar su informe anual, el INDH apuntó sus críticas al accionar de Carabineros (policía), tras "constatar que se reiteran conductas como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamientos en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos".

El informe agrega que el problema en el actuar de la policía se explicaría, entre otras causas, por una "indebida autonomía" exhibida desde la vuelta a la democracia por parte de la institución.

Agencias AP y AFP

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