Perú se asoma a un futuro inestable entre las promesas radicales de Castillo y una gobernabilidad acotada
Con su victoria cada vez más cerca de confirmarse, Pedro Castillo subiría a la presidencia obligado a concertar con un abanico de fuerzas diversas para desarrollar su agenda política
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Mientras Keiko Fujimori sigue alegando fraude, Perú y el mundo prefieren enfocarse en quien asoma como el probable jefe de Estado desde el próximo 28 de julio, el maestro de escuela rural y dirigente de izquierda Pedro Castillo.
El también sindicalista sacó en principio la mayoría de los votos, y para muchos solo queda saber cuánto demorará su proclamación oficial, para luego asumir el gobierno de un país en el peor escenario político y económico en décadas.
La sorpresa que presentó su meteórica candidatura, cuando nadie en los centros de poder sabía bien quién era este personaje venido de Cajamarca, dio paso a las especulaciones sobre qué pasará cuando, como todo da a entender, haga su entrada al Palacio de Gobierno.
Los peruanos tienen por delante dos grandes misterios por develar sobre el probable mandatario: cuál será su plan de gobierno y qué capacidad efectiva tendrá de sacarlo adelante tal cual lo plantea.
“Su programa de gobierno es una incógnita. Legalmente en el Perú una candidatura se inscribe con un plan de gobierno. El partido Perú Libre presentó un documento donde se manifiesta como marxista leninista, con una línea muy ortodoxa, que estaba de moda en el mundo hace 50 años”, dijo a LA NACION el analista político Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.
Esa hoja de ruta partidaria daba escalofríos a los moderados y fue luego matizada por Castillo, que camino al ballottage rebajó la categoría del plan, como quien rebaja la categoría de los huracanes. Sostuvo entonces que el documento presentado era más bien un “ideario.
La propuesta de “nacionalizar” las riquezas, por ejemplo, pasó a ser que el Estado obtenga mayores ingresos de los recursos naturales del país, siempre con el fin de aumentar la inversión social desatendida por el modelo económico vigente. La mayor participación del Estado en la economía no sería, para quienes se miraban extrañados, una revolución roja, rosa o de algún otro color de matices añejos y alarmantes, sino la orientación hacia una economía mixta.
Pero aun esas propuestas más medidas suscitaron dudas: cómo se obtendrían esos ingresos adicionales de la minería y los hidrocarburos, y si los cambios previstos afectarían la actividad privada.
Quien tomó la palabra esta semana fue el principal asesor de Castillo en economía, Pedro Francke, que en diversas entrevistas con medios económicos e internacionales buscó desactivar las alertas. “Vamos a respetar las inversiones españolas y toda la inversión extranjera, se respetarán las leyes tributarias, va a haber libertad cambiaria, se va a poder invertir con tranquilidad en el Perú. No habrá expropiaciones ni estatizaciones”, dijo Francke al diario ABC.
Sea bien a la izquierda o más corrido al centro, de lo que se trata es de buscar soluciones. “La verdadera prueba para la presidencia de Castillo será si realmente puede crear una realidad económica más justa y más inclusión política para los peruanos de todos los días”, escribió la analista Andrea Moncada en la revista Americas Quarterly.
El rápido y sostenido crecimiento del país en las últimas cuatro administraciones, aseguró Moncada, dejó fuera un ingrediente clave: “Asegurar que el crecimiento económico realmente mejorara la calidad de vida de la población”. Por eso tantos votaron a Castillo, por un cambio no necesariamente a la izquierda –que fue parte, pero no todo su electorado–, sino a una alternativa más inclusiva que contrastara con el establishment que apoyó a Fujimori.
Alianzas
Aun si se define el programa de gobierno que comenzaría a rodar a fines de julio –en caso de confirmarse su victoria–, no está claro qué posibilidades tiene Castillo de llevarlo a buen puerto. Aliados y adversarios pueden tenderle puentes, pero también pueden tenderle trampas y hacerle morder el polvo.
Gran parte del problema, más allá de las virtudes y defectos de Castillo, puede venir del Congreso, que desde 2016 se volvió un dolor de cabeza para los jefes de Estado. Los peruanos de a pie lo ven como una institución que no se mostró a la altura, desaforada, donde el debate de las leyes ocupó menos espacio que la destitución de presidentes: se hicieron cuatro juicios políticos en cinco años que condujeron a la caída de dos presidentes.
Perú Libre tendrá solo 37 de las 130 bancas del Congreso unicameral. Castillo contará así con un apoyo relativo en un recinto fragmentado en una decena de partidos.
Mucho dependerá, según Luis Benavente, de su capacidad de negociación. De saber acordar con los socios de todos los matices de la izquierda que acompañaron su candidatura en el último y decisivo tramo de campaña. Y de acordar también necesarios consensos con la derecha, su adversaria natural.
“Entre sus aliados es complicado hacer acuerdos porque cada uno de esos matices de izquierda tiene sus líneas disímiles. Y los más ortodoxos son los de su propio partido, que solo consideran correcta su propia postura. Quien se aparta de esa línea es considerado un revisionista, un traidor”, señaló.
Y sostuvo que la única opción que tendría Castillo sería convocar a un acuerdo de gobernabilidad lo más amplio posible. “Pero eso significa hacer concesiones y ahí es donde yo tengo dudas. Si no es así, el camino puede ser peligroso, es la radicalización, y eso es tremendo”.
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