Pilis, la ciudad alineada con Orban que se reserva el derecho de admisión y solo acepta a quienes hablan húngaro

PILIS, Hungría.– Pilis es tan “selectiva”, que terminó siendo célebre. Desde el 1° de septiembre de 2025, esta localidad de 12.000 habitantes, situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Budapest, impone condiciones drásticas a quien pretenda instalarse aquí.

Para comprar una casa y convertirse en “pilisiense”, se necesita un historial judicial limpio, estar afiliado a la Seguridad Social desde hace más de un año y tener un empleo con al menos el salario mínimo, no tener deudas —en el caso de los empresarios—, y hablar húngaro.

Cumplidas esas condiciones, el candidato debe pasar una entrevista individual ante el consejo municipal, que se reserva el derecho discrecional de aceptarlo o no. Y Pilis puede aplicar esos estrictos criterios de selección porque, desde el 1° de julio del año pasado, en virtud de una ley nacional sobre “la protección de la identidad local”, los municipios tienen derecho a filtrar a los recién llegados casi a su antojo.

Oficialmente, se trata de limitar el crecimiento de las ciudades muy atractivas de la gran periferia de Budapest y de los alrededores del lago Balaton. Para ello, se les proporcionan “herramientas conformes al Estado de derecho” para “filtrar a los recién llegados”, como expuso el ministro de Administración Pública y Desarrollo Regional, Tibor Navracsics, en su momento.

Viktor Orban había anunciado la medida en febrero, en su discurso sobre el estado de la nación: “Presiento un vivo debate sobre el derecho de los pequeños municipios a defenderse. ¿Tienen derecho a preservar su tamaño y su identidad rural? Si es así, entonces démosles los medios para ejercer ese derecho y regular la instalación de nuevos habitantes. El campo, el pueblo, la pequeña ciudad no son terrenos de experimentación, sino un legado. ¡Concedámosles el derecho a defenderse!”, declaró.

La medida representó, ni más ni menos, que la aplicación a nivel local del mantra de Viktor Orban desde la crisis migratoria de 2015, para oponerse a las cuotas de solicitantes de asilo impuestas por la Comisión Europea: “Tenemos derecho a elegir con quién queremos vivir”.

El alcalde de Pilis, Attila Laszlo, un hombre de unos 50 años y complexión robusta, no rehúye recibir a la prensa y acepta con beneplácito la visita de periodistas extranjeros. Está convencido de estar en su derecho para luchar contra el crimen y la corrupción que, según él, amenazan su municipio. No importa la evidente violación de la libertad de movimiento e instalación y su carácter arbitrario, que probablemente no resistiría ante el Tribunal Constitucional ni ante el Tribunal de Justicia Europeo. Ni siquiera se habla de la violación al libre mercado, ya que los propietarios no podrán vender sus bienes a quien deseen.

Desde que se presentó la ley, asociaciones de la sociedad civil han señalado el riesgo de que sirva principalmente para discriminar a los ciudadanos gitanos.

“No es contra los gitanos. No somos racistas”, asegura el adjunto del alcalde, buscando la aprobación de su superior. Hay que creerles, porque el texto de la ley, intencionadamente ambiguo, otorga plena libertad a las autoridades locales y no permite prevenir abusos.

“Llevo 20 años desempeñando un papel en la vida pública y he sido llevado a juicio en numerosas ocasiones, pero siempre he sido absuelto, generalmente por acusaciones de este tipo”, dice Laszlo.

No es ningún secreto que Attila Laszlo fue jefe del Movimiento de Autodefensa Húngaro, una pequeña milicia que se dio como misión “defender los valores nacionales y el espacio vital húngaro”, vinculada al partido de extrema derecha Mi Hazank (Nuestra patria). Imponer el húngaro a los recién llegados, reconoce el alcalde, es algo delicado.

“Por supuesto, si... digamos, jubilados alemanes quisieran instalarse aquí, no habría problema”, tranquiliza. Para él, se trata de distinguir bien entre lo que llama “los europeos normales” y los demás.

“Incluso usted podría ser aceptada, aunque no hable el húngaro”, ironiza antes de agregar: “Pero usted que vive en Francia, dígame, allí también tienen algunos problemas, ¿no?”.

“¡Y no pocos!”, añade su adjunto.

Pero el argumento oficial no convence a Carol Hilochot, que soñaba con instalarse aquí. El otoño pasado, con su esposa, compraron a buen precio una pequeña casa para restaurar en medio de un gran terreno. Pero hoy, solo puede mirarla de lejos. Porque, pocas semanas después, tuvieron una disputa con una vecina y el alcalde les ordenó que abandonaran el lugar.

“Llegó y nos dijo que teníamos dos semanas para irnos. No le importaba qué sería de nosotros o a dónde iríamos. Teníamos dos semanas, si no, nos expulsaría por la fuerza”, lamenta.

El dinero pagado por su casa les fue reembolsado por la alcaldía, ahora propietaria, que la volvió a poner en venta. Pero para Carol Hilochot, que forma parte de la minoría gitana en Hungría, la situación es difícil de aceptar.

“Es racismo. Este alcalde, no sé de qué partido es, es racista. Ataca a los gitanos. En cuanto ve a alguno, no le permite entrar”, dice.

La vendedora de una ferretería en el centro de Pilis tiene la misma opinión tajante sobre el asunto: “El alcalde es un gran racista. Ahora hace esfuerzos, pero normalmente habla de los gitanos como de ratas a exterminar”. En cuanto a la criminalidad que supuestamente reina aquí, “son tonterías, no hay más criminalidad aquí que en otros lugares”, afirma.

Como suele ocurrir en las zonas rurales de Hungría —e incluso en la capital— la tienda está regenteada por asiáticos. En este caso, son vietnamitas y su nivel de húngaro no parece suficiente para hablar de política. De haber estado vigente, la ley sobre la protección de la identidad local probablemente les habría cerrado las puertas de la ciudad. Un cliente, un hombre de unos 40 años que circula en bicicleta, como buena parte de la población rural, dice no querer ocuparse de “gran política”... antes de cambiar de opinión: “El alcalde habría hecho mejor en consultar a la gente antes de decidir por encima de sus cabezas”, opina.

Pero la pérdida de libertades individuales no parece molestar a muchos. Al otro lado de la ciudad, Ferren Skrejniak termina tranquilamente de ocuparse de su jardín.

“Lo hice todo con mis propias manos, con mis propios medios”, afirma.

Rubio, cristiano y blanco, acaba de obtener la autorización oficial del ayuntamiento y no encuentra nada que objetar a ese sistema.

“Me dieron un certificado que dice que puedo estar domiciliado en Pilis. Eso significa que lo merezco. Para mí, no es discriminación”, dice con naturalidad.

También un grupo de jubilados encontrados cerca del “barrio gitano” elogia la acción del alcalde que “pone orden” frente a las drogas, la prostitución y las carreras nocturnas.

Desde su entrada en vigor, el 1° de julio de 2025, unos 200 municipios han aplicado el decreto sobre la identidad local y han impuesto restricciones como en Pilis, aunque con menos celo. Ujlengyel, Taktaharkany, Satoraljaujhely... Todos han adoptado la siguiente fórmula: tener un historial limpio, un diploma de estudios secundarios, no tener deudas públicas y hablar húngaro. Una medida para excluir a los gitanos, que hablan húngaro pero a menudo no han terminado sus estudios secundarios. El pueblo de Hugyag, con 900 habitantes, situado en una región muy pobre en la frontera con Eslovaquia, fue más lejos, imponiendo un impuesto local del 10% sobre el precio de la propiedad inmobiliaria adquirida.

Sin embargo en Pilis, las opiniones extremistas y las soluciones radicales puestas en marcha por el municipio para mantener alejados a criminales, drogadictos, desempleados y extranjeros no evitan que haya problemas. Como en otras partes del interior de Hungría, las drogas sintéticas se han extendido como un reguero de pólvora en las comunidades marginadas.

Más lejos, Ferenc, un votante del Fidesz, el partido de Orban, que pasa la cortadora de césped sin camiseta bajo el tibio sol de la primavera boreal lo ratifica: “¿Qué hacen, aparte de publicar en Facebook? Es una broma, ¡nada ha cambiado! Yo soy gitano, creo en la ley y no creo que el alcalde sea racista. Pero es cierto que persisten los problemas de drogas y delincuencia. Y no son solo los gitanos”.

“Limitar la libertad de instalarse es una decisión muy seria”, opina Antal, un hombre fuerte y sonriente que regentea un restaurante a lo largo de la carretera nacional que lleva a Budapest. “Nunca se había visto esto en Hungría”. En realidad, sí, existían algunas restricciones para instalarse en la capital durante el comunismo.

“Ahora miran adónde trabajas y cuánto ganas, pero ¿qué les importa?”, retoma. “¿Y cómo decidir a primera vista quién es una buena persona o no? No se me ocurriría rechazar clientes a simple vista. Creo que la gente ha comenzado a cansarse de todo esto ...”.

Por Luisa Corradini

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